El titular del Interior,
Álvaro Elizalde, abordó la cifra de casi
33 mil funcionarios públicos que habrían ingresado a trabajar durante este gobierno, y que serían beneficiados con la ley de "amarres", argumentando que muchos fueron reubicados desde el mundo municipal para cumplir nuevas funciones.
Esto tras un análisis publicado por Emol y realizado por el centro de estudios
Horizontal, el cual elaboró un cálculo en base al Informe Trimestral de Recursos Humanos de la Dirección de Presupuestos (Dipres). De ahí se desprende que los funcionarios "a contrata" que ingresaron en el actual Gobierno y que se verían beneficiados por la norma de "amarres" son
32.767.
"En lo que respecta al personal de confianza, los funcionarios que ingresaron a trabajar en el gobierno, en cargos de confianza, por adherir al programa del Presidente Boric, todos ellos cesan en sus funciones el once de marzo. Y esto significa que las nuevas autoridades podrán designar sus equipos de confianza para llevar adelante el trabajo correspondiente", partió señalando el ministro desde La Moneda.
Sobre los datos de Horizontal, Elizalde indicó que "hay una diferencia respecto de quienes se trasladaron, por ejemplo, de los municipios a los servicios educacionales o locales de educación. Entonces, por tanto, ahí es donde se ha planteado que las cifras son distintas".
Consultado por los números que maneja el Ejecutivo, respondió que "no le puedo dar la cifra exacta, porque esto ha estado actualizando mes a mes, pero a propósito del debate dimos cuenta que cuando se planteó el aumento de los funcionarios públicos, incluso se planteó tres veces la cifra que usted ha señalado, se aclaró que se trataba mayoritariamente de quienes fueron contratados para los servicios de salud, y aquellos que fueron trasladados del sector municipal a los servicios locales de educación pública, los Slep, correspondían, en este último caso, a personas que ya eran funcionarios públicos, pero de dependencia municipal", explicó.
AC contra Grau
Consultado por acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, la cual anunció la UDI, en caso de que no se retire la ley de amarres, Elizalde comentó que "respecto de la acusación constitucional, hay que ser bien claros, este instrumento está concebido con una finalidad distinta. Y si un parlamentario no comparte el contenido de un proyecto de ley, sea esto una moción, es decir, de origen parlamentario o un mensaje, es decir, teniendo su origen en una decisión del gobierno, del Poder Ejecutivo, lo que corresponde es que vote en contra de ese proyecto. Si está a favor, votar a favor, si está en contra, votar en contra".
"Pero es absurdo, jurídica y políticamente, que se utilice una amenaza de acusación constitucional respecto de un proyecto de ley. Eso transgrede lo que establece la constitución, no cumple con los fundamentos para presentar una acusación constitucional, y implica simplemente desnaturalizar el sentido de las instrumentos de fiscalización que establece la constitución respecto a los parlamentarios", recalcó.
Y agregó que "todos los parlamentarios que tienen cierto conocimiento del derecho y conocen la constitución, incluyendo parlamentarios de oposición, han señalado que una acusación de esta naturaleza carecería de sentido".
