El presidente de Perú, José Jerí, ya lo había informado: a partir de la medianoche de este viernes entraría en vigencia un estado de emergencia en su zona fronteriza, ante la masiva presencia de inmigrantes.
Así ocurrió y la medida establecida en el Decreto Supremo Nº 135-2025-PCM, regirá por 60 días en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, de la provincia de Tacna, departamento del mismo nombre.
Ahora bien, ¿qué más implica esta acción? De acuerdo con la Constitución Política del Perú, concierne "a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, comprendidos en los numerales 9), 11), 12) y 24) literal f) del artículo 2".
Además, expone que "para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación de acuerdo con el artículo 4 del Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2018-PCM, y la normatividad vigente".
En tanto, "las actividades que no tengan carácter masivo podrán realizarse sin necesidad de permiso previo".
Por otro lado, la Policía Nacional Peruana (PNP) mantendrá el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.
A su vez, hay comités que se conformarán dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del decreto supremo y son: el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO) y los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable.
De manera adicional, se realizarán acciones como patrullaje motorizado permanente y continuo por la línea fronteriza de Perú con Chile; intervención a los migrantes que intenten cruzar por pasos no habilitados y/o autorizados; operativos en los pasos no autorizados y/o habilitados a fin de prevenir y combatir la criminalidad; y monitoreo aéreo con drones en las zonas donde se ubica la línea fronteriza y pasos no habilitados.
Asimismo, se llevará a cabo la búsqueda y captura de personas con requisitorias mediante el control de identidad, además de control de identidad en las zonas dispuestas por el Comité de Inteligencia y operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos, con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
En otro ámbito, se instalarán puestos de control militar y policial en los principales puntos de ingreso irregular, así como el uso de drones de vigilancia, cámaras térmicas y vehículos blindados ligeros para patrullaje las 24 horas. "Habrá devolución inmediata de ciudadanos extranjeros que intenten ingresar por lugares no autorizados", señala adicionalmente.
En este escenario, el Gobierno de Chile informó el despliegue de los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos, y de Seguridad Pública, Rafael Collao en la región de Arica y Parinacota.
El objetivo, según informó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, es "supervisar la implementación de la serie de medidas que el Gobierno ha llevado adelante para el resguardo de nuestra frontera norte".
Cabe mencionar que esta situación ocurre en medio de la segunda vuelta presidencial en Chile en la que compiten, por el oficialismo, Jeannete Jara, y por la oposición, José Antonio Kast. Este último, advirtió a todos los que están en situación irregular en el país: "Les quedan 104 días para irse", acotó.
