Un nuevo cara a cara tienen el defensor de la Niñez,
Anuar Quesille, y el alcalde de Santiago,
Mario Desbordes, por los hechos de violencia que ocurren en los liceos emblemáticos.
Fue hoy en T13 Radio que Quesille fue consultado por si se opondría a la aplicación de la Ley Aula Segura para algún estudiante involucrado en algún episodio de violencia. Al respecto, señaló que "ese ha sido un mito que ha instalado el alcalde Desbordes".
Según relató, ha revisado "todos los oficios que la Defensoría de la Niñez ha enviado a propósito de Aula Segura, desde la gestión de la exdefensora Patricia Muñoz, desde el año 2022, a los oficios que yo he enviado a distintas autoridades, no solamente a los municipios. En ninguno de estos oficios se impide o se prohíbe aplicar una normativa vigente".
En esa línea, afirmó que "esta ley tiene problemas de cumplimiento de estándares (....), pero jamás en mi rol de defensor de la Niñez le podría impedir a una autoridad ni a nadie aplicar una ley que está vigente".
"El alcalde me ha catalogado como un activista de izquierda, que de una u otra forma avalo la violencia que ejercen estos grupos minoritarios", afirmó, pero defendió que su foco ha sido que "hay que hacerse cargo de la violencia, pero no descuidar las demandas históricas que tienen los estudiantes para efectos de solucionar el tema".
A modo de respuesta, desde la Municipalidad de Santiago señalaron que se "rechaza de manera categórica las declaraciones y acciones impulsadas por el Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, las que no solo carecen de sustento jurídico y conexión con la realidad que viven nuestras comunidades educativas, sino que además entorpecen gravemente el deber del municipio de resguardar la vida, seguridad e integridad de estudiantes, docentes y funcionarios".
En esa línea, reafirmaron que "todas las medidas adoptadas en los establecimientos emblemáticos de la comuna, incluido el Internado Nacional Barros Arana (INBA), se han ejecutado con total apego a las normas vigentes, a la Ley Aula Segura y al debido proceso, priorizando siempre el derecho de la gran mayoría de los estudiantes a estudiar en un ambiente seguro y libre de violencia".
"Resulta inaceptable que la Defensoría de la Niñez pretenda erigirse como un poder de veto frente a herramientas legales que el ordenamiento jurídico entrega al sostenedor para enfrentar hechos de extrema gravedad. La presentación de acciones administrativas para impedir la aplicación de Aula Segura no contribuye a la protección de los estudiantes; por el contrario, termina dando cobertura y respaldo indirecto a conductas violentas que han puesto en riesgo real y concreto la vida de niños, jóvenes y trabajadores de la educación", apuntaron.
En esa línea, ejemplificaron con que "hoy el Internado del INBA, que históricamente albergó a más de 2.000 estudiantes, apenas cuenta con alrededor de 200. Esa dramática caída en la matrícula es el reflejo de años de permisividad y de la incapacidad de algunos actores de asumir que sin orden ni seguridad no hay derecho a la educación posible. En tanto el Liceo de Aplicación bajo su matrícula a la mitad entre 2021 y 2024, lo anterior, debido a la violencia extrema que impide otorgar el servicio educativo".
"La Municipalidad de Santiago reitera que seguirá ejerciendo todas las facultades que la ley le otorga para enfrentar esta crisis, sin ceder a presiones ni a discursos que desconocen la gravedad de los hechos. Nuestro compromiso es con las familias, con los estudiantes que sí quieren aprender y con el deber ineludible de garantizar espacios educativos seguros", aseguraron.
Asimismo, Desbordes señaló que "lamento que el Defensor de la Niñez esté del lado de quienes promueven o justifican la violencia y no del lado de la inmensa mayoría de estudiantes y familias que lo único que quieren es estudiar en paz. Quien no cumple su rol y se dedica a bloquear las herramientas legales para proteger a los niños, está entorpeciendo nuestro trabajo".
En tanto la directora de Educación de la Municipalidad de Santiago, Pilar Sazo, sostuvo que las declaraciones de Quesille "entorpecen nuestra labor y nos impiden entregar un servicio educativo adecuado. La Municipalidad de Santiago ha recurrido a toda la normativa para poder entregar paz y tranquilidad a las comunidades educativas".
