En medio del debate se encuentra el Poder Judicial a raíz de unas serie de situaciones disciplinarias de jueces que han sido sorprendidos con vínculos con el abogado e imputado en el caso Audio, Luis Hermosilla.
El último nombre involucrado es el del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, quien sostuvo conversaciones con Hermosilla, lo que dio pie a la apertura de un cuaderno de remoción en su contra. Sin embargo, a fines de septiembre, la Corte Suprema lo mantuvo en su cargo, tras un empate en la votación de siete versus siete votos.
Ese resultado fue duramente cuestionado por parlamentarios de oposición, quienes activaron la ofensiva con una acusación constitucional en contra del juez, y que ayer lunes fue votada en el Senado.
Pero el caso de Ulloa forma parte de un listado de nombres de ministros cuestionados que han dado paso a una cuota de opacidad en este poder del Estado.
La exministra y exvocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue removida de su cargo en octubre de 2024, mientras que a inicios de septiembre de este año, la ministra Verónica Sabaj también fue removida de su cargo, en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Con aquello a la vista, el debate por el sistema judicial en Chile se ha instalado también en la campaña presidencial, donde algunos candidatos han anunciado medidas que van de la mano con el combate a la corrupción, pero también respecto a mejoras en torno a los procesos que ayudan al combate a la inseguridad, uno de los grandes temas que hoy concentran la preocupación de la ciudadanía.
Cabe destacar que el sistema de nombramientos también ha estado en tela de juicio. Este tema también fue foco de preocupación del Gobierno, que tras conocerse la grabación que dio inicio al caso Audio -a fines de 2023-, el Ejecutivo envió un proyecto de ley para evitar este tipo de prácticas y modificar el mencionado sistema.
El proyecto fue enviado el 16 de octubre de 2024, pero la iniciativa sigue en el Congreso.
Johannes Kaiser (PNL)
El pasado martes, en el debate Archi, el candidato del PNL, Johannes Kaiser, aseguró que en materia de seguridad "nosotros proponemos una reforma judicial, reforma a la fiscalía, introducción a la pena de muerte, trabajo forzado, reforma procesal penal (...)". Asimismo, subrayó que "tenemos que detener la persecución judicial a nuestros carabineros, que se ha transformado en una peste que está destruyendo nuestra institucionalidad".
En tanto, el pasado miércoles, en el contexto del ciclo de seminarios presidenciales de Clapes UC, Kaiser destacó su propuesta para eliminar las influencias políticas en el Poder Judicial: mediante sorteo: "que se haga correr la bolita, (y se) saque los dedos de los políticos del sistema".
"Usted va a ver cómo van a empezar a fallar de manera distinta los jueces. Van a empezar a fallar más en derecho y menos mirando qué es lo que le conviene políticamente para poder seguir avanzando en la carrera judicial. Por lo demás, el sistema de sorteo es ultra y muy democrático. Se utilizaba en tiempos de la antigua Grecia", aseguró.
En su programa, el candidato cuestiona al Poder Judicial por aspectos como "parcialidad", "filtraciones" de causas judiciales "especialmente políticas", menciona el caso Audio como aquel que expuso "grietas institucionales" y "sembraron el recelo ciudadano".
Entre sus propuestas, Kaiser apunta a "una reforma constitucional y legislativa, que permitan una forma más transparente y eficiente del nombramiento de los magistrados de las Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, de manera que los nuevos ministros, sean sorteados, de entre un número de aquellos que reúnan los requisitos de antigüedad y mérito necesario". Esto, para evitar que se sientan "personalmente comprometidos con quienes los han elegido o patrocinado".
En esa línea, afirma el texto, que lo propuesto "se enmarca en un régimen que no creará un nuevo órgano y no generará tampoco, mayores costos financieros al Estado".
Kaiser propone que los postulantes habilitados -tanto para la Corte Suprema como para la Corte de Apelaciones-, deberán rendir como requisito previo a la nómina a ser sorteada "un examen teórico cuya responsabilidad en la gestión y ejecución recaerá en la Corporación Administrativa del Poder Judicial o el órgano que tenga la función, sometiéndose a exigencias técnicas, objetivas, con igualdad de oportunidades y de general aplicación para los postulantes".
El programa del candidato también apunta a la creación de una "jurisdicción de Probidad, como una respuesta institucional robusta frente a los desafíos que plantea la corrupción y la desviación de poder en el ámbito judicial, configurando un mecanismo especializado para investigar y juzgar delitos cometidos por funcionarios judiciales".
Como complemento a lo anterior, se propone la creación de un Tribunal penal especial, "constitucionalmente autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con competencia sobre los funcionarios de los escalafones del Poder Judicial", pero excluye al Tribunal Constitucional, "por su especial naturaleza jurídica".
En cuanto al procedimiento, este se regirá bajo los principios del sistema acusatorio. "Ello implica la separación clara entre las funciones de investigación y juzgamiento, así como la garantía de un debido proceso. El modelo asegurará transparencia, imparcialidad y el derecho a la defensa, lo que resulta imprescindible para evitar juicios mediáticos o sanciones arbitrarias", detalla el programa.
Asimismo, ante esta estructura propuesta, se propone crear dos órganos centrales: una Fiscalía de Instrucción y un Tribunal de Probidad. Y, por otro lado, en segunda instancia se apoya en una Corte de Probidad, que revisará lo fallado por el Tribunal de Probidad.
Evelyn Matthei (UDI)
La carta de la centroderecha, Evelyn Matthei, plantea en su programa la idea de una justicia "cercana y accesible", que "no genere más impunidad y se ponga al lado de las víctimas".
Como declaración de principios señala que "Chile necesita un sistema de justicia que funcione de manera oportuna, transparente y cercana a las personas. La baja confianza en los jueces, los nombramientos poco transparentes, procesos civiles lentos y costosos, han debilitado la capacidad del Estado para proteger derechos, combatir el crimen organizado y garantizar la igualdad ante la ley".
"Nuestro compromiso es modernizar la justicia civil y penal, fortalecer la independencia judicial, mejorar el acceso a la justicia y asegurar que las víctimas reciban una atención digna y eficaz. Queremos un sistema que prevenga la impunidad, respete el Estado de Derecho y devuelva la confianza ciudadana en sus instituciones", subraya el programa.
En esa línea, las propuestas concretas son: reforma al poder Judicial, con la división del gobierno judicial en tres organismos autónomos: uno que se encargue de nombrar a los jueces, otro que administre los recursos y otro que forme y capacite al personal.
"Además, reforzaremos el papel de la Corte Suprema para que garantice que la ley se aplique de manera justa y uniforme en todo Chile", añade.
En segundo lugar, se plantea la atención a víctimas a través de la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, integrando asesoría legal, apoyo psicológico y social en un solo organismo.
Por último, se aboga por una "justicia civil moderna: implementaremos el nuevo Código Procesal Civil, con procedimientos simplificados, mediación y tramitación más rápida y accesible".
Eduardo Artés
En su programa de gobierno, el candidato presidencial Eduardo Artés cuestiona el rol que ha tenido la Corte Suprema y propone la creación de un "Tribunal Democrático del País".
"La Corte Suprema ha demostrado ser parcial, tendenciosa y defensora de los intereses de la clase y sectores dominantes de la sociedad, en su larga trayectoria. Por tal razón deberá ser sustituida por un órgano democrático, popular y bajo control permanente de las grandes mayorías del país: el Tribunal Democrático del País", parte señalando el texto.
Añade que los miembros del Tribunal Democrático "serán designados por la Asamblea de los Pueblos. En el momento de su nombramiento, deberán conocerse las posiciones políticas de los candidatos al Tribunal Democrático, de manera transparente, clara e inequívoca. Los candidatos deben ser intrínsecamente aptos para el cargo, ser moralmente íntegros y estar libres de acusaciones por delitos y de corrupción".
Asimismo, detalla que "todos los cargos judiciales deberán ser revocables por voluntad popular. Las condiciones de la revocación serán establecidas en la nueva normativa dimanada de la asamblea constituyente".
"Un magistrado del Tribunal Democrático del País que sea culpable de corrupción, debería recibir un castigo ejemplar de acuerdo con el nuevo Estado de derecho", agrega.
Jeannette Jara
La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, presentó en octubre el complemento programático -elaborado junto a las tiendas oficialistas que la respaldan- de su programa de Gobierno, denominado "Un Chile que Cumple".
En el texto, la carta PC señala que "un país justo se construye cuando todas las personas, sin importar su origen o condición, tienen acceso real y oportuno a la justicia. Hoy esa promesa está en entredicho: el sistema
judicial resulta distante para la población en general, y la reinserción social sigue siendo una deuda que alimenta la inseguridad en los barrios y poblaciones del país".
En ese sentido, aseguran que "impulsaremos con carácter prioritario la tramitación en el Senado de dos reformas fundamentales: la creación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas, que transformará las actuales corporaciones de asistencia judicial en un servicio descentra- lizado al servicio de la ciudadanía; y la reforma constitucional que establece el Consejo de Nombramientos Judiciales, para garantizar un sistema de selección de juezas y jueces basado en el mérito, la probidad y la independencia".
En el detalle, comprometen impulsar "con carácter prioritario la reforma constitucional que se encuentra en tramitación en el Senado y que crea el Consejo de Nombramientos Judiciales. Este órgano autónomo transparentará y modernizará el sistema de selección de juezas y jueces, asegurando que los nombramientos respondan al mérito, la probidad y la independencia judicial, fortaleciendo así la legitimidad del Poder Judicial y la confianza ciudadana en la justicia".
Marco Enríquez-Ominami
En el debate televisado del pasado 26 de octubre, el candidato independiente, Marco Enríquez-Ominami (MEO), fue consultado por el candidato Franco Parisi respecto a lo que era su reciente absolución en el caso SQM.
En respuesta, MEO sostuvo: "Lo que me importa hoy día es que necesitamos un nuevo sistema de justicia y también que los periodistas revelen qué tan implicados están con los fiscales".
En su sitio web, el candidato habla de una "reforma al sistema penal", donde apunta a un plan que "contempla una revisión profunda de las penas, priorizando su efectividad disuasiva. A través de un Consejo Nacional, se implementarán penas diferenciadas y alternativas, con la meta de reducir en un 20% aquellas que hoy no logran prevenir el delito".
Harold Mayne-Nicholls
El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, tiene un apartado en sus lineamientos programáticos titulado "Justicia independiente y combate a la corrupción desde las instituciones".
El texto detalla que "nuestra propuesta en justicia parte por garantizar la independencia judicial y de la Fiscalía, condición esencial para la democracia y el debido proceso. Para ello plantea un nuevo sistema de nombramientos judiciales mediante un órgano autónomo, que separe la función jurisdiccional de la de gobierno judicial, elimine influencias indebidas externas e internas y sustraiga a las cortes de funciones administrativas y disciplinarias".
Detalla que "el procedimiento de selección debe ser público y transparente, basado en el mérito y no en la antigüedad o arbitrariedad".
Además, el órgano tendrá composición mixta de jueces, académicos, juristas y ciudadanía, con mecanismos como el sorteo con lo que se evitaría el control político.
"Asimismo, se defiende la autonomía plena del Ministerio Público frente a intentos de capturas partidistas, y se propone que la Defensoría Penal Pública adquiera autonomía constitucional para equilibrar al sistema con independencia técnica", subraya.
La propuesta agrega que para enfrentar al crimen organizado y la corrupción, se plantea "la creación de Tribunales especializados en estas materias dentro del Poder Judicial, con jueces protegidos, en rotación y formación continua, así como la instalación de salas penales especializadas en Cortes de Apelaciones que lo requieran, de modo similar a lo ya existente en materia laboral o tributaria".
"Esto permitiría generar estándares consistentes en temas cruciales como detenciones, prisión preventiva, pruebas y valoración judicial, reduciendo la dispersión actual. El énfasis está en dotar al Poder Judicial de la misma sofisticación y capacidad que ya tienen policías y fiscalía en la persecución de este fenómeno complejo, para responder con rapidez y consistencia", añade el documento.
Sin menciones en los programas
El candidato José Antonio Kast (PREP) no presenta propuestas en torno a alguna reforma al Poder Judicial o nombramiento de jueces en su programa de gobierno.
Por su parte, el candidato del PDG, Franco Parisi, tampoco aborda cambios al sistema de nombramiento de jueces o al Poder Judicial -aunque sí menciona algunos ajustes en torno a mejoras en tecnología e intercambio de información con foco en el combate del crimen organizado.
Sobre nombramientos, sólo señala cambios relativos a alta dirección pública y aquellos relativos a cargos de confianza presidencial. "Incorporar en la Ley N° 18.834 de Estatuto Administrativo la obligatoriedad de concurso público para cargos de alta dirección, incluso si son de confianza presidencial. Dando prioridad al concurso por sobre el criterio de confianza. De forma conexa, se procederá amplair el alcance que tiene la Ley N° 19.882 de Alta Dirección Pública hacia los superintendentes, así como la eliminación de las excepciones de confianza exclusiva presidencial para extirpar los nombramientos discresionales en entidades que requieren autonomía, no dependencia política", detalla el programa de Parisi.
Propuestas en los procesos constitucionales
Durante los dos fallidos procesos constitucionales también hubo propuestas para hacer modificaciones al Poder Judicial. Entre esas propuestas, estuvo el anteproyecto de la Comisión Experta, que según se consideró, lograba aunar las miradas de izquierda y derecha.
Esa propuesta planteaba cuatro órganos para dividir las funciones jurisdiccionales de las administrativas del Poder Judicial, instancias que contaban con un consejo coordinador. Uno de esos órganos tendría la función de nominar a los ministros de las cortes.
En el caso de la Suprema, se planteaba que el Presidente eligiera a los candidatos de una quina propuesta por ese nuevo órgano, con acuerdo de tras quintos de los senadores en ejercicio.
No obstante, desde la Corte Suprema, abogaban por sólo un órgano. Entre los argumentos, apuntaban a que tener cuatro órganos podría aumentar la burocracia y tener más órganos con más funcionarios, además de advertir eventuales descoordinaciones.
