A raíz de varios intentos fallidos por llegar a un acuerdo con los dueños de los terrenos, ayer el Gobierno zanjó la trama en torno al desalojo de la megatoma de San Antonio, y lo hará a través de la expropiación.
De las 215 hectáras que pertenecen a la Inmobiliaria San Antonio, 100 serán expropiadas por parte del Gobierno, y se pagará un precio de poco menos de $11.000 millones.
El anuncio lo hicieron ayer los ministros de Vivienda, Carlos Montes; de Interior, Álvaro Elizalde; y la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quienes además comunicaron que la medida buscará poner en marcha un proyecto habitacional.
El plan constará de una primera etapa, relativa a cumplir con el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que se aplicará en el terreno que no será expropiado, y será el municipio el que deba habilitar los albergues.
En tanto, la segunda etapa consiste en concretar la expropiación. Esto, tras no llegar a acuerdo por el valor del metro cuadrado. El último precio que había propuesto la inmboliaria San Antonio, fue de 0,40 UF el metro cuadrado, mientras que a mediados de este año la cifra era de 0,69 UF.
Así las cosas, la cifra indemizatoria por la expropiación será de 0,25 UF. "Como el predio solicitado estaba por sobre el precio del mercado, se ha tomado la decisión de utilizar esta herramienta (expropiación) que confiere nuestro ordenamiento jurídico y que ha sido utilizado por muchos gobiernos para resolver desafíos y problemas en materia de necesidades sociales", dijo Elizalde.
Sobre el proyecto habitacional que impulsará el Gobierno, el ministro montes dijo que "ocupará menos de la mitad de la megatoma".
Pese a las explicaciones de los personeros de Gobierno, no se detallaron elementos como ritmos y plazos del desalojo, y tampoco se esclareció los destinos de las familias que participaron de las cooperativas que se iniciaron, entre otros aspectos.
Fecha de desalojo
Una de las primeras dudas en torno al proceso anunciado por el Gobierno es cuándo se concretará oficialmente el desalojo para las familias que viven en la zona que no se expropiará.
De hecho, ayer la ministra Vallejo habló de un "plan de desalojo", pero no dio una fecha concreta. Esto, pese a que mañana jueves comienza a regir el plazo apercibido por la Corte de Valaparaíso para ejecutar la orden judicial, tras una serie de postergaciones.
Ayer, la ministra sostuvo que "el plan de desalojo, como lo ordena la Corte, será presentado en la fecha que se mandata, es decir pasado mañana (jueves), y no puedo entrar en detalles, porque por respeto a la Corte primero lo conocerán esas autoridades del otro poder del Estado, pero ese plan dialoga perfectamete con el plan de proyecto habitacional", dijo la minitra.
Esto, "partiendo de la base de despejar las zonas que no van a estar sujetas a expropiación, para que justamente podamos ir avanzando en estos dos procesos que son paralelos", agregó la secretaria de Estado.
Montes, por su parte, sostuvo que "cumpliremos con lo que esta diga, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria".
Familias en las cooperativas
Otra de las dudas que surgen en torno al proceso impulsado por el Gobierno es qué ocurrirá con las familias que participaron de las cooperativas que se intentaron impulsar, especialmente en el caso de las familias que serán desalojadas, es decir, las que no alcanzan a formar parte de las 100 hectáreas que se expropiarán.
Recordar que el Ejecutivo impulsó la medida de las cooperativas de modo que las familias se organizaran y pudieran participar de la compra de los terrenos. La idea era formar 32 cooperativas y que cada socio aportara una cuota inicial de $200 mil y luego se pagarían cuotas mensuales de $100 mil.
En febrero, Gloria Maira, delegada del Minvu para el megacampamento, sostuvo que "participar en una cooperativa es un acto voluntario que implica asumir un compromiso de largo plazo. Aún no sabemos cuál será el precio final del terreno, pero en el ministerio calculamos que cada familia tendrá que pagar un crédito hipotecario entre 10 y 15 años, aunque sería un monto moderado. Pero hay que considerar que, aunque las condiciones serán favorables, no todos están dispuestos a asumir ese compromiso".
Así, se abren dudas en torno a dónde irán los montos que se alcanzaron a pagar y qué ocurrirá con los dineros en el caso de quienes serán desalojados.
Lo que sí abordó ayer el ministro Montes fue el proceso para las tareas de urbanización de las 100 hectáreas a expropiar. "El Estado adquirirá el terreno y los pobladores colaborarán en el financiamiento de la urbanización, manteniendo el principio de corresponsabilidad", aseguró.
Arista política
El Gobierno informó la decisión de expropiar y un "plan de desalojo" a solo dos días de cumplirse el plazo del fallo (mañana jueves) y a 12 días del balotaje.
Lo anterior abre dudas respecto a la forma en que se encauza este tema desde el prisma político, y lo a contrarreloj que se ha desarrollado la trama.
Según conoció Emol, desde el Ejecutivo tienen la postura de no "traspasar" este proceso al otro Gobierno, esto es, de eventualmente concretarlo antes del 11 de marzo.
No obstante, el ministro Montes también ha defendido la política de "continuidad" en materia habitacional.
Los candidatos presidenciales, por su parte, ya han tomado postura en torno al tema. Este miércoles, durante el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), José Antonio Kast (Republicanos) sostuvo que el desalojo "lo habría hecho mucho antes, porque el Gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente".
"A comienzo del proceso de este año, el señor ministro dijo que había reunido a todas las personas, que lo iba a hacer de una especie de compra vía cooperativa. Con eso ganó seis meses para no cumplir el fallo judicial", precisó.
Agregó que "ahora promete comprar cien hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial. Y esto es una mala manera de ejercer Gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el Gobierno debería haber aplicado eso".
Por su parte, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), ha sido mucho más escueta al respecto. "Es una respuesta equilibrada: permite un nuevo comienzo para las familias y cumple con el fallo judicial", comentó ayer martes, según consignó El Mercurio.
