Opiniones favorables pero perfectible. Ese fue el balance que hizo esta mañana el
ministro de Educación, Nicolás Cataldo, luego del seminario que se desarrolló ayer en el Congreso Nacional y que tuvo por objetivo analizar el proyecto del nuevo sistema de financiamiento de la educación superior (FES).
"Hay una discusión pública que se ha dado, con una percepción bien hegemónica de sólo críticas al FES, pero ayer, escuchando a expertos, investigadores, a las propias instituciones hablar con más profundidad sobre el asunto, te das cuenta que no son solo críticas", dijo el titular del Mineduc a Radio Duna.
En ese sentido, profundizó que "se vio un contraste... porque se ha hegemonizado la opinión de crítica no más, pero la verdad es que me parece que hay opiniones que son más favorables a determinados aspectos, sin dejar de hacer críticas obviamente. Aquí nadie fue defensor a ultranza y tampoco es lo que nosotros buscamos, no estamos enamorados de nuestro proyecto, nosotros creemos que es perfectible".
El ministro destacó que hubo algunos consensos, como que "el CAE no da para más, es es unánime; y que es necesario avanzar en la idea de legislar considerando todos estos cambios y ajustes. Tampoco es necesario avanzar en la idea de legislar como la firma de hoja en blanco, sino que, comprometiendo aquellos ajustes".
En esa línea, remarcó que "nosotros como Ejecutivos estamos dispuestos a hacer estos ajustes", en temas clave como: copago, el tope de la contribución de los estudiantes una vez que egresan y ya comienzan su vida laboral (...) y resguardar la autonomía de la educación superior me parece que es crítico".
Así, apuntó al que debe haber un principio de progresividad; responsabilidad fiscal en materia de inversión pública en educación, y aunque reconoció que "hay muy poco espacio para que aumentemos significativamente los recursos en educación", donde se observa que "año a año vamos retrocediendo porcentualmente en los recursos en educación parvularia que tanto lo requiere".
"Este año, por ejemplo, tuvimos que incorporar, por primera vez, en 20 años, los recursos de la recarga del CAE, que es el sobreprecio que se paga a los bancos para que participen de la entrega de los créditos, y eso significa más de $100 mil millones en la ley de presupuesto que antes no estaban, y eso afecta a la posibilidad de cumplir con otras cosas que nosotros tenemos".
Con todo, reconoció que "no hay sentido de realidad detrás de la idea de que el FES no sufra cambios, nosotros ya estamos trabajando en eso como Ejecutivo. Si nosotros dijéramos que no vamos a hacer ningún cambio es porque ayer no escuchamos a nadie".
Asimismo, dijo "esperar" que este proyecto vea la luz antes de que termine el actual Gobierno. "Hay una necesidad de que eso ocurra, y ocurra pronto".
Respuesta a rectores
Cataldo hizo mención a la columna en El Mercurio de los rectores Carlos Peña, de la UDP, y Juan Carlos de la Llera, de la UC, la que tildó como "interesante".
Al respecto, precisó que más allá de las valoraciones particulares de cada uno, "esbozan elementos como el resguardo de la autonomía académica de las instituciones, y nos parece muy importante que eso efectivamente esté muy en el centro de la formulación de las indicaciones. Es más: nosotros estamos disponibles, incluso, a dejarlo escrito en la ley, porque si queremos defender la autonomía, hagámosla en serio".
En la columna, los rectores sostienen que el Legislativo debe resolver o dilucidar los "equívocos" que existen en torno al FES, "y desgraciadamente eso no ha ocurrido", cuestionan.
Entre otros puntos, sostienen que el proyecto FES "no trata del financiamiento integral del quehacer universitario, sino solo del financiamiento estudiantil. Este financiamiento es apenas una parte de la economía del sistema. El otro que se mantiene tristemente en las sombras es el relativo al financiamiento de la investigación y creación, que en el actual sistema se encuentra parcialmente subsidiado por la matrícula estudiantil".
"Así, el proyecto FES no solo desatiende el financiamiento de la investigación, sino que al disminuir los aranceles además empobrece un financiamiento que ya para la mayoría de las instituciones es magro".
Agregan que por sobre esos equívocos existen dos problemas "de máxima relevancia": "Uno de ellos es la autonomía de las instituciones de educación superior. El Estado siempre tenderá a concebirlas como instrumentos de política pública cuyos planes y objetivos debieran orientarse por los objetivos estatales. Un sistema de financiamiento que hace depender a las instituciones en su casi totalidad del Estado acentuará esa características".
La otra problemática que destacan es "el dependencia del ciclo político y fiscal del sistema". Señalan que "es una situación de estrés fiscal, y sin formas de financiamiento que en una medida relevante sean prescindentes del Estado, las instituciones dependerán de los vaivenes fiscales, siguiendo en esto la experiencia mil veces repetida de la educación superior latinoamericana financiada por el Estado, y sus autoridades se transformarán en gestores de intereses en el proceso político, lesionando no solo su dignidad, sino también la autonomía intelectual y crítica que es su deber ejercer".
