La directora social de Techo-Chile,
Isidora García, y el alcalde de Lo Barnechea,
Felipe Alessandri (RN), se enfrentaron a través de publicaciones en redes sociales por la orden de desalojo que la autoridad comunal facilitó a través de un decreto que declaró la inhabilidad y ordenó la demolición de las construcciones edificadas sin permiso.
Uno de los principales argumentos de Lo Barnechea para dar luz verde al decreto, tiene relación con que las viviendas están en una quebrada, lo que constituye una zona de alto riesgo ante desastres naturales. De hecho, según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago la quebrada está en un área clasificada como "área de riesgo natural".
El martes se inició el operativo donde participó la Delegación Presidencial de la RM, Techo-Chile, funcionarios municipales y más de 100 carabineros, quienes además se enfrentaron a desórdenes por la resistencia de los pobladores al desalojo.
"¿Quién puede vivir en las comunas de mayores ingresos?"
Ayer, la directora social de Techo Chile, a través de la cuenta "Santiago Adicto" de Instagram, publicó una columna donde cuestiona las ayudas que se ofrecieron a los pobladores de la toma y acusa que aún existen familias "expuestas a ser expulsadas de sus comunidades de origen".
"Se cumplió el plazo. Tras años de amenazas, diálogo, protestas y ofertas de reubicación transitoria, 30 familiaras que aún permanecen en el campamento La Cancha, en Lo Barnechea, deberán desalojar el lugar para dar paso a la retroexcavadora que convertirá sus hogares en escombros", señala.
Agrega que "La Cancha es un campamento como muchos de los que nuestro país ha conocido, sólo que al final del camino no está la casa propia, sino la expulsión. Sus habitantes son, en su gran mayoría, barnecheínos de toda la vida, que crecieron en los barrios del Cerro 18 o en alguno de los campamentos de la comuna ya erradicados. El año 2019, quince vecinos que habían perdido sus empleos en el marco del estallido social decidieron instalarse ahí. Con la llegada de la pandemia y el apagón económico de las cuarentenas, el número creció a 85 familias".
"El campamento está instalado en una zona de riesgos -aluviones e incendios, han señalado los organismos competentes-, por lo que permanecer ahí implica un peligro para la vida e integridad de sus cerca de 250 habitantes, incluidos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Por ello, la administración del nuevo alcalde, Felipe Alessandri, decidió ejecutar el decreto de la Dirección de Obras que ordenó la demolición de los inmuebles", dice García.
En esa línea, subraya que "nadie quiere vivir en un campamento y nadie quiere -tampoco- que otros lo hagan. La Municipalidad ha dispuesto subsidios de arriendo para que las familias puedan reubicarse temporalmente. Pero con 350 mil pesos no se arrienda nada en Lo Barnechea ni en sus comunas aledañas. Un departamento de 50 metros cuadrados en esa zona supera los 550 mil pesos mensuales. El subsidio alcanza, tal vez, para vivir en otras comunas, al otro lado de Santiago-como La Pintana, Puente Alto o Cerro Navia-, pero bastante lejos del lugar donde están las escuelas de los niños, los lugares en el trabajo y las redes familiares y comunitarias que sostienen la vida de las familias de La Cancha".
En otro párrafo, García comenta que "abunda la evidencia acerca del emprobrecimiento que las políticas segregadoras de vivienda produjeron en las familias que se vieron obligadas a trasladarse a la periferia urbana en los procesos de erradicación de campamentos de los 80 y 90. Y aunque la política pública ha intentado subsanar estos efectos, este caso demuestra que todavía existen familias expuestas a ser expulsadas de sus comunidades de origen".
"La situación de las familias de La Cancha vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿quién puede vivir en las comunas de altos ingresos? La respuesta, hoy, se limita a quienes pueden pagarlo, y hemos sido incapaces de ofrecer una alternativa mejor", cerró.
Alessandri: "Romanticismo inmobiliario"
Ayer, el alcalde Alessandri respondió a la carta de Techo-Chile, apuntando a un "romanticismo inmobiliario" por parte de organizaciones que "logran retratar situaciones complejas con tintes heroicos, incluso cuando la realidad es bastante menos romántica".
"Partamos por lo esencial: mantener allí a 250 personas, incluidos niños, no es solidaridad;es poner vidas en peligro. Y quien pide públicamente que esas familias permanezcan ahí deberá responder también públicamente el día que muera gente por un desastre natural. Porque cuando las emergencias ocurren, es a la Municipalidad a quien se le exige proteger vidas, no a quienes escriben columnas", parte señalando el jefe comunal.
Agrega que "tampoco se menciona que, antes de ejecutar un decreto de desalojo vigente, ofrecimos alternativas reales: apoyos municipales inéditos -y muy discutibles desde el punto de vista de la señal que dan-, traslado y bodegaje gratuito, acompañamiento social. Lo cierto es que tomamos una decisión extremadamente compleja y esperamos no tener que repetirla. La responsabilidad con la vida humana y el riesgo para los vecinos del Cerro 18 hicieron ineludible actuar".
Alesandri subraya que "se nos acusa incluso de expulsar a familias pobres de comunas de altos ingresos. Permítanme la ironía: si el Estado permitiera construir las viviendas sociales que Lo Barnechea requiere, yo sería el primero en firmar. Pero responsabilizar al municipio por décadas de políticas habitacionales fallidas es, digamos, conveniente. Así las cosas, hoy hay 4 proyectos habitacionales en curso. Claramente no es suficiente, pero avanzamos".
"La directora de Techo se pregunta ¿quién puede vivir en una comuna por esta? Quien pueda hacerlo sin arriesgar su vida en una ladera inhabitable, sin agua potable, sin alcantarillado y sin posibilidad de urbanización. Llamar a eso 'justicia social' es, francamente, romanticismo inmobiliario", señaló.
Con todo, el jefe comunal llamó a los jóvenes que quieren erradicar campamentos y darles una solución digna a sus habitantes, "los invito, sin ironía, a dedicar esa noble vocación a trabajar donde verdaderamente pueden hacer la diferencia: en los organismos públicos llamados a enfrentar la crisis habitacional y en las empresas que deben ejecutar esas soluciones. Sus conocimientos son urgentes ahí, donde Chile más los necesita".