La agenda política de esta semana ha estado marcada por la decisión del Gobierno de expropiar parte del terreno donde se emplaza
la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio. La medida ha sido criticada con firmeza por los propietarios del predio, la oposición y comités de vivienda que llevan años buscando un hogar a través de los procesos regulares. Todo esto, mientras siguen las interrogantes respecto a cuándo se llevará a cabo el desalojo del lugar.
Según explicó el Ejecutivo el martes, la expropiación incluye 100 hectáreas de las 215 que constituyen el total del terreno, con la finalidad de construir un proyecto habitacional.
El plan del Gobierno consta de dos fases. La primera tiene que ver con cumplir con el desalojo de la megatoma, mientras que la segunda corresponde a la expropiación propiamente tal, la cual tendrá un valor de
11.000 millones de pesos.
Con todo, son varias las aristas que aún quedan por dilucidar. Conoce aquí los cinco puntos clave a tener en cuenta.
El desalojo
Este sábado se supo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por el Gobierno y dio por iniciado el proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela.
El plan presentado el viernes por el Ejecutivo contempla el desalojo del 50% de la megatoma, correspondiente a los sectores no incluidos en las 100 hectáreas que se expropiarán y que incluye a cerca de 2.200 familias que no forman parte de las cooperativas de vivienda.
Según explicó El Mercurio,
el desalojo se llevaría a cabo en 2026, aunque no hay certezas de la fecha exacta, luego de que el alcalde de San Antonio, Omar Vera (independiente de izquierda) mencionara el 4 de enero como el gran día.
"Estamos presentando una propuesta de fecha, considerando las restricciones debido a la necesidad de apoyarnos en Carabineros", explicó el viernes el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Yanino Riquelme, considerando que las próximas semanas estarán marcadas por eventos como la peregrinación de Lo Vásquez de este lunes, la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
La autoridad también explicó que durante el desalojo se recurrirá a la fuerza pública en caso de que las personas se nieguen a abandonar la zona.
El plan también contempla
la implementación de albergues transitorios para los desalojados. Según El Mercurio, la Municipalidad de San Antonio trabaja en la habilitación del gimnasio del Colegio España, con capacidad para 38 familias cada tres días.
Asimismo, el delegado Riquelme adelantó el viernes que el Ministerio de Desarrollo Social está habilitando otro albergue de menor capacidad.
Polémica por montos destinados
Una de las grandes polémicas que rodean este proceso tiene que ver con los casi $11 mil millones de pesos que el Gobierno destinará para la expropiación del territorio. Este monto corresponde a fondos de proyectos no ejecutados de las regiones de Aysén, Los Lagos, La Araucanía, Ñuble y Los Ríos.
Según explicó a El Mercurio el jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Ministerio de Viviendas y Urbanismo (Minvu), Andrés Palma, "este año el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores: al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año".
En esa línea, recordó que "hasta 2024, podían ser gastados en más de un año, pero ahora, que muchos Serviu vieron que no iban a gastarlos antes del 31 de diciembre,
empezaron a devolver esos recursos". Esto fue, entonces, lo que ocurrió "con una compra de terrenos en Coyhaique, del orden de los $4 mil millones; otra en Castro, de aproximadamente $3 mil millones, y otras en las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Ñuble".
De esta forma, agregó Palma, "nos vimos con una disponibilidad de recursos que no estaba planificada y que permitió destinar los fondos para San Antonio". El funcionario enfatizó que estos fondos, de no ser utilizados, "no habrían quedado para el Presupuesto 2026 de Asentamientos Precarios, sino que se devolvían al Tesoro Público, como parte del ahorro nacional".
Pese a las explicaciones, las críticas no se hicieron esperar. En diálogo con Emol, el diputado por Aysén Miguel Ángel Calisto (Ind.) comentó que "es inaceptable que el Minvu de Aysén haya devuelto recursos al gobierno central cuando en la región existen proyectos de vivienda en Chile Chico, Puerto Aysén y Coyhaique esperando recursos para compra de terreno. En esta historia alguien miente".
Por su parte, el alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica (DC), exigió "respuestas inmediatas": "¿Por qué la Región de Aysén dejó recursos sin ejecutar y quién permitió que esos fondos terminaran disponibles para resolver problemas en otra región? Estos montos eran para nuestras familias y alguien decidió no usarlos", alegó.
En tanto, el senador de Los Lagos Iván Moreira (UDI) reclamó que "aquí había recursos asignados para familias que llevan demasiado tiempo esperando una solución, y esos fondos se desviaron para cubrir un problema que el Estado dejó crecer durante años. Eso es lo que indigna, que la falta de gestión del Gobierno termine pagándola la gente de nuestras regiones".
Posible acusación constitucional
Con esta polémica, desde la UDI afirmaron que están estudiando la posibilidad de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, lo que fue criticado con fuerza por el Gobierno.
En conversación con Radio Agricultura, el jefe de la bancada UDI en la Cámara de Diputados, Henry Leal, sostuvo que "si necesitan armar una comisión investigadora o una acusación constitucional, está todo abierto".
"Lo que está haciendo el Gobierno y el ministro Montes es gravísimo,
con esta conducta expropiatoria se están convirtiendo en cómplices de una ilegalidad y están incumpliendo lo que es la Constitución, el derecho a la propiedad", agregó el parlamentario.
Las palabras del diputado fueron criticadas por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien afirmó que "una acusación constitucional de esta naturaleza implica alguna infracción constitucional o legal. En este caso no hay una infracción legal, nuestro ordenamiento jurídico establece la expropiación como una herramienta que va de la mano con la indemnización correspondiente".
"El Gobierno del Presidente Piñera ha utilizado (esta herramienta) más veces que el Gobierno del Presidente Boric. Entonces cuando hay alternativas que nos otorga nuestro ordenamiento jurídico y el Gobierno decide utilizar una de esas alternativas, una persona legítimamente puede tener una diferencia política, puede no compartir esa decisión, pero no puede señalar que es ilegal o inconstitucional", añadió el ministro.
Señal de alerta ante posibles usurpaciones
Por otro lado, hay quienes advierten que la decisión del Gobierno sienta un mal precedente y podría incentivar nuevas tomas de terrenos.
"A pesar de que el Gobierno diga que el de San Antonio es un caso excepcional, se está dejando un precedente de que la toma es un mecanismo legítimo para forzar negociaciones, presionar y sacar algo con el terreno usurpado", indicó a El Mercurio de Valparaíso Ignacio Aravena, investigador de la Fundación Piensa y académico de la Universidad de Oxford en Reino Unido.
"Mientras más grandes sean las tomas, más mediáticas son, y así se genera un incentivo a que los campamentos continúen creciendo ¿El problema? Este es sólo uno de los 1.400 campamentos que tenemos a nivel nacional", agregó el especialista.
