La decisión del Gobierno de expropiar 100 de las 215 hectáreas del total del terreno de la toma ubicada en el Cerro Centinela, en la comuna de San Antonio, acrecienta la incertidumbre sobre el futuro de sus residentes.
La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el plan de ejecución presentado por el Gobierno, donde se detalla que se hará efectiva la expulsión de la mitad de personas de la toma, alrededor de 2.200 familias.
Uno de los paraderos de las primeras familias que serán retiradas, de acuerdo a las autoridades en enero próximo, será el Colegio España. Este recinto fue dispuesto por la Municipalidad de San Antonio, quienes en un comunicado notificaron que "se ha activado un protocolo de respuesta integral para resguardar a las familias afectadas por el desalojo", siendo la habilitación de la escuela una de las decisiones inmediatas.
Ubicado en la localidad de Llo-lleo, el colegio tiene una capacidad para 116 personas, cerca de 38 familias, y su uso no afectaría al "desarrollo académico al operar en temporada estival", agregó el municipio, mientras que autoridades de la comuna han detallado que las instalaciones dispuestas, como el gimnasio, están segregadas del resto del colegio.
Los primeros en llegar serían familias prioritarias, quienes son "mujeres embarazadas, con niños, adultos mayores, personas con discapacidad y personas que requieran un apoyo especial", explicó Marcelo Alfonsi, encargado de Gestión Habitacional de la Secretaría Comunal de Planificación, para el Diario El Líder de San Antonio.
Sin embargo, el pasado 25 de noviembre se realizó una fiscalización al próximo albergue encabezada por la municipalidad y el Instituto de Derechos Humanos (INDH), en donde la conclusión fue que "el espacio NO cumple con condiciones mínimas de habitabilidad” y que “no está en condiciones reales de operar".
La gran preocupación vecinal
De acuerdo con la incertidumbre que rodea a la problemática, la comunidad se ha mostrado alerta respecto al futuro del barrio.
"Los vecinos de alrededor del colegio están bastante preocupados respecto a que lo que podría suceder. El albergue tiene que tener seguridad, tiene que tener servicios de salud y servicios para las niñas y las personas con problemas de discapacidad. Es un equipo bastante grande que el municipio tiene que instalar en el albergue", explica Milko Caracciolo, concejal en San Antonio.
Otras de las conclusiones negativas del informe fueron una "dificultad para cumplir protocolos mínimos" y la "insuficiencia de recursos para un control sanitario constante".
"Si realmente queremos cumplir con los protocolos de legislación vigentes respecto a Derechos Humanos, los espacios que tenemos en San Antonio no tienen la capacidad necesaria. No fueron diseñados para ser albergues ya que no reúnen las condiciones sanitarias, incluso deben tener una cocina comunitaria, y para eso no tenemos la capacidad necesaria", agrega el concejal.
Por otra parte, desde la mirada vecinal se muestran reacios a la medida. "Nosotros como Junta Vecinal no estamos de acuerdo con el albergue, principalmente por razones ligadas a la inseguridad y la delincuencia. Obviamente que vamos a estar afectados", dice una dirigente de la Junta Vecinal Las Dalias, de la localidad de Llo-lleo, quien evitó entregar su nombre.
"A nosotros nadie nos consultó en primera instancia si estaríamos de acuerdo o en desacuerdo con tener un albergue al lado de nuestras casas. Aunque digan que va a estar resguardado, igual van a estar deambulando personas que no son del sector", añade la vecina de la junta.
Desde la concejalía difieren respecto a la visión de los vecinos respecto al tema de seguridad, haciendo énfasis en que "hay que descriminalizar a los campamentos".
"En ellos sí hay acciones delictuales, pero también la hay en otros lugares cercanos como el Quisco o Rocas de Santo Domingo. No es que exista un nido de delincuentes en la toma. Pero claramente la sensación que se tiene es que va a llegar gente con acciones delictuales al lugar. Y es una sensación que lamentablemente se ha utilizado para generar una contraposición entre vecinos", agrega Caracciolo.
"La Municipalidad de San Antonio tiene que disponer de albergues para las personas eventualmente desalojadas. Y la verdad es que no hay información clara ni tampoco recursos asociados que el municipio haya informado que va a disponer", agrega José Manuel Ibarra, también concejal de la comuna.
