Luego de 75 días de angustia, los familiares de
Luis Felipe Correa (19 años), joven estudiante de segundo año de Sociología, pudo ayer viernes realizar sus funerales en un cementerio de Puente Alto.
El cuerpo del joven permaneció por más de dos meses en las instalaciones del Servicio Médico Legal (SML), lugar al que llegó el pasado 21 de agosto, el mismo día en que su madre interponía una denuncia por presunta desgracia.
El joven se había quitado la vida tras lanzarse a la Línea 1 del Metro de Santiago.
Sin embargo, su familia, sin noticias de su paradero, lo dio por desaparecido, iniciando una búsqueda que tomó ribetes mediáticos: mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.
Desde el SML señalaron que la demora en identificar el cuerpo del joven se debió al proceso de cotejo de huellas dactilares con el Registro Civil, una tardanza que habría sido "excepcional". En tanto, desde esa entidad señalaron que las muestras tuvieron que ser comparadas de forma manual contra toda la base de datos.
Mariana Rojas, abogada de la familia de Luis Correa, sostuvo esta semana que lo que pasó en este caso fue "de extrema crueldad", y aseguró que "consideramos que el sistema estatal de búsqueda no funciona como debiera hacerlo, porque es imposible que un cuerpo haya estado tanto tiempo existiendo búsquedas en curso sin que esta institución haya podido identificarlo".
¿Es posible tomar medidas judiciales?
A juicio de algunos abogados, es posible que la familia tome algunas medidas judiciales que podrían ir en la línea de la búsqueda de responsabilidades disciplinarias de funcionarios, lo que podría derivar en responsabilidad civil del Estado. Eso sí, ponen sobre la mesa lo relevante que resulta que se conozcan bien las razones en la demora de la identificación del cuerpo.
Eduardo Cordero, docente de la Universidad Católica de Valparaíso, dijo a El Mercurio que "en este caso es muy probable que exista responsabilidad disciplinaria de funcionarios involucrados en ambos servicios, pero además esto puede dar lugar a responsabilidad civil del Estado por daños causados".
"No cabe duda que en este caso se dan los supuestos que dan lugar a la responsabilidad ante una falta de servicio que es evidente, producto de una actuación tardía por parte de los servicios públicos, asociado el evidente daño que se ha ocasionado a los familiares de la víctima", comentó.
Por su parte, Alejandro Leiva, abogado penalista de la U. Finis Terrae, comentó a Emol que es importante reconocer "la dificultad que existe en el reconocimiento de la identidad de una persona" en las circunstancias en que se dio la muerte del joven.
"Otra cosa es la eventual responsabilidad del Estado a propósito de la demora en la identificación del cuerpo, a pesar de que en este caso el Servicio Médico Legal habría enviado las huellas digitales al Registro Civil y este último no logró identificarlo en un tiempo razonable. Entonces, ¿existe responsabilidad del Estado? La respuesta es que sí".
El experto señala que "los requisitos para que exista responsabilidad del Estado en este caso, primero es que hay una falta de servicio, y esa falta de servicio supone, por ejemplo, que el servicio que corresponde al Estado no se presta, se presta defectuosamente o tardíamente, y en este caso podríamos decir que el servicio de identificación lo hizo en forma tardía a la demora en reconocimiento de la identidad. Ahora, si ese servicio defectuoso, esa falta de servicio generó un daño y además existe una relación de causalidad entre ese daño y el efecto, y la tardanza del Estado, se configura la responsabilidad del Estado".
¿Cómo se hace efectiva esa responsabilidad del Estado? El experto sostiene que aquello se realiza a través de una demanda "que tiene que presentar, en este caso la familia, en sede civil, es decir, ante los juzgados civiles, en este caso de la jurisdicción de Santiago, para que sea el juzgado civil el que, en virtud de las distintas normas que regula la responsabilidad del Estado, determine si efectivamente se configuran los requisitos de falta de servicio".
Doris Espinoza , abogada penalista y académica de la Escuela de Derecho Universidad UNIACC, comenta a este medio que "a mi entender, en este caso puntual, como no se dan los casos de excepción de la demora por parte del SML de retardar la entrega de un cuerpo -donde la regla general son entre 24 y 48 horas, y que no se configura ninguna de las causales que justifiquen este retardo, considero que se configuraría derechamente el delito de abandono de servicios públicos".
Esto, dice, porque "se desatendió de manera relevante su función pública en perjuicio de los usuarios, que en este caso es la familia, por parte del servicio médico legal".
"Paralelamente, se podría interponer una demanda civil por indemnización, por todos los daños morales y los perjuicios sufridos, porque el Estado, en este caso, tendría una responsabilidad extra contractual, porque no se dan los casos de excepción, que solamente para efectos de precisar serían pericias forenses complejas, porque no hay manera de identificar el cuerpo, porque el cuerpo puede estar mutilado o puede estar en descomposición, o porque en el Registro Civil no se cuentan con los antecedentes de la persona, es decir, que se trate de un extranjero que no está en la base de datos", zanjó.
