Era abril de 2025 cuando se comunicó oficialmente la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que terminó por destituir a la exsenadora Isabel Allende por ocho votos contra dos, tras el requerimiento de parlamentarios opositores. Antes, Maya Fernández había renunciado a su cargo como ministra de Defensa. Pese a las consecuencias políticas que ha tenido el caso, la arista penal cerraría sin responsables. Al menos así lo comunicó la Fiscalía Regional de Coquimbo, que indagaba el caso. Ante ello, Raimundo Palamara, abogado querellante, evalúa volver a recurrir al TC para que se pronuncie si procede que un fiscal pueda tomar la decisión de no perseverar sin que la investigación esté formalizada.
