Con el anuncio de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, comenzó el conteo de votos en la Cámara de Diputados para determinar si la ofensiva opositora tiene viabilidad.
El cálculo no es menor, considerando que en las anteriores arremetidas impulsadas por la oposición ninguna ha logrado alcanzar la mayoría necesaria para prosperar en la Sala.
La Cámara está compuesta por 155 parlamentarios, de los cuales tres se encuentran actualmente desaforados: Catalina Pérez (ex FA), Francisco Pulgar (Ind.) y Mauricio Ojeda (Ind.-ex Partido Republicano). Además, la Corporación aún no ha sido notificada del desafuero de los diputados Joaquín Lavín (ex UDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind.). Por lo tanto, aunque la situación podría modificarse en los próximos días, actualmente hay 152 legisladores habilitados para votar.
Para aprobar la acusación se requiere la mayoría de los diputados presentes en la sesión.
La oposición anunció la ofensiva con el respaldo de todo su sector, con lo que alcanzaría 74 votos: 5 del Partido Social Cristiano, 21 de la UDI, 13 del Partido Republicano, 20 de RN, 5 del Partido Demócrata, 6 del Partido Nacional Libertario, 3 de Evópoli y uno de Amarillos. A ellos podrían sumarse otros votos que suelen alinearse con la oposición, como el de la diputada Pamela Jiles (Ind.).
Si la asistencia fuese completa, la oposición estaría a solo dos votos de alcanzar la mayoría necesaria para aprobar el libelo.
A esta ofensiva podrían sumarse también parlamentarios de la Democracia Cristiana. El diputado Eric Aedo señaló que, si se confirma que Pardow conocía las irregularidades de Transelec hace un año, "están todos los elementos para una acusación constitucional, el exministro tenía que velar por los ciudadanos". A su vez, el jefe de la bancada DC, Héctor Barría, aseguró que no descartan respaldar la iniciativa, argumentando que "debemos estar siempre del lado de la gente".
En la misma línea, el diputado Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) afirmó que "no me cierro" a apoyar la acusación constitucional impulsada por la oposición contra el exministro de Energía.
Desde el oficialismo, en cambio, se desmarcaron de la idea. El jefe de la bancada Independientes-PPD, Héctor Ulloa, sostuvo que "hay otras herramientas fiscalizadoras previas a las acusaciones constitucionales. Por eso como Bancada de Independientes-PPD estamos apoyando una Comisión Investigadora que analizará los cobros excesivos en las cuentas de la luz. Lo más sensato es que después de que se investigue, se defina si es que corresponde o no una acusación constitucional en contra del exministro Pardow".
Por su parte, el diputado Nelson Venegas (PS) señaló que "resulta evidente que aquí hay un aprovechamiento político de una situación donde los reales culpables y responsables son las empresas. Yo estoy totalmente dispuesto a revisar una acusación constitucional siempre y cuando mejoremos la regulación y, sobre todo, el poder sancionatorio de la superintendencia (SEC) contra las empresas".
En tanto, el diputado Jaime Sáez (FA) manifestó que "yo le preguntaría a la ciudadanía ¿Qué es lo que prefieren que haga el Congreso, que nos dediquemos a tramitar una ley corta como la que hemos presentado para restituir los dineros a quienes han sido afectados, a una gran mayoría de chilenos y chilenas, o bien que nos dediquemos - como pretende la derecha - a tramitar una acusación constitucional espuria, inconducente, que no soluciona ningún tipo de problema y que en definitiva es repetir una vez más algo a lo que nos tienen acostumbrado durante todo el periodo".
