La toma de
San Antonio ha vuelto a poner en el debate la crisis derivada de las ocupaciones ilegales de terrenos -ya sea públicos o privados- y las soluciones que deben impulsar las autoridades.
El último intento de salida de la crisis por parte del Gobierno fue anunciar la expropiación de 100 de las 215 hectáreas que componen los terrenos usurpados en San Antonio, terrenos por los cuales se pagará $11 mil millones a los dueños.
El tema ha causado controversia: por un lado, expone el problema del loteo irregular de terrenos, la crisis habitacional que sigue sin poder erradicar los campamentos, y el drama humanitario que se genera al intentar desalojar a miles de familias.
Asimismo, voces de oposición han acusado que la expropiación se convierte en una "mala señala" para usurpadores de terrenos, y facilita el "saltarse la fila" de miles de personas que esperan una respuesta habitacional y han actuado por la vía legal.
La polémica escaló este viernes, luego que se conociera que los recursos para pagar los montos por la expropiación saldrán de fondos no ejecutados para vivienda, los que fueron devueltos por los Serviu regionales.
Toma de Alto Hospicio
Un caso similar al de San Antonio ha enfrentado la toma Alto Molle en Alto Hospicio, en la Región de Tarapacá.
El pasado 9 de octubre se cumplieron los primeros tres meses de un total de seis de plazo que la Corte Suprema dio para abandonar la ocupación ilegal. De acuerdo a lo que consignó El Mercurio, la medida corre para quienes habitan el lote Z dos del predio usurpado desde enero de 2018, tras un recurso de protección interpuesto por la propietaria del terreno de 18 hectáreas, la Sociedad Educacional Inmobiliaria Comercial e Inversiones Belén Limitada.
Los terrenos involucrados están hacia el oriente del Hospital de Alto Hospicio y tenían como objetivo la construcción de viviendas sociales, un proyecto que no llegó a puerto tras la instalación de viviendas ilegales.
El fallo del pasado 9 de julio estipula que la Municipalidad de Alto Hospicio deberá "coordinarse con los ministerios de Interior, de Vivienda y Urbanismo, de Bienes Nacionales y de Desarrollo Social" para llevar a cabo el proceso de desalojo y definir un espacio temporal de albergue para las familias desplazadas.
Esta semana, la delegación presidencial regional dio los primero pasos para cumplir con la orden de desalojo, que implica la elaboración de un catastro, crear una estrategia de trabajo y el albergue. Entre los avances, se espera que el catastro finalice a mediados de la próxima semana.
Nuevo Amanecer en Cerrillos
La toma "Nuevo Amanecer", ubicada en la comuna de Cerrillos, tiene cerca de 40 hectáreas de ocupación ilegal y comenzó en julio de 2020, en pandemia.
De acuerdo a los datos que entregó en 2024 la alcaldesa Lorena Facuse a Emol, "en julio del 2021 ya vivían 10 mil personas ahí, que fue la fecha en la que yo asumí aproximadamente como alcaldesa". Ahora, agregó, "se estima que viven alrededor de 14 mil personas".
En tanto, los terrenos pertenecen a privados y "hay una parte más pequeña que es de Maipú", comentó la jefa comunal.
De acuerdo a la caracterización que se ha hecho de los habitantes el 95% de las personas que viven ahí son extranjeras, principalmente haitianas, pero también hay personas venezolanas y peruanas.
En dicha toma se han protagonizado varios delitos -incluyendo homicidios-, lo que ha resultado preocupante para las autoridades en materia de seguridad. A ello, se suma que antes el sector era un vertedero.
Otro de las problemáticas de la toma, en palabras de la alcaldesa, es que "el origen de esta toma fue que en gran parte se lotearon estos terrenos de manera irregular, la gente compró terrenos, por supuesto sabiendo que eso no era regular, y comenzó a construir sus casas, y de material sólido, y la gente no está organizada en comités".
Tomas en Maipú
En la comuna se emplazan al menos cuatro campamentos de grandes proporciones: En el eje Camino a Melipilla con Av. Los Pajaritos se ubican las tomas Vicente Reyes, Latinoamericano, El Trébol y Santa Marta. Todas tienen distinta fecha de proliferación.
El de Santa Marta, ubicado específicamente en camino a Melipilla, comenzó con sus instalaciones en 2022, es decir, en pandemia.
Sus habitantes son principalmente de origen haitiano y venezolano, y según catastro del municipio, viven cerca de 600 familias en unas 20 hectáreas.
En 2024, la consultora inmobiliaria GPS Propety, detalló que el costo de remediación de un terreno utilizado anteriormente como vertedero sería de US$100 millones, considerando 3.110 viviendas de 55 metros cuadrados en promedio.
"Un proyecto habitacional de este tamaño requiere de al menos unos 4 años de desarrollo, considerando ubicación de terreno, permisología y construcción", afirmaron.
En los últimos días, la Municipalidad de Maipú dio a conocer que, tras meses de gestiones, durante este mes de diciembre se desarrollará el desalojo y demolición de las estructuras emplazadas en el campamento El Trébol, uno de los cuatro que existen en el lugar.
"En el sector de El Trébol pasa un gaseoducto, un oleoducto, hay vertimiento de aguas servidas en canales que luego son utilizados para riego", señaló el alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic.
En esa línea, explicó que "hay muchos efectos que ponen en riesgo tanto la vida de quienes viven en el campamento como de los vecinos de la comuna".
Toma Cerro Chuño, en Arica
Pasó de ser una zona donde incansablemente se buscó una solución por la presencia de polimetales, a un verdadero fortín de Los Gallegos, célula del Tren de Aragua. El Cerro Chuño, en Arica, se ha convertido en los últimos cuatro años en escenario de homicidios, hallazgo de cuerpos enterrados, explotación sexual, venta de droga y otros tantos ilícitos de la criminalidad organizada.
La historia parte entre los años 1984 y 1986, con la empresa chilena Promel, que importó desde Suecia a la compañía Boliden alrededor de 20 mil toneladas de barros metálicos que contenían mercurio, arsénico y plomo con la finalidad de ser procesados.
Años más tarde, la firma se declaró en quiebra, sin haber tratado estos residuos, y los dejó a la intemperie cerca de las poblaciones Cerro Chuño y Los Industriales de Arica provocando intoxicación en sus habitantes y serios daños en la salud.
En mayo de 2012 se publicó en el Diario Oficial la Ley 20.590 que "establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica", y entre otras cosas, acuerda reubicar a las familias con el compromiso de demoler las viviendas del sector para que nadie quede expuesto a contaminación.
Sin embargo, son varias las autoridades de la zona que han criticado que aquello no se ha cumplido. De hecho, aquello dio pie para que personas que buscaban un lugar donde vivir, se hicieran parte de la toma de casas que siguen en pie.
En noviembre de 2024 se realizó la primera etapa de desalojo, oportunidad en la que se recuperaron 3.8 hectáreas que servirán para la ampliación del cementerio municipal que hoy se encuentra colapsado.
"Con el nuevo desalojo se suman nuevos polígonos que permitirán recuperar la extensión de las calles, el libre tránsito de personas y vehículos, además de la mantención de torres eléctricas que aseguran el suministro para la ciudad", señalaron desde Bienes Nacionales.
En tanto, el pasado 26 de mayo, se concretó la segunda etapa del desalojo, correspondiente a ocho hectáreas ilegalmente ocupadas, 3,5 de ellas habitadas en distintos lotes.
