El objetivo de la normativa es fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, modificando la ley N° 18.695 de Municipalidades.
Una de las claves respecto a la iniciativa y que mantiene alarmada a las autoridades municipales es la demora que ha significado su tramitación.
Cabe destacar que el proyecto de ley, que ingresó en mayo de 2023 a la Cámara, a fines de noviembre fue despachado por el Senado a tercer trámite con distintas enmiendas, las que fueron aprobadas la tarde de ayer.
Sebastián Sichel (IND-Chv), alcalde de Ñuñoa, se mostró preocupado por el tiempo que lleva en discusión la iniciativa, alertando que con el cambio de gobierno se podría atrasar todavía más la puesta en marcha.
"Mi preocupación es que el reglamento se demore otro año más, y por lo tanto lo que queríamos resolver hace dos años y medio se resuelva en 3 años y medio. Y eso es una torpeza. Yo creo que el gobierno tiene un posición predefinida y es hora de que saque el reglamento", planteó para el noticiario 24 horas.
De la misma manera, Gustavo Alessandri (IND-RN), presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), comparte la preocupación.
"La ley es un avance histórico, pero sin reglamento y sin recursos oportunos corre el riesgo de transformarse en un marco simbólico mientras nuestros equipos siguen enfrentando la inseguridad con las mismas herramientas de siempre", afirmó.
Por otra parte, Luis Cordero, ministro de Seguridad, valoró "el esfuerzo colectivo" detrás de la iniciativa y se mostró optimista respecto al futuro de la ley.
"Nosotros nos hemos dedicado a sentar las bases de implementación para el funcionamiento regular, de modo que la próxima administración no tenga ningún inconveniente. Y este proyecto tiene una particularidad adicional, ya que genuinamente convoca a todos los sectores", sostuvo para 24 horas.
Comité operativo de seguridad e Inspector de Seguridad Municipal
Otra de las claves es la creación del Comité Operativo de Seguridad, un organismo que busca fortalecer la coordinación entre municipios, el Ministerio Público, las Fuerzas de Orden y los Gobiernos Regionales. Este será liderado por el alcalde o alcaldesa e integrará representantes del Ministerio Público, y a los directores de Seguridad, Carabineros y PDI.
Además, en la misma línea de mejorar la coordinación, la ley establece la creación de un Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal, regulando requisitos, funciones, inhabilidades, prohibiciones y controles que deberán seguir. Además, con estas medidas se considera que los municipios podrán recibir información de las fuerzas de orden y seguridad.
También se habilita la contratación de personal vía Código del Trabajo, regulando la contratación a través de asociaciones municipales de seguridad.
El reglamento
La normativa establece el deber de suministrar equipamiento de seguridad a los inspectores e inspectoras municipales, los cuales se definirán en un reglamento.
Respecto a este último, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), cree que es fundamental conocerlo, ya que "definirá la verdadera musculatura de la ley".
En pos de profesionalizar a los inspectores de seguridad municipal, uno de los puntos más relevantes es incorporar en este reglamento elementos que resguarden la vida e integridad física, como chalecos, cascos, bastones retráctiles, esposas, gas pimienta y dispositivos de pulsación eléctrica, entre otros. Sin embargo, es clara en señalar que no podrán proporcionarles utensilios cortantes o punzantes, armas de fuego y otros.
"Ahí se detallará exactamente qué elementos defensivos podrán usar los inspectores. Del reglamento dependerá cómo se normará, por ejemplo, el uso de elementos lacrimógenos y de las pistolas teaser, que son herramientas clave para enfrentar situaciones de riesgo sin recurrir a medios letales", explica Alessandri.
"Hoy día para aportar en lo que aportamos, que básicamente es llegar primero que carabineros al lugar de los delitos, necesitamos tener la capacidad de retener a alguien que está cometiendo un delito infraganti. Si no tenemos esa potestad nuestro trabajo es solo mostrar cámaras e imágenes de los delitos que ya ocurrieron, y ahí creo que nos farreamos una tremenda oportunidad", agregó Sichel respecto a este punto.
Por su parte, Rodrigo Contreras, alcalde de Paine y presidente de la Asociación de Municipalidades Rurales, sostuvo que "más vale tarde que nunca", destacando la normativa cuya tramitación comenzó en mayo de 2023 y que da lineamientos claros de sus atribuciones y funciones preventivas, en especial con el reconocimiento de la función de los inspectores de seguridad municipal.
"Sin embargo, como AMUR, debemos ser claros en señalar que aún persisten vacíos muy importantes, por ejemplo, en materia de seguridad y protección para los inspectores municipales o en el uso de la fuerza, y vemos posibles conflictos que puedan existir en materia de descoordinación entre las policías y fiscalía", concluyó.
