La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al fiscal nacional,
Ángel Valencia, para solicitar el inicio de una investigación por "los graves hechos" de desorden financiero del Estado.
El hecho fue revelado por la Contraloría General de la República (CGR), que dio cuenta de que ministerios y municipios arrastran un profundo desorden financiero de US $17 mil millones en los últimos cinco años.
La cifra se obtuvo de la revisión de los estados financieros de 73 entidades públicas (50 del gobierno central y 23 del sector municipal) efectuadas entre 2020 y 2024. Y del total de esas entidades, ninguna pasó la prueba de la fiscalización, con un desorden financiero que convertidos ahora alcanzan los $15,9 billones.
En la misiva firmada por el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, y la subjefa Carla Morales, expresaron su "inquietud" ante los descubrimientos, lo que "deja entrever un complejo estándar de administración de los recursos fiscales, que tiene a los Ministerios de Defensa y de Vivienda y Urbanismo como las dos entidades públicas que concentran el mayor número de recursos objetados, contándose además otras instituciones de marcada relevancia social como la Central Nacional de Abastecimiento, distintos prestadores públicos de salud y entidades en materia de actividad económica".
"Este informe ha sido remitido por la Contraloría General de la República tanto a este Órgano Persecutor, como al Consejo de Defensa del Estado, de manera de que ambas instituciones resuelvan, en la esfera de sus atribuciones, ejercer la acción penal si así fuera procedente. En opinión de los diputados suscritos esto es sin duda algo necesario", señalaron.
A su juicio, "la cantidad de recursos objetados y que no se corresponderían con las actuaciones administrativas esgrimidas por las propias entidades públicas analizadas para su respaldo podrían dar cuenta de hechos delictivos cometidos por empleados públicos, hechos de corrupción o hechos que afecten gravemente el Patrimonio del Estado e incluso hipótesis de criminalidad organizada al interior del esquema administrativo".
En esa línea, compararon la situación con los casos Convenios y Fundaciones, y exigieron "el desarrollo riguroso de una investigación penal que permita esclarecer lo sucedido, perseguir a quienes resulten penalmente responsables y recuperar en la mayor medida posible los recursos mal empleados, lo que amerita la designación de un fiscal de dedicación exclusiva para abordar dicha tarea".
Por ello, solicitaron al fiscal Valencia "disponer un fiscal con dedicación exclusiva o preferente para el desarrollo de la investigación procedente ante los hechos relatados, o en su subsidio, hacer uso de la facultad que le entrega el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público".
Además, pidieron "designar a un Fiscal Regional para que, frente a la gravedad de los hechos, asuma la dirección de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la protección de las víctimas o testigos".
