El capellán de Techo-Chile, Benjamín Donoso, ingresó al debate por el cruce que se generó entre la directora social de dicha organización, Isidora García, y el alcalde de
Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), por el decreto que ordenó la demolición de la toma en Cerro 18.
A ello, se suma la trama que se ha generado a raíz de la decisión del Gobierno de expropiar 100 hectáreas a los dueños del terreno donde está emplazada la toma de San Antonio, para entregar una solución habitacional a quienes usurparon el lugar.
Sobre Lo Barnechea, Donoso sostuvo a Radio Universo que "no hacemos un reproche a la gestión de la municipalidad de manera directa, de hecho, los estándares en los que se efectuó este desalojo en particular han sido buenos, y tenemosel otro ejemplo de la toma Japón de la municipalidad de Maipú, que también cumplió con buenos estándares de desalojo".
"El punto acá que queríamos relevar es qué pasa con el 'después' de estas familias, ¿qué pasa con estas familias que son vecinos históricos de la comuna?, son familias de varias generaciones que han vivido en Lo Barnechea (...) y al recibir estos arriendos temporales, no alcanza para poder quedarse en la comuna", contextualizó.
En esa línea, precisó que "lo que estamos relevando es que es un desalojo sin estrategia de reubicación que permita a las familias mantener sus redes y la cohesión social que son parte de ellas y de nuestra sociedad en general... es un peligro complejo para estas pseudosoluciones al tema de la crisis habitacional".
El capellán enfatizó que las familias "saben que no deben estar viviendo ahí, no solamente porque es un lugar de riesgo, sino porque saben que están en un terreno que no es el suyo, hay conciencia muy generalizada en esto... salvo algunos casos de familias migrantes que puede ser que no conozcan el sistema de cómo funcionamos en Chile... que son engañadas, pero las familias son conscientes que deben salir".
"El punto acá es cómo nosotros aprendemos la lección de una manera de construir ciudad, con acceso a todas las personas que no genere más segregación (...) el punto es cómo no bajar en estándar y seguir apostando en el país a políticas habitaciones inclusivas", precisó.
En el caso particular de Lo Barnechea, Donoso dijo que se trata de un grupo de familias que "¿cómo no vamos a hacer posible que puedan quedarse en la comuna?", un tema que, aseguró, fue abordado ayer en una reunión que sostuvieron con el alcalde Alessandri, donde "él tenía esta misma sensibilidad, cómo seguir considerando a estas familias como vecinos de Lo Barnechea, que se mantengan en la fila de los subsidios habitacionales y poder vivir de manera ordenada y segura en la comuna hacia adelante".
Toma de San Antonio
Techo-Chile no está presente en la trama de la toma de San Antonio. Según explicó Donoso, esto se debe a que se trata de una razón práctica.
"Nosotros estamos en 10 ciudades del país, la más cercana es Valparaíso y en Viña del Mar están nuestras oficinas y nosotros trabajamos con los voluntarios en ciudades donde hay disponibilidad de transportar universitarios", comentó.
A ello agregó que "nosotros trabajamos con campamentos que son mas históricos, en que tenemos condiciones para poder desarrollar de manera (mejor) posible nuestro trabajo".
"Creo que no debe validarse una toma así... ahora bien, lo que sí debe hacer el Estado, el gobierno local, es hacerse cargo del problema tal cual como lo reciben".
Benjamín Donoso, capellán de Techo-Chile
De todas formas, Donoso reflexionó que la toma de San Antonio "tiene una carga especial porque el origen es espurio... estamos hablando de una toma que fue planificada por personas, incluso hasta profesionales involucrados, con una inversión importante de recursos, en un terreno que no era de su propiedad y lo ofertan a familias que efectivamente buscan una solución habitacional formal, y por asequibilidad, en la mayoría de los casos, no alcanza".
El capellán insistió que si hubieran estado -con oficinas- en San Antonio, "creo que hubiéramos estado allí, en la medida en que las familias sí están haciendo sus procesos regulares de acceso a la vivienda, porque no es una cosa u otra: aquí se habla de que las familias están buscando la toma como un mecanismo para conseguir algo y saltarse la fila... pero aquí hay cuestiones simultáneas", contextualizó.
En ese sentido, precisó que "una cosa es la 'estrategia' que uno tiene para poder obtener un recurso, que además, estamos hablando de recursos básicos, pero otra es poder solventar la necesidad básica, el bien básico que representa una vivienda, que no lo deberíamos olvidar nunca".
Consultado por qué es lo específicamente "espurio" de la toma de San Antonio, Donoso precisó explicitó que "aquí ha habido un nuevo fenómeno en la proliferación de los campamentos... no en todos los casos, pero en algunos casos ha habido una actividad planificada de ciertos grupos que, de manera irregular se toman terrenos para hacer negocios en negro y para cobrar por esos terrenos".
"Y eso se ve, y hay varias consultoras que lo han refrendado, se ve como que ha habido una planificación deliberada, una cuestión con dolo, para extraer el recurso en una especie de actividad inmobiliaria".
Bajo esa definición, Donoso sostuvo que "creo que no debe validarse una toma así... ahora bien, lo que sí debe hacer el Estado, el gobierno local, es hacerse cargo del problema tal cual como lo reciben. Entonces ¿qué hacemos con las familias que terminan adquiriendo eso, pagando por esos servicios de manera informal, pero que tienen la necesidad de la vivienda, qué hacer con eso, cómo se gestiona, cómo hacerlos entrar en la fila?".
