Luego de que la semana pasada el Gobierno confirmara el financiamiento de la defensa del exministro de Energía, Diego Pardow, en su acusación constitucional, la Contraloría General de la República (CGR) solicitó al Ejecutivo justificar el apoyo jurídico.
Esto, luego de que el jefe de la Bancada UDI, Henry Leal, en conjunto con el diputado Sergio Bobadilla -integrante de la comisión a cargo de revisar la acusación contra Pardow-, solicitaran al ente fiscalizador aclarar si es que correspondía el financiamiento por parte del Ejecutivo.
Los parlamentarios apelaron a casos de otros exministros que fueron acusados constitucionalmente, como Andrés Chadwick en 2019 y Maya Fernández este año, quienes se costearon personalmente su defensa jurídica.
En ese contexto, el pasado jueves 30 el organismo contralor solicitó a las subsecretarías General de la Presidencia, Interior, Energía y Hacienda pronunciarse sobre el apoyo jurídico a Pardow y remitir antecedentes.
La CGR solicitó "informar a este Organismo de Control, en el plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la total tramitación del presente oficio, respecto a lo expuesto por el recurrente".
Añadió que "dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional".
"Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata", consignó el ente fiscalizador.
Tras conocerse la acción de Contraloría, los parlamentarios UDI mencionaron que "desde un inicio planteamos que lo más sensato era que la Contraloría pudiera despejar esta duda, porque al menos a nuestro juicio, resulta absolutamente imprudente que todos los chilenos, junto con pagar los costos por el error que cometió el exministro, tengan que además costear su defensa jurídica con sus impuestos".
Valoraron también que "es una muy buena señal que la Contraloría General de la República decidiera abrir una investigación por esta inexplicable decisión del Ejecutivo. Aquí nadie le está negando al exministro Pardow su derecho a una defensa, pero no parece prudente que con los recursos de todos los chilenos se financie su abogado, especialmente considerando que ya renunció a su cargo".
"Cuando estamos hablando de una negligencia que provocó cobros en exceso por más de $110 mil millones de pesos, lo mínimo es que el acusado asuma personalmente su defensa, sobre todo si ya no forma parte del Gobierno", manifestaron los diputados Leal y Bobadilla.
Añadieron que "si finalmente la Contraloría concluye que a Pardow sí le corresponde este apoyo, lo vamos a respetar, pero en caso contrario, si es un gasto improcedente, vamos a exigir que deje sin efecto la medida".
