Un análisis de la contabilidad de la fundación Procultura realizó la Brigada Anticorrupción Metropolitana (Briacmet) de la Policía de Investigaciones (PDI), en el caso en que la Fiscalía Regional de Antofagasta investiga fraude al fisco, entre otros delitos, relacionado con aportes de fondos públicos por más de $6 mil millones. Así lo detalla el informe policial N° 346 que, la misma unidad policial, despachó al Ministerio Público el 3 de octubre pasado.
El documento fundó la solicitud de los fiscales Juan Castro Bekios, jefe regional de Antofagasta, y Eduardo Ríos, jefe de Alta Complejidad de la misma jurisdicción, ante el juzgado de garantía de esa ciudad, respecto del alzamiento del secreto bancario de los directivos del organismo, incluido uno de sus cofundadores, Alberto Larraín. Sin embargo, la medida intrusiva fue rechazada por el tribunal.
En el mismo día, además, se descartó otro requerimiento, por el cual se buscaba el acceso a las cuentas bancarias de la propia fundación.
Al interior del Ministerio Público el fallo del tribunal y, en específico, del juez Hans Durán se analiza como un nuevo "portazo" al avance de la investigación, ya que impide reconstruir la trazabilidad total de los recursos públicos asignados en los convenios. Antes, el mismo magistrado había negado mantener en Antofagasta la tramitación de la indagatoria, enviándola a Santiago. Ello, luego que la defensa del gobernador metropolitano Claudio Orrego solicitara el cambio.
"Se hace necesario contar con la información", dice persecutor
"A raíz de la investigación desarrollada por la fiscalía, respecto de la fundación Procultura, se ha puesto en evidencia un esquema reiterado de irregularidades en convenios y transferencias de fondos públicos, celebrados entre los años 2020 y 2023 con diversos gobiernos regionales y secretarías regionales ministeriales de Vivienda", consigna en su solicitud de alzamiento de secreto bancario la fiscalía. Añade que, en ese marco, se han podido inferir "patrones de fraude al fisco y otros delitos".
Detalla el informe N° 346 de la PDI, de análisis contable, 64 proyectos y una extensa nómina de centros de costo asociados: "Dichos proyectos abarcan programas culturales, de salud mental, patrimonio y turismo, ejecutados en distintas regiones del país (Antofagasta, Ñuble, Magallanes, Los Lagos, Biobío, entre otras)".
Asimismo, el reporte advierte que las rendiciones revisadas superan los $4.811 millones. "En resumen, los antecedentes expuestos, acreditan relaciones económicas o administrativas directas entre la fundación Procultura y las siguientes personas", dice. Para luego nombrar al cofundador del organismo, Alberto Larraín, y otros directivos de la entidad.
Por otra parte, sostiene el informe que "los vínculos comprenden actividades de revisión, aprobación y rendición contable dentro de la estructura operativa de la fundación, con montos que varían entre $8.925 y $102.518.773 y con registros fechados entre 2021 y 2023".
El persecutor Ríos subraya en la solicitud: "Se hace necesario contar con la información bancaria de las personas antes indicadas, debido a que resulta indispensable para poder determinar la existencia de los delitos que se investigan, el uso y destino de los fondos fiscales, eventualmente transferidos y recibidos".
Medida "urgente" y necesidad de recuperar fondos con "cautela real"
También sustenta el requerimiento en la necesidad de poder "ejercer las medidas cautelares reales y penas accesorias respectivas". Y, en ese sentido, plantea que es clave "la autorización judicial para que las instituciones bancarias y financieras que se indican remitan en forma urgente la información".
Pide así al tribunal: "Se sirva decretar el alzamiento del secreto bancario respecto de los productos bancarios respecto de las personas naturales".
En otro escrito, a su vez, requiere la misma medida intrusiva, pero de la persona jurídica de Procultura. Esa solicitud fue desechada, igualmente, por el magistrado, quien estimó que faltaba información en las presentaciones.
