El martes, el Gobierno intentó zanjar la trama de la megatoma de San Antonio y anunció que expropiará 100 de las 215 hectáreas del terreno usurpado desde 2019.
No obstante, quedaron dudas en torno a cuándo se ejecutará realmente el desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso -para mañana jueves-, el Ejecutivo habló de un "plan de desalojo", sin dar fechas concretas.
También anunció que sí se va a desalojar a quienes no alcanzan a formar parte de las 100 hectáreas que expropiará, y el municipio de San Antonio estará a cargo de implementar los albergues.
Expertos afirman que se trata de un proceso complejo y extenso, que riñe con los tiempos de la Corte y, de paso, que sigue alargando un proceso judicial que lleva años intentando resolverse. De hecho, luego del último plazo, se instaló una mesa técnica negociadora con los dueños y el Ejecutivo, que tardó seis meses, y que se extendió -en otro acuerdo- hasta inicios de septiembre.
El anuncio, además, se da en un escenario complejo, puesto que la mayor parte de las decisiones que toma el Gobierno se convierten en materia para análisis en torno a la campaña presidencial.
En general, la tónica ha sido que el candidato José Antonio Kast emplace al Ejecutivo por sus determinaciones, y la incomodidad de la abanderada oficialista Jeannette Jara al evitar ser vista como la "continuidad" del gobierno, y esta no fue la excepción. Kast acusó de "dilación" del Ejecutivo en este tema y Jara habló de una "respuesta equilibrada" de la actual administración.
En paralelo, aparecen las varias lecturas posible en torno a las "señales" que da el gobierno en un momento político clave y en atención a los tiempos que tomó y tomará avanzar con la tramitación de la expropiación.
"Un llamado" a "saltarse la fila"
"Es un grave error", dijo este miércoles el senador Fidel Espinoza (PS) respecto a la decisión del Gobierno. De acuerdo al parlamentario, esto es "simplemente un llamado al resto de habitantes del país: 'tómese el terreno, que el Estado venga a expropiar'", dijo en su cuenta de X.
Espinoza remató diciendo que "nunca habíamos estado expuestos a tanta improvisación".
En tanto, desde la oposición, la diputada RN, Camila Flores, también aludió al "efecto llamado" a la usurpación. "¿Qué hace Montes? Le da la solución a los que se saltan la fila, a los que cometen un delito que se llama usurpación. A ellos les dice, yo les voy a expropiar este terreno a los particulares".
"Yo le pregunto, señor Montes, ¿qué pasa con los que sí cumplen? ¿Para ellos no hay solución? ¿Qué pasa con las familias afectadas por el mega incendio en nuestra región de Valparaíso? Ahí no hay solución alguna. Parece que para ustedes y para su gobierno es más fácil tomarse un terreno que cumplir con las normas", acusó.
Una señal "compleja"
Roberto Munita, analista y académico de Comunicación U. Andes y UNAB, comenta que se trata de una señal "compleja", que a menos de dos semanas -del balotaje-, puede agudizarse.
"Por un lado, se pone en entredicho el cumplimiento de un fallo judicial que ordenó un desalojo y que aún no se cumple. Y por otro, el Ejecutivo deja abierta la puerta para que lo acusen de que están ayudando a qué algunos se salten la fila, lo que puede generar problemas entre las familias que llevan años esperando por una vivienda", plantea.
"Esta, en los hechos, es una señal nítida del Gobierno para quienes no tienen vivienda. Que conviene más tomarse un terreno y sostener la ocupación por la fuerza, porque a la larga el Estado termina expropiando o comprando para destrabar el conflicto".
Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo Fundación Piensa
Agrega que decisiones como esta pueden generar "incentivos perversos: soluciones como esta, en vez de evitar las megatomas, pueden terminar por provocarlas".
En la misma línea, Aldo Cassinelli, director de la escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, cree que el anuncio de expropiación por parte del Ejecutivo "parece ser una manera de posponer el problema sin resolverlo, ya que no hay un acuerdo previo con los propietarios y el proceso de expropiación es largo".
"Esto refleja una falta de capacidad para abordar problemas urgentes y podría crear la percepción de privilegios, donde ciertos grupos pueden presionar al Estado para recibir soluciones rápidas, en lugar de actuar conforme a la ley. Además, la decisión puede estar influenciada por intereses políticos y electorales, lo que podría limitar la efectividad de una solución real", comenta.
Por su parte, Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de Fundación Piensa, recuerda que la ocupación masiva parte en el contexto posterior al 18 de octubre de 2019, "cuando se instaló una lógica de anomia y relajamiento del cumplimiento de normas".
"Que años después el Estado anuncie expropiar una fracción del terreno, justo cuando debía cumplirse un fallo, transmite una señal contradictoria: que la presión y el hecho consumado rinden. Por supuesto que aquí hay un problema humanitario real, con miles de familias, y el Estado tiene deberes de protección. Pero el camino no puede ser validar la usurpación como mecanismo de acceso a vivienda", comentó el experto.
A su juicio, la señal correcta debiera ser que el Estado ayude y reubique, pero no premia el incumplimiento. "Si se va a desarrollar un proyecto habitacional, debe hacerse con reglas claras, criterios transparentes y sin convertir el solo hecho de ocupar en un atajo frente a quienes llevan años esperando".
"Esta, en los hechos, es una señal nítida del Gobierno para quienes no tienen vivienda. Que conviene más tomarse un terreno y sostener la ocupación por la fuerza, porque a la larga el Estado termina expropiando o comprando para destrabar el conflicto. Y el mensaje implícito es igual de grave: que esperar en la fila y seguir el conducto regular no rinde, o rinde menos que el hecho consumado", zanjó.
