El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.
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El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió esta jornada al rechazo de la prisión preventiva para los tres imputados detenidos y formalizados por el presunto lanzamiento de paquetes con drogas a la cárcel Santiago 1.
La autoridad transmitió que "es bien frustrante esa decisión" y apuntó a "los efectos que subyacen" en torno al recinto penitenciario.
Los acusados quedaron con arresto domiciliario nocturno, firma mensual y arraigo nacional, luego de que el magistrado del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, Cristián Sánchez, desestimara la necesidad de cautela y no acogiera la solicitud de prisión preventiva, por considerar que los antecedentes no eran suficientes para aquello.
Esta jornada, el secretario de Estado fue consultado por este episodio y comunicó que "para nosotros es bien frustrante esa decisión", ya que "forma parte de un procedimiento de investigación que realizó Carabineros, que se planificó adecuadamente, que además permitió dar con los responsables (...) y con la colaboración de Gendarmería para poder tener claridad de qué se había remitido al interior de la cárcel".
Añadió que "es especialmente preocupante, entre otras razones, por los efectos que subyacen en los riesgos que impone para el propio centro penitenciario".
La fiscalía cuestionó la resolución y decidió apelar a la resolución. Dicho recurso se analizará este viernes en la Corte de Apelaciones de Santiago.
"El tribunal consideró que no había elementos suficientes para determinar que el elemento, que fue recuperado e incautado desde el interior del centro de detención Santiago 1, era precisamente el elemento que había sido arrojado por los imputados", informó el fiscal Manuel Zúñiga.
Agregó, que fue rebatido por el Ministerio Público dadas las pruebas presentadas, como "cámaras de seguridad y lo señalado por funcionarios de Gendarmería".
De acuerdo con El Mercurio, los cuestionamientos surgieron porque con el fallo, comentan los investigadores, se puso en peligro el éxito de la indagatoria que, además, tenía arrestos en flagrancia.
A ello se suma el evidente peligro de fuga que genera la decisión del tribunal. Sobre todo, añaden, si se considera que los imputados son de nacionalidad extranjera: de Venezuela, Colombia y Perú. Con la agravante de que uno de ellos se encuentra de forma irregular en territorio nacional.
