El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, abordó las declaraciones del diputado de la UDI, Henry Leal, relativas a no descartar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el anuncio de expropiación de 100 hectáreas de la toma San Antonio.
En Radio Agricultura, el parlamentario dejo abierta la presentación de un libelo acusatorio contra el titular del Minvu. "Si necesitan armar una comisión investigadora o una acusación constitucional, está todo abierto", dijo y acusó que el ministro está "legalizando un delito. Usurpar es un delito en Chile".
Consultado al respecto, Elizalde apuntó que "una acusación constitucional de esta naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal. En este caso no hay una infracción legal, nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente".
Además, relevó que "el Gobierno del Presidente Piñera ha utilizado (esta herramienta) más veces que el Gobierno del Presidente Boric. Entonces cuando hay alternativas que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico y el Gobierno decide utilizar una de esas alternativas, una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional".
En esa línea, reparó que "es fácil criticar pero distinto es buscar soluciones y hacer que esas soluciones sean efectivas y lo cierto es que tenemos un desafío humanitario claro y el Gobierno ya desde hace muchos meses planteó la necesidad de adquirir esos terrenos por parte de los pobladores para llevar adelante un plan habitacional y por eso se estableció una mesa técnica para generar un acuerdo, pero ese acuerdo no fue posible".
Con todo, sostuvo que "el llamado que haría es, en el debate democrático todos podemos tener distintos puntos de vista, las decisiones que toma la autoridad pueden ser compartidas o no por parte de los ciudadanos y ciudadanas, en Chile existe libertad de expresión, pero no confundir eso con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad que es el fundamento de una acusación constitucional, que en este caso no existe".
"En caso contrario, entonces habrían violado la constitución y las leyes todas las autoridades del Gobierno del Presidente Piñera que llevaron adelante estas expropiaciones", apuntó.
