Un efecto de los procesos electorales es la postergación de ciertos debates. En este caso, el balotaje entre el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, este domingo 14 de diciembre, ha derivado al rezago de asuntos como la reforma al sistema político, la acusación constitucional política contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, y la negociación por el reajuste del sector público.
En lo primero, el Gobierno ha sincerado su decisión de dejar para después de las elecciones la tramitación de la reforma, advirtiendo "cálculos de corto plazo" a la hora de debatir un proyecto de orden político. La misma intención tendría para discutir el pliego de la Mesa del Sector Público, contra la voluntad de los gremios de zanjar el reajuste cuanto antes. En tanto, la comisión revisora del líbelo contra Simpertigue, pasaría el informe de la acusación el próximo 10 de diciembre, al filo del balotaje.
Reforma política
La intención del Ejecutivo es insistir en la tramitación de su proyecto de ley, que moderniza los requisitos en la constitución de partidos, refuerza el rol de los comités parlamentarios y modifica las normas de financiamiento, y que se encuentra en la comisión de Gobierno del Senado, luego de los comicios.
Hoy, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, advirtió que en época electoral "se dicen cosas, se hacen afirmaciones que no corresponden a la realidad, todos tratando de llevar agua hacia su propio molino y respecto de las reformas políticas que tienen impacto en los partidos, claro, a veces hay cálculos menores de corto plazo y, por tanto, después de las elecciones se tiene quizás la posibilidad de mirar en el largo plazo".
"En ese momento se puede pensar más en lo que el país necesita. Y, por tanto, eso genera una mejor dinámica", añadió, acotando que "es altamente probable que incluso la votación en la comisión de Gobierno se realice antes de la segunda vuelta".
Con todo, la demora en la tramitación del proyecto provoca la aprensión de algunos. El presidente de la Cámara, José Luis Castro (RN) comentó que "el Ejecutivo tiene toda la potestad de poder ponerle alguna clase de urgencia al proyecto (...) creo que todo puede ser conversable, pero el problema está en que si lo ponen para el juramento del 11 de marzo, lo veo difícil".
Cabe destacar que en paralelo, se tramita en la Cámara la reforma política presentada por senadores. La iniciativa, ampliamente resistida por los diputados, incluye el umbral del 5% de entrada al Congreso y la perdida de escaños para la bancada con parlamentarios que se aparten del partido del que fueron elegidos.
Simpertigue
En el Congreso está en pleno desarrollo la comisión revisora de la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, que impulsaron los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, luego que el jurista apareciera vinculado en la trama Bielorrusa.
Esta semana, la instancia presidida por la diputada Maite Orsini (FA), recibió al exministro de Justicia, Isidro Solís; al abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba y al presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Marcelo Acevedo, quienes recomendaron a los legisladores continuar con el juicio político, en tanto el ministro debió inhabilitarse de los casos en los que se le acusa de falta a la probidad e imparcialidad.
Este miércoles, la comisión zanjó como itinerario que esperará a la respuesta de Simpertigue hasta este sábado y se le invitará a él o a un representante de su defensa para que comparezca el martes 9 de diciembre.
Ese mismo día, la instancia busca votar el pronunciamiento favorable o negativo sobre el líbelo, de manera que la Cámara tendría el informe para votar el miércoles 10 de diciembre. Por su presunto impacto en el debate electoral, parlamentarios no estarían por abordar el juicio hasta pasar el balotaje.
Mesa sector público
Otra coyuntura en curso es la negociación del reajuste del sector público, que ya comenzó a abordarse este jueves entre el Gobierno y la mesa de gremios encabezada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El alza salarial que exige el sector es del 2% real.
Este año, marcado por las postrimerías del Gobierno de Boric, el Ejecutivo buscaría zanjar el tema después de la elección presidencial. Laura San Martín, coordinadora de la Mesa del Sector Público, relevó que "explicamos nuestro petitorio, los ejes importantes para nosotros, pero tenemos un problema con el calendario para negociar".
"Queremos negociar antes de que sean las elecciones presidenciales. Independientemente de que el Parlamento va a ver el proyecto en sus tiempos, nosotros no podemos incidir en eso, pero sí incidir en la negociación. Así que esperamos que las autoridades del Gobierno nos den una fecha para negociar", sostuvo, aseverando que "nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar todos los días, las 24 horas".
Entre el petitorio de la mesa está el que ningún trabajador que se desempeñe en el sector público obtenga un ingreso mensual por estamento inferior de $591483 si son auxiliares, $658.275 si se trata, administrativos, y $700.241 si son técnicos. Así también la mejora de las bonificaciones de navidad, vacaciones y Fiestas Patrias.
