Anuar Quesille y Mario Desbordes.
Archivo, El Mercurio
"Yo tengo un solo problema, que el
defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo, y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda, que necesita estudiar. Yo lamento que el defensor de la niñez
esté del lado de quienes están con la violencia, y no de la de la mayoría de los estudiantes y de las familias que necesitan que esos colegios funcionen".
Esa fue la dura crítica que este viernes realizó el
alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), en contra del defensor de la niñez, Anuar Quesille.Esto, en el marco de nuevos incidentes en el Instituto Nacional y en la problemática de desmanes continuos en liceos emblemáticos.
Ante este emplazamiento, Quesille respondió. "Es importante destacar que tratándose de la problemática educacional,
el único sostenedor que no nos ha recibido es el alcalde Desbordes, pese a que lo hemos solicitado tanto por oficios, como por correos electrónico. Cosa distinta es lo que ocurre en Ñuñoa y Providencia, puesto que con Alcalde Bellolio y con el Alcalde Sichel, que son responsables de liceos emblemáticos, hemos podido conversar y trazar trabajo conjunto. Ambas autoridades han mostrado plena disposición para avanzar en estas problemáticas".
También aseguró que "como Defensor de la Niñez
siempre he condenado la violencia y no existe ningún antecedente, postura, o lineamiento donde los actos de violencia sean respaldados por la Defensoría de la Niñez. De hecho, siempre he sostenido que a quienes más se ven afectados por estos hechos violentos son los niños y niñas, que cotidianamente ven coartado su derecho a la educación por estos hechos. Y a ello, debe sumarse un accionar lento de parte de los responsables de la persecución penal".
Para el defensor, "lanzar bombas molotov, o agredir a otro son conductas constitutivas de delito, y si lo cometen adolescentes, hay un estatuto jurídico para perseguir las responsabilidades que correspondan y se debe aplicar.
Pero hizo la excepción. "Cosa distinta es el contenido de la
Ley Aula Segura, que además de no contemplar medidas socio educativas, tiene serias falencias en su aplicación; y quien fiscaliza aquello no es la Defensoría, sino la Superintendencia de educación. Nuestra postura ha sido que esta normativa debe alinearse a los estándares internacionales y a la Ley de Garantías".
