Nuevos antecedentes surgen en torno a la operación denominada como "Apocalipsis", que culminó con 44 gendarmes detenidos por presuntamente conformar una red de corrupción que operaba principalmente en el penal Santiago I.
Durante el operativo, un grupo de gendarmes se encontraba consumiendo alcohol y drogas al interior de este último recinto, según consignó El Mercurio.
Cuatro funcionarios sorprendidos intentaron deshacerse de bolsas con ketamina, pero acabaron detenidos en flagrancia, además de que algunos gendarmes intentaron correr y botar en los baños la droga que guardaban en los techos.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, dijo en Radio Cooperativa esta mañana, al ser consultado sobre aquello, que "hay detalles que yo no le puedo entregar, porque son parte de la investigación", aludiendo a que el Ministerio Público revelará dicha información este viernes en el marco de la audiencia de formalización de cargos.
En tanto, el secretario de Estado criticó en diálogo con Radio Infinita
al exfiscal nacional Jorge Abbott (su gestión fue entre el 2015 y 2022), indicando que hubo una "mala acogida" a la Operación Apocalipsis en 2022: "Lamentablemente el fiscal de la época consideró que no era necesario constituir estos focos penitenciarios".
Consultado sobre por qué cree que Abbott arribó a esa determinación, Gajardo indicó que "por una parte estaba terminando su mandato; por otra parte, creo que no se le tomaba el peso a lo que estaba ocurriendo en los establecimientos penales, no se evidenciaba la importancia que tenía para combatir la delincuencia y para desarticular las bandas de crimen organizado".
Reforma
Tras la operación, el Presidente Gabriel Boric anunció una reforma a Gendarmería. Sostuvo que "esta situación nos obliga a hacer un cambio institucional: he tomado la determinación de enviar al Congreso una reforma constitucional respecto de Gendarmería de Chile para separar las funciones de seguridad pública de las de reinserción social".
Detalló que la iniciativa busca que el organismo sea "una institución de seguridad pública" por lo que dependería del Ministerio de Seguridad Pública, mientras que las competencias de reinserción "quedarán alojadas en el Ministerio de Justicia en una nueva institución a cargo de esta materia".
Consultado sobre la reforma en Radio Cooperativa, el titular de Justicia afirmó que "creo que tenemos todo el espacio, precisamente porque la política penitenciaria tiene que ser una política de Estado".
Comentó que "vamos a presentar este proyecto muy pronto, cosa de que al comienzo o al retorno del receso legislativo se comienza a discutir inmediatamente" en enero.
