Marcado por una discusión técnica sobre la contabilización de sus recursos, continúa el debate sobre el
nuevo sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa busca eximir de cobros a los estudiantes de la educación superior, salvo a quienes pertenezcan al décimo decil, los que deberán aportar un copago.
De acuerdo al proyecto, será el Estado el que transferirá a las instituciones el monto equivalente a la suma del arancel regulado y los derechos de matrícula básica, descontando las becas de arancel que persistan y que serían reemplazadas por el FES.
Tras su egreso, los beneficiarios deberían contribuir en base a sus rentas anuales por un periodo de cuatro años por año cursado haciendo uso del instrumento, con un tope máximo de 20 años.
La discusión del proyecto ha estado marcada por tensiones y dudas, pese a que fue aprobada en general en la Cámara Baja para luego pasar a la comisión de Educación del Senado, donde hace dos meses espera continuar su tramitación.
Flancos abiertos
Existen varios flancos abiertos de la que sería una de las más iniciativas más emblemáticas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric para poner fin al CAE.
Una de ellas es su definición. En concreto, el Ejecutivo ha puesto énfasis desde su presentación de que el nuevo mecanismo no corresponde ni a un crédito ni a un "impuesto a los egresados", como plantean algunos detractores del proyecto.
El Gobierno ha insistido en que la iniciativa corresponde a un "fondo revolvente", según mencionó el exministro de Hacienda, Mario Marcel, ya que no involucra un préstamo ni existe una tasa de interés.
"Yo lo llamo 'fondo revolvente', porque es un fondo que se nutre de las retribuciones que van haciendo los egresados, y eso financia el pago de los aranceles de los estudiantes durante sus años de educación", manifestó el exjefe de Hacienda en T13 Radio en octubre de 2024, además de descartar que fuera una especie de fondo solidario.
También hay dudas en cuanto a la recaudación. Según consignó El Mercurio, desde las carteras de Educación y Hacienda han sostenido que el modelo tendrá "mayor eficiencia" debido a que tendría un cobro automático y que podría generar un ahorro al fisco de US$3.500 millones en los próximos 10 años. Lo anterior tiene reparos: críticos a la medida afirman que dicho ahorro se debe a que no habrá un aumento del porcentaje de cobertura de la gratuidad, además del fin del CAE.
Sobre la retribución, de acuerdo a la iniciativa el pago del FES comenzaría un año después de egresar de la carrera universitaria y sus cuotas no podrían superar el 8% de los ingresos.
Uno de los mayores reparos desde las universidades es que se termina con el copago que realizan los estudiantes pertenecientes a los deciles 7, 8 y 9, recursos que las casas de estudio suelen destinar para financiar proyectos educativos. Con el proyecto, solo pagarían este aporte quienes sean del décimo decil.
Alerta del CFA
Fue a fines de julio de este año que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) presentó un análisis preliminar del FES ante la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El documento presentado por el CFA enfatizó en que "la naturaleza fiscal del FES es determinante para registrar de forma correcta las operaciones fiscales que derivan del mismo", añadiendo que se debe precisar "la definición de los criterios para su valorización, la cual guarda relación con la incertidumbre en torno a sus flujos futuros".
"Asimismo, se debería establecer la tasa de recuperación estimada de los flujos comprometidos, ya que, si esta fuese inferior al 100%, aun considerándose como activo, existiría potencialmente un componente de subsidio que debería registrarse sobre la línea", apuntó.
El CFA subrayó que "en particular, la clasificación del FES como activo financiero -que sustenta su registro bajo la línea en el informe financiero- presenta incertidumbres respecto de si cumple con los criterios establecidos en el Manual de Estadísticas del FMI y en la normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación".
Respaldo de Contraloría
Al respaldo de esta alerta se sumó la Contraloría General de la República, que a través de un dictamen consignó que los recursos que el Gobierno busca destinar para el pago de las carreras a través del FES no pueden registrarse como "activos", es decir, dinero que eventualmente retornaría al fisco "bajo la línea".
"En vista de lo planteado en el proyecto de ley para el funcionamiento del FES, se estima que los recursos que se entregaran no cumplen con las condiciones para ser reconocidos como activos al momento del otorgamiento de los beneficios, pues no se tiene un derecho adquirido", mencionó el dictamen.
De acuerdo al ente fiscalizador, los pagos futuros que harían los beneficiarios del FES no califican como "derechos adquiridos" por el fisco cuando se otorga el financiamiento, ya que "solo en el momento en que se determina el monto a cobrar, en base a los ingresos obtenidos por el beneficiario, se podrá contabilizar un activo por la cuenta por cobrar respectiva".
Además, el organismo liderado por Dorothy Pérez instruyó que las proyecciones de recuperación de esos pagos futuros del FES no califican como ingresos efectivos, sino que serían "activos contingentes" en los estados financieros.
Según el dictamen de la CGR, sus "expectativas de recuperación futuras" deberán informarse como "activos contingentes", y solo se generará un activo cierto "al momento en que se determina el monto a cobrar, en base a los ingresos obtenidos por el beneficiario".
Respuesta del Gobierno
Este miércoles en conversación con T13 Radio, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, mencionó que el tema se encuentra en "procedimiento administrativo" tras el dictamen del ente fiscalizador y que se remitirá una respuesta desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) donde "se van a explicar y defender los puntos del diseño del proyecto de ley".
"Vamos a defender lo que es una política pública donde el Estado se involucre y desbancarice de una vez por todas el financiamiento de la deuda estudiantil y lo haga más justo", enfatizó la vocera del Ejecutivo.
