En medio de las incautaciones que se llevaron por orden del 7° Juzgado de Garantía de Santiago en el contexto de la trama Bielorrusa, que incluyó la requisa de aparatos electrónicos y documentos, llamó la atención de los equipos de investigadores un pendrive requisado al abogado Mario Vargas, ya que su posterior revisión determinó que contenía lo que se apreciaba como el expediente del caso, a lo menos, parte de este. Entre policías y fiscales se comenta el hecho, sobre todo porque el expediente estaba bajo reserva de la causa y que solo se alzó tras los arrestos. En ese contexto, ahora se revisa si pudo existir alguna irregularidad o ilegalidad en la entrega a Vargas, un tercero ajeno a la investigación, de estos datos. O si pudo existir algún tipo de violación de secreto. Las ilegalidades relacionadas con investigaciones protegidas por el secreto se enmarcan en la Ley de Lavado de Activos, normativa que blinda las evidencias para garantizar el éxito de las pesquisas. Uno de los allegados a la investigación dijo que las sospechas sobre este episodio se incrementaron por el contexto de los hechos, hechos imputados con "gran influencia" en los tribunales.
