Tres urbanistas consultados por El Mercurio plantean la necesidad de reactivar el debate de una ley que aborde de manera general en todo el país los grafitis y rayados en el espacio público, que aumente las multas para quienes los realicen y considere la limpieza inmediata de los inmuebles y patrimonios que han sido vandalizado. Esto a raíz de los ataques sufridos en las Fuente Alemana, el primer vagón de Metro en el Museo Ferroviario y la Fachada del Palacio La Alhambra en calle Compañía.
"Si los rayados se borran una y otra vez, finalmente disminuye el incentivo para realizarlos", señala Iván Poduje, socio de la oficina de arquitectos Atisba. Paz Serra, exjefa de la División de Desarrollo Urbano del Minvu plantea que ha sido la falta de una ley que aborde los rayados lo que ha llevado a los municipios a dictar ordenanzas.
"Así como hay comunas proactivas, hay otras que no. En el caso de Santiago, es casi obligatoria una ordenanza, porque concentra la mayor cantidad de edificaciones históricas, característica que no significa nada en cuanto a protección patrimonial". Mientras que Sergio Baeriswyl, premio nacional de Urbanismo 2014, señala que si bien las acciones para enfrentar los grafitis son
"loables no van a dar el resultado esperado, porque la ordenanza de una comuna no resuelve el problema global".
