Diversas reacciones han surgido en torno a los 23 reos que participaron en una fiesta, que incluyó asado y whisky, en el interior del penal de Santiago 1. El hecho se conoció este domingo en redes sociales tras la difusión de imágenes en que aparecen los internos del módulo 35.
En entrevista con Radio Duna, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, sostuvo que el episodio fue detectado "porque permanentemente Gendarmería está revisando todo lo que significa la acción al interior de los módulos, dentro de ellos también están revisando las distintas publicaciones que hay en redes sociales. Se detecta el hecho y se realiza el allanamiento respectivo".
Consultado sobre cómo ocurrió esta situación, el secretario de Estado afirmó que "hay ingreso de elementos prohibidos que superan los controles", por lo que hay
"probablemente, funcionarios involucrados y eso está en investigación", agregando que "falta un control directo en ese módulo".
"Es una situación inaceptable", aseguró el titular de Justicia.
Congresistas
El senador José Pilo Durana (UDI), presidente de la comisión de Seguridad Pública, enfatizó a Emol que "el ingreso de alcohol, comida y equipos electrónicos a un recinto bajo custodia estatal es inaceptable y pone en entredicho la autoridad, la disciplina y la integridad del sistema. Aquí hay responsabilidades administrativas y posiblemente penales que deben ser esclarecidas".
Durana llamó al Gobierno y a Gendarmería a reforzar los controles internos, erradicar los focos de corrupción y avanzar en una modernización profunda del sistema penitenciario, incorporando tecnología, mayor fiscalización y protocolos más estrictos. "Se requieren medidas inmediatas, no solo sumarios. Deben revisarse los accesos, los mecanismos de revisión de visitas y la supervisión de los funcionarios. Mientras no enfrentemos de raíz las prácticas corruptas y la falta de control, seguirán ocurriendo situaciones que dañan la credibilidad del Estado y la seguridad pública", sostuvo.
Agregó que este caso evidencia la necesidad de impulsar un plan de modernización de Gendarmería, con mejor tecnología de bloqueo de señal, cámaras inteligentes, control de inventarios y formación ética de los funcionarios. "En materia penitenciaria no puede haber zonas grises. El país exige rigor, transparencia y control. No podemos permitir que las cárceles se transformen en espacios donde el Estado pierde el mando", concluyó.
Por su parte, el diputado Cristián Araya (PRep), presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana, señaló que "el problema no es solo la falta de control en una cárcel; es la falta de liderazgo político. Este Gobierno ha dejado a Gendarmería sin respaldo, sin recursos y sin autoridad, y hoy estamos viendo las consecuencias: corrupción interna, pérdida de mando y un sistema penitenciario al borde del colapso".
Araya señaló que el Ejecutivo ha preferido mirar hacia el lado frente a una crisis que se arrastra hace años y que se ha agravado bajo su administración. "Los funcionarios trabajan en condiciones precarias, con hacinamiento extremo, sin tecnología adecuada y sin una política seria de modernización. Mientras tanto, los delincuentes hacen fiestas y transmiten videos desde los penales. Es el reflejo de un Estado que ha perdido el control", lanzó.
El diputado hizo un llamado al Ministerio de Justicia a asumir su responsabilidad política y adoptar medidas urgentes: "No basta con abrir un sumario. Se necesita una intervención real en el sistema penitenciario, con recursos, tecnología y liderazgo. Si el Gobierno no se hace cargo ahora, seguirá siendo cómplice del deterioro institucional que pone en riesgo la seguridad de todos los chilenos".
Por otro lado, las diputadas Marcia Raphael (RN), Carla Morales (RN) y Sofía Cid (PRep) oficiaron a Gendarmería, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio Público, para exigir explicaciones y medidas concretas en torno al hecho.
Las parlamentarias señalaron que este episodio "no puede ser tratado como un hecho aislado, sino como una señal del deterioro progresivo en el control interno de los recintos penitenciarios".
"No estamos frente a una simple fiesta dentro de una cárcel. Lo ocurrido en Santiago 1 es reflejo de una pérdida total de control institucional y de un sistema que ya no logra hacer cumplir las normas más básicas", comentó Raphael.
A través de los oficios enviados, Raphael, Morales y Cid solicitaron al Ministerio de Justicia y a Gendarmería informar qué medidas se adoptaron frente a este hecho, cuáles son los protocolos vigentes para el ingreso y control de elementos prohibidos, y cuál es el estado de funcionamiento y cobertura de los inhibidores de señal en el penal Santiago 1 y en el resto de los establecimientos penitenciarios del país.
Asimismo, oficiaron al Ministerio Público para que detalle cuántas personas han sido formalizadas durante el último año por delitos vinculados a la tenencia o uso de celulares y otros elementos prohibidos dentro de recintos carcelarios.
Las diputadas advirtieron que lo ocurrido en Santiago 1 no solo revela un problema disciplinario, sino también una falla estructural en la gestión penitenciaria, marcada por la permeabilidad institucional y la falta de fiscalización real. "El problema no es solo de conducta, sino estructural. Hoy vemos un sistema que ha perdido efectividad frente a la adaptación de las redes criminales internas", afirmó Morales.
En esa línea, las congresistas recalcaron que aún existen penales sin cobertura total de inhibidores de señal, y que en aquellos donde sí están instalados, su funcionamiento es irregular o limitado. A su juicio, este déficit tecnológico confirma que las herramientas actuales son insuficientes frente a la capacidad de adaptación de las redes delictuales dentro de las cárceles. "Los inhibidores no funcionan correctamente, los controles de ingreso siguen siendo vulnerables, y las medidas anunciadas no se traducen en resultados concretos", subrayó Cid.
Finalmente, las diputadas llamaron al Gobierno a modernizar los mecanismos de control y fiscalización penitenciaria, incorporando tecnología, inteligencia preventiva y trazabilidad digital en los procesos de ingreso y control. "El sistema penitenciario debe adaptarse a las nuevas realidades criminales. No puede seguir siendo un espacio donde el Estado pierde autoridad y las bandas operan con total libertad. Lo de Santiago 1 es una señal de alerta que no puede volver a repetirse", concluyeron.
Detención de 13 gendarmes
Este episodio se suman a la detención de 13 gendarmes, quienes son acusados de conformar una red criminal dedicada al tráfico de drogas en el interior de la cárcel de Alto Hospicio.
En diálogo con Emol, el exministro de Justicia de Michelle Bachelet, Isidro Solís, sostuvo respecto a estos dos episodios que "claramente, se ven síntomas de descontrol en la actividad de Gendarmería", añadiendo que los casos son "extraordinariamente graves".
El también vicepresidente de Amarillos por Chile aseguró que "los sistemas de control interno no están funcionando", por lo que "uno esperaría que las autoridades tomaran medidas en un cortísimo tiempo".
Consultado sobre a qué se deberían esta seguidilla de hechos, Solís afirmó que "el avance del crimen organizado es un fenómeno que uno, en general, lo ve en todas partes. Eso no es una justificación para lo que se está observando en Gendarmería".
"Lo que se ve es exclusivamente un servicio que no tiene una capacidad de control adecuada respecto a las actividades de sus funcionarios", aseguró.
Cerró indicando que "los reos son una población peligrosa, per se, eso lo sabemos todos. La tendencia al quebrantamiento de las medidas de seguridad es un hecho de la causa (...) lo que uno tiene que hacer es exigirle, básicamente, a las autoridades del servicio que cumplan con sus obligaciones".
