La Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud de desafuero en contra del diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), quien está siendo investigado por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, delitos tributarios y tráfico de influencias.
Tras conocerse la resolución del tribunal, el parlamentario anunció que recurrirá a la Corte Suprema para revertir la decisión. Además, criticó la labor de la Fiscalía Metropolitana Oriente: "Las acusaciones que ha hecho el Ministerio Público son absolutamente falsas. Ha hecho un esfuerzo importante en crear delitos". Y agregó: "Espero que en este proceso, que es largo, finalmente quede totalmente demostrada mi inocencia”.
De confirmarse el desafuero, el legislador quedaría inhabilitado para votar y participar en las sesiones de sala y de comisiones de la Cámara de Diputados, la misma situación en que se encuentran actualmente Catalina Pérez, Mauricio Ojeda, Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto, aunque la resolución respecto de este último aún no ha sido remitida a la Secretaría de la Cámara, por lo que no se ha hecho efectiva. Todos enfrentan causas judiciales por diversos delitos.
En relación a la decisión de la Corte de Apelaciones, la diputada Claudia Mix (FA) señaló que "no hay nada que celebrar. Cuando una autoridad es investigada o sancionada por corrupción, lo que se pierde no es solo confianza en las instituciones, se pierden recursos que pertenecen a todas y todos los ciudadanos. La ciudadanía termina pagando dos veces: primero con la malversación de fondos que afecta directamente los servicios públicos, y luego con la pérdida de representación cuando un parlamentario o una autoridad queda inhabilitada para ejercer su cargo".
"Si algo puede rescatarse, es que la justicia está funcionando y que hoy existe más disposición a investigar estos casos con transparencia. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo político y ético. Necesitamos autoridades a la altura de la confianza que les entrega la gente, que entiendan que los cargos públicos son una responsabilidad y no un privilegio", agregó.
El diputado Frank Sauerbaum (RN) señaló que "le corresponde al jefe de bancada de la UDI hablar respecto de este tema con más profundidad, pero desde Renovación Nacional solo podemos decir que nosotros respetamos estos fallos judiciales".
El legislador planteó que "evidentemente nos llama mucho la atención de que ya tengamos cinco diputados desaforados en la Cámara de Diputados. Esto habla muy mal del prestigio de la Corporación y ojalá no vuelva a ocurrir en el futuro. Yo no recuerdo un periodo en donde existan tantos diputados desaforados que también inciden en los resultados que tenemos hoy día en las votaciones dentro de la Cámara de Diputados".
El diputado Andrés Giordano (FA) palnteó otro foco de debate: "Que quienes enfrentan procesos judiciales sigan recibiendo su dieta, es un privilegio inaceptable. Por eso urge aprobar nuestro proyecto 'Desafuero Dieta Cero', que presenté para suspender el pago de la dieta a parlamentarios formalizados por delitos graves. Quiero hacer un llamado muy claro al Gobierno para ponerle urgencia a esta discusión. Nadie debería cobrar con cargo al Estado mientras responde ante la justicia".
Por su parte, el diputado Rubén Oyarzo (UDI) dijo que la decisión del tribunal "es una señal clara: Nadie está por sobre la ley".
"Ahora corresponde que la justicia actúe con total independencia y se investiguen a fondo los los eventuales usos irregulares de recursos públicos", agregó.
Finalmente, manifestó que "la transparencia y probidad deben ser principios intransables, sobre todo en el Congreso. Esto es caiga quien caiga".
