Reacciones divididas entre parlamentarios dejó este martes la decisión del Gobierno de Gabriel Boric de expropiar 100 hectáreas -de 215- de los terrenos donde se emplaza la megatoma campamento Centinela en San Antonio.
En el oficialismo celebran la medida, mientras que en la oposición critican que se premia a quienes cometen delitos.
La última frase fue señalada por la diputada de Renovación Nacional y senadora electa por la Región de Valparaíso, Camila Flores. "Carlos Montes una vez más se equivoca.
No es porque no se quiera dar una solución a las personas que están cometiendo un delito en la megatoma de San Antonio, sino porque hay cientos de familias que esperan años y juntan su dinero, que cumplen con las leyes, que no cometen delitos como es el caso de las personas que están en San Antonio, y que esperan por una solución habitacional".
La legisladora opositora asegura que se le "da la solución a los que se saltan la fila, a los que cometen un delito que se llama usurpación. A ellos les dice, yo les voy a expropiar este terreno a los particulares, y yo le pregunto, señor Montes, ¿y qué pasa con los que sí cumplen? ¿Para ellos no hay solución?".
Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) asegura que esta medida hacer ganar tiempo al ministro Montes. "Es evidente que ese no es un precio de mercado, es un precio fiscal, y por supuesto el dueño va a impugnar el avalúo fiscal. Eso terminará en un juicio, y todo apunta a que lo que buscan es que pase el tiempo, que pasen las elecciones y que sea el próximo gobierno el que tenga que asumir el desalojo y el cierre del proceso".
"Eso demuestra, nuevamente, la cobardía de este gobierno para enfrentar un tema donde ya existe una sentencia ejecutoriada. Le mintieron a la gente, no tuvieron la capacidad de enfrentar el fallo y hoy siguen evitando hacerse cargo. Es, de verdad, una cobardía no haber abordado este problema como lo hace un gobierno con los pantalones bien puestos", aseveró.
En la Democracia Cristiana, el senador Iván Flores llamó a "no temerle al concepto de la expropiación. Está todo muy normado y se considera el precio justo". "Todo esto está regulado y además ya no es como las expropiaciones de antes donde venía alguien y definía un valor y le dejaban el cheque en el tribunal si es que no le gustaba", planteó.
"Hoy día tiene que haber primero un proyecto de interés público. Segundo, no puede haber ninguna otra solución alternativa, sino que sea por la vía de que ese terreno es el que se requiere y en ese contexto, entonces, expropiar un terreno para resolver un problema importante en vivienda significa tener un proyecto y luego nombrar una comisión de expertos tasadores que están inscritos en un registro del Ministerio de Obras Públicas para buscar el justo precio, ni un precio especulativo por parte del vendedor, ni un precio menor al que corresponda al precio justo que quisiera pagar el pagador", agregó Flores.
El diputado Tomás Lagormarsino (PR) manifestó que el anuncio de expropiación es "adecuado dentro de todo". "Estos terrenos, el Estado quiere comprarlos, propuso recursos para comprarlos, independiente de que no sepamos dónde van a salir, dado la crisis financiera del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Pero lo importante es que se avance y que esta señal permita destrabar la adquisición de los restantes kilómetros cuadrados de dicha toma, para que finalmente esto se pueda resolver y no se siga dilatando el cumplimiento de un fallo judicial", indicó.
Diego Ibáñez, diputado y senador electo del Frente Amplio por la Región de Valparaíso, dijo que esta medida es una "situación sumamente excepcional. Son miles de niños, niñas y de familias que hoy están en una situación de déficit de vivienda y que justamente lo que hoy está haciendo el gobierno es intentar dialogar con todas las partes y tratar de entregar una solución de cara a los niños, niñas y familias que hoy necesitan una vivienda".
"Además, parte de este terreno se va a destinar al municipio para equipamiento, para áreas verdes y creemos que de esta manera se puede regularizar justamente la crisis", valoró.
Por último, el diputado Jorge Brito (FA) lamentó la incertidumbre que debieron pasar las familias de Cerro Centinela durante las frustradas negociaciones entre los dueños de los terrenos y el Ejecutivo. "Sin embargo, este jueves se iniciará para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema desalojando a las familias que hoy habitan en zonas de riesgo para luego poder otorgarles una vivienda definitiva segura y digna", dijo.
