El Gobierno del Presidente Gabriel Boric comunicó ayer la decisión de
expropiar casi la mitad de los terrenos donde se encuentra emplazada la megatoma en
San Antonio, que son propiedad de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio.
En concreto, son 100 hectáreas de las 215 que constituyen en total del terreno, los que se arrogará el Ejecutivo, con la idea de construir un proyecto habitacional, que fue inciativa de las cooperativas de vivienda que hay en la zona.
La primera fase del plan del Gobierno consiste en cumplir con el desalojo y este se iniciará en áreas que no están contempladas en el terreno que se va a expropiar. Para ello, el Municipio tendrá la tarea de disponer de albergues.
El segundo paso será la expropiación. El argumento del Gobierno se basó en que se intentó llegar a un acuerdo con los dueños del terreno en la comisión técnica que se extendió por seis meses, sin concretar un acuerdo en el precio para la compra. "El precio solicitado estaba sobre el precio del mercado", esgrimieron desde el Ejecutivo.
Ahora, según consignó El Mercurio, serán $10.961 millones los que solicitó la directora del Serviu de Valparaíso, Nerina Paz, a la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, para indeminzar a los dueños del terreno. Ese será el monto que pagará el Gobierno por la expropiación.
El debate por el valor del terreno
Una de las grandes trabas que terminó con el fracaso de la mesa técnica negociadora entre los dueños del terreno, el Minvu, la Subsecretaría del Interior y el municipio de San Antonio, fue el precio de venta del terreno.
El pasado 3 de septiembre, los dueños del terreno anunciaron el fin de su participación en la mesa técnica "tras haberse agostado el plazo de seis meses que se estableció para llegar a acuerdo", además de la extensión que se había acordado el 27 de agosto.
Entre otras razones-como poca claridad de quiénes comprarían el terreno, o garantías financieras-, la inmobiliaria subrayó que en varias ocasiones accedieron a reducir el precio del metro cuadrado, "accediendo finalmente al valor propuesto por el Minvu, que está muy por debajo del valor comercial".
Los dueños del terreno usurpado habían presentado a mediados de este año un primer precio de 0,69 UF ($27.354 al día de hoy) por metro cuadrado, pero el Gobierno proponía un valor de 0,58 UF ($22.933 al día de hoy).
Es decir, si el Gobierno adquiría las 215 hectáreas pertenecientes a la Inmobiliaria San Antonio (es decir, la totalidad del terreno), hubiera tenido que pagar cerca de $58.800 millones.
En el caso hipotético en que se hubiera comprado las 100 hectáreas -que ahora se van expropia- al valor del metro cuadrado que habían fijado los dueños, el Gobierno hubiera desembolsado $27.353 millones.
Ahora bien, si la inmobiliaria hubiera accedido al precio ofertado por el Gobierno y el valor hubiera quedado en 0,58 UF el metro cuadrado, las 215 hectáreas hubieran costado $48.584 millones, y en el caso hipotético que se compraran sólo 100 hectáreas, el desembolso del gobierno hubiera sido de $22.997 millones.
Último precio de la fallida negociación
Parte de las negociaciones incluyó la baja en el valor del metro cuadrado, hasta que la inmobiliaria San Antonio cedió hasta las 0,40 UF.
Con ese escenario, el Gobierno hubiera tenido que desembolsar $34.097 millones si hubiera adquirido las 215 hectáreas.
En el caso hipotético que se hubieran comprando las 100 hectáreas a expropiar, el desembolso del fisco hubiera sido de $15.857 millones.
En todos los casos, la expropiación marca una importante diferencia, puesto que los dueños del terreno recibirán menos de $11.000 millones por las 100 hectáreas. Es decir, a 0,23 UF el metro cuadrado.
