Gran controversia generó en el sistema judicial la decisión de los Juzgados de Garantía de Santiago y San Miguel, que decidieron eliminar los bloques de la tarde destinados a audiencias de controles de detención.
En concreto, el Oficio N°287-2025 fechado el 3 de octubre de 2025 elimina la jornada vespertina y establece que las audiencias de formalización se llevarán a cabo en "jornadas únicas" desde las 11:00 horas de lunes a domingo.
Según consignó El Mercurio, la medida tuvo respaldo de 12 de los 15 tribunales de garantía capitalinos. Se mostraron en contra los jueces del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde se tramitan casos de alta connotación pública como el del exsubsecretario Manuel Monsalve, y los 11° y 12° de San Miguel.
De acuerdo al documento enviado por los tribunales, la reestructuración se debe a una "falta de personal y vehículos policiales" para el traslado de los detenidos, además de que el entorno del Centro de Justicia emplazado en la calle Pedro Montt "no cuenta actualmente con las medidas de seguridad requeridas para mantener el orden al atardecer" tras la salida de las audiencias vespertinas que comienzan a las 16:00 horas.
Esto último a raíz de las eventuales amenazas que han recibido las últimas semanas el ministro de Justicia, Jaime Gajardo y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, las que han obligado a reforzar sus escoltas.
La presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas (ANMM) del Poder Judicial, Mariela Hernández, mencionó al citado medio que la medida radica en que "después de las seis de la tarde, no hay resguardo (...) aquí no se trata de trabajar menos, si desde alguna forma u otra se quiere insinuar esa posibilidad. Esto es un tema, primero, de seguridad".
La medida provocó preocupación, ya que existe un plazo legal de 24 horas desde que una persona es detenida para que sea puesta a disposición de un juez. Además, podría generar "atochamiento" de aprehendidos en las audiencias judiciales.
Cordero advierte "atochamiento"
Consultado ayer sobre el tema, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, mencionó que la situación "para efectos del funcionamiento del sistema de seguridad pública es un problema, porque al eliminar el bloque de la tarde, probablemente va a generar un atochamiento de flujo de detenidos en los lugares donde se concentran esas personas antes del control de detención".
"Esta es una preocupación que nosotros le hemos manifestado al ministro de Justicia (Jaime Gajardo), principalmente para que en el contexto de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal pueda ser tratado", sostuvo Cordero.
Además, afirmó que "si la eliminación del bloque de la tarde se compatibiliza, por ejemplo, con que todas las salas estén disponibles, ese flujo se puede compensar razonablemente. Si eso no sucede, se va a producir un atochamiento que a nosotros, al Ministerio de Seguridad, nos preocupa mucho y especialmente a las policías y a Carabineros, que es el que recibe el mayor volumen de detenidos de una jornada a otra".
Sobre la capacidad de las comisarías para recibir una mayor cantidad de detenidos, el titular de Seguridad Pública mencionó que "están preparadas y tienen los medios para la custodia de personas detenidas por el periodo de tiempo acotado que establece la ley", pero enfatizó en que "una decisión de esas características tiene un impacto en la logística del funcionamiento del sistema policial y particularmente de los detenidos, que a nosotros nos preocupa y a nosotros nos interesa también que los jueces lo tengan en consideración".
Medida "suspendida"
Horas más tarde, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, salió a aclarar que la medida que entraría en vigencia el próximo 3 de noviembre se encuentra en suspensión.
"Esa decisión está suspendida. Yo lo conversé personalmente con el presidente de la Corte Suprema (Ricardo Blanco), hace unos pocos días tuvimos una audiencia, entre otras cosas, para conversar este tema y la Corte Suprema suspendió esa decisión. Esto también lo conversé con el con el fiscal nacional (Ángel Valencia). Ellos me hicieron ver sus distintas inquietudes", afirmó.
"Es una decisión de las típicas decisiones que hay que coordinar con el resto de los poderes que forman parte del sistema de justicia".
Jaime Gajardo, ministro de Justicia
El ministro aseguró que "la Corte Suprema está solicitando información a los distintos intervinientes: la Defensoría Penal Pública, al Ministerio Público, y además acordamos que trataríamos este tema en la próxima comisión ordinaria del Sistema de Justicia Penal, para abordar eventualmente algún tipo de modificación en el funcionamiento del Centro de Justicia".
"Esa decisión, en concreto, no se encuentra vigente y está suspendida (...) porque era muy inconveniente haber tomado esa decisión sin considerar el resto de los organismos que forman parte del sistema de justicia, y que esa decisión tiene impacto sobre Carabineros, la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, y, por lo tanto, es una decisión de las típicas decisiones que hay que coordinar con el resto de los poderes que forman parte del sistema de justicia", subrayó el ministro Gajardo.
Según el documento del máximo tribunal al que pudo acceder Emol, se lee que "se acordó pedir informe al ministro señor Manuel Antonio Valderrama, como encargado de asuntos penales de la Corte Suprema, y al Departamento de Desarrollo Institucional, a la Dirección de Estudios de la Corte Suprema, al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública, a las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, y al Coordinador del Centro de Justicia, respecto de la pertinencia de implementar los acuerdos adoptados".
"Se suspende, en el intertanto, la distribución de audiencias de control de detención informada mediante oficio N°287-2025, de los jueces presidentes y administradores de los Juzgados de Garantía de Santiago y San Miguel", señaló el informe firmado por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y la ministra Gloria Chevesich.
