El exministro de Energía,
Diego Pardow, cumplió con el plazo establecido y
entregó el informe con su defensa a la comisión que revisa la acusación constitucional -interpuesta por la oposición- en su contra, en el marco del error en el cobro de las cuentas de la luz.
En un documento de 121 páginas, la exautoridad cuestionó el libelo tanto en su forma como en su fondo y explicó por qué debe ser rechazada. Además, en respuesta a las imputaciones de que habría ocultado información, mencionó que no comunicó a la ciudadanía en 2024 sobre lo ocurrido, pues "existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error", por lo que pretendía evitar una "alarma" pública.
Al inicio, el exsecretario de Estado afirmó "encontrándome dentro de plazo, vengo en lo principal a deducir cuestión previa de admisibilidad, solicitando que la misma sea acogida y se tenga la acusación por no presentada para todos los efectos legales, atendido a que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos mínimos establecidos en la propia Constitución Política de le República para que la acusación se tenga por presentada".
Esto, pues "(i) la acusación no encuentra asidero en las causales taxativamente previstas en la Constitución Política; (ii) no satisface los estándares mínimos de fundamentación necesarios; (iii) no me imputa responsabilidad por hechos propios y; (iv) la acusación no respeta el carácter de ultima ratio que debe de tener toda acusación constitucional".
Más abajo, señaló que actuar en contra de la autonomía del órgano técnico (Comisión Nacional de Energía), conllevaría a una infracción al principio de legalidad.
Así, explicó que la relación entre el Ministerio de Energía y la CNE no es del tipo "jerárquica", lo que implica que, en consecuencia, la cartera "no puede ejercer una potestad de dirección respecto de las actuaciones de la CNE, así como tampoco puede ejercer un control jerárquico respecto de los actos que emanen de la CNE".
"Resulta claro que las y los acusadores buscan imputarme responsabilidad por actos de organismos descentralizados que no me correspondían como ministro de Estado, pues la normativa no otorga al Ministerio de Energía las competencias para fiscalizar las actuaciones del órgano técnico; por tanto, intervenir en ese sentido habría vulnerado el principio de legalidad", complementó.
Asimismo, agregó que "no puede soslayarse el mensaje que de acogerse esta acusación constitucional se envía a los futuros ministros: 'usted debe intervenir como autoridad política en la autonomía legal de un órgano técnico'. Esto en período electoral puede comprometer la seguridad jurídica de nuestra República".
En ese sentido, en el informe señaló que la CNE, en su calidad de organismo técnico y descentralizado, fue la encargada exclusiva de elaborar los informes técnicos que sirven de base al decreto tarifario, y que el ministerio "solo actúa como instancia formal de promulgación".
"Inconsistencias"
Por otro lado, advirtió que "ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias, pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación púbica en esta temprana etapa del procedimiento (Transelec alertó en 2024) se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional".
Por ello, sostuvo que haber comunicado públicamente los hechos, no solo habría significado que Pardow hubiera intervenido en dicho procedimiento "indebidamente e introduciendo criterios de parcialidad", sino que podría haber sido percibido por la empresa como un instrumento de hostigamiento "para presionar en contra de sus intereses en la correcta valoración de los activos".
"De haber hecho un punto de prensa en la situación en que nos encontrábamos, Transelec hubiera podido usar dichas declaraciones en una eventual demanda ante el CIADI si no hubiese terminado conforme con el resultado de dicho acto Página 104 de 121 administrativo al considerar que se le estaba 'expropiando'", remarcó.
Con todo, el exministro solicitó a la Cámara que se cite ante la comisión revisora -encargada de discutir la acusación constitucional- a ocho abogados. Ahora, la comisión revisora tiene seis días para analizar el texto y votarlo. De todas maneras, el diputado que preside la instancia, Jaime Mulet (FRVS), dijo el miércoles a Emol que hay dos citaciones para este viernes.
