Este martes el
Colegio de Profesores ingresó una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR) contra el director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Iquique, Najle Majluf Morales, por la visita del candidato
José Antonio Kast (Republicano) a un colegio en plena jornada escolar.
Los hechos ocurrieron el pasado 3 de octubre en el Liceo Bicentenario Minero Juan Pablo II de Alto Hospicio -que depende del SLEP-, donde llegó el abanderado republicano junto al candidato a diputado Cristián Cabeza y la carta al Senado por La Araucanía, Rodolfo Carter (IND-Rep.)
En concreto, los docentes expresaron en la denuncia que los "los hechos que constituyen una vulneración grave al principio de prescindencia política que rige a la Administración del Estado y a la prohibición constitucional y legal de propagar tendencias político-partidistas en establecimientos educacionales reconocidos oficialmente".
"Solicitamos que la Contraloría General de la República instruya la investigación correspondiente, determine las responsabilidades administrativas que procedan y, en uso de sus facultades, oficie a la Superintendencia de Educación para la fiscalización del cumplimiento normativo en la materia", afirmaron.
Desde el gremio denunciaron que la visita incluyó "presentaciones artísticas y exposición de trabajos de estudiantes, uso de las instalaciones del establecimiento y reuniones con el equipo directivo, todo ello sin conocimiento ni consentimiento previo del cuerpo docente ni de los padres y apoderados, y con interrupción parcial de las clases regulares, afectando el normal desarrollo del servicio educativo".
En esa línea, cuestionan que "se permitió el uso de un establecimiento público para actividades de proselitismo político y difusión de mensajes electorales, configurándose una infracción al deber de neutralidad institucional y a las normas sobre uso de bienes públicos con fines ajenos a la función educativa".
Los profesores aseguran que la actividad pasa a llevar la libertad de enseñanza y garantía del pluralismo educativo, el principio de juridicidad, además del de probidad y prescindencia política establecido en la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
Por ello, acusan que "la autorización o tolerancia de la actividad descrita por parte del Director Ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública de Iquique constituye una infracción directa a los principios antes citados, configurando un uso indebido de bienes públicos y una intervención política en el ámbito educacional, expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico chileno".
En ese sentido, pidieron al organismo liderado por la contralora Dorothy Pérez que se determine la responsabilidad del director ejecutivo del SLEP de Iquique y quienes hayan autorizado la actividad, además de oficiar a la Superintendencia de Educación.
La defensa del SLEP
En tanto, esta tarde desde el SLEP de Iquique emitieron una declaración pública para abordar el tema.
En ella, aseguraron que "esta actividad no fue organizada ni coordinada por el SLEP Iquique", además de que "la administración de dicho establecimiento se encuentra concesionada a un privada".
"Debido a lo anterior y tras conocerse lo sucedido, la Dirección Ejecutiva del Servicio Local ofició a Fundación Collahuasi, para una reunión de carácter urgente, que se efectuó ayer, para conocer los pormenores de este hecho", aseguró el organismo.
Añadieron que "tras la reunión, el SLEP Iquique, y con la finalidad de velar por la transparencia y probidad que este caso amerita, instruyó una investigación sumaria para recabar con mayor profundidad todos los antecedentes de este caso".
"El Servicio Local de Educación Pública de Iquique, en el marco del respeto y apego irrestricto a las normas establecidas, ha sido proactivo y en reiteradas ocasiones ha informado e instruido a los directores (as) de los establecimientos educacionales bajo nuestra administración, los lineamientos correspondientes de cómo proceder en este periodo eleccionario, para evitar cualquier incumplimiento a la ley y respeto a la normativa vigente", cerraron.
