Un año de protagonismo tuvo la Contraloría General de la República, bajo el mando de su titular, Dorothy Pérez. Ratificada en el cargo en noviembre del 2024, la abogada se erigió como la primera mujer en liderar el ente contralor en Chile, siendo este el primer hito de varios en lo que ha sido su exhaustiva conducción de la entidad.
La elaboración de lapidarios informes y la innovación en las metodologías de rastreo, son asuntos que han escalado el prestigio de la abogada.
Entre otros reconocimientos, Pérez obtuvo el galardón de figura del año del Premio al Mérito UNAB 2025 y se alzó como una figura clave en instancias como Enade y la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric.
Licencias
La acción más destacada de la Contraloría bajo la conducción de Pérez este año fue en el mes de mayo, con el informe que develó miles de licencias médicas sospechosas de uso indebido en el sector público.
En concreto, el organismo identificó que más de 25.078 funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con reposo médico. La masividad del uso indebido de este derecho abrió un debate nacional sobre ética y responsabilidad en el sector público.
Tiempo más tarde, la fiscalización arrojó un total de 2.892 funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas, Gendarmería y la Policía de Investigaciones que también salieron del país mientras cursaban una licencia médica entre 2023 y 2024. Ambas situaciones derivaron al inicio de sumarios masivos y la petición de Pérez al Congreso de dotar de mayores facultades de fiscalización a la Contraloría.
Cabe destacar que, para dar con esta irregularidad, el organismo cruzó las bases de datos de la PDI sobre las salidas del país, con el registro de licencia médicas de la Suseso, lo que fue motivo de elogio para la entidad.
Por este hecho, la conducción de Pérez sobre la CGR le valieron aplausos en Enade 2025, donde fue destacada por su exposición sobre el buen uso de los recursos públicos.
Irregularidades por 1,5 billones de pesos
Otro lapidario informe publicó en junio la Contraloría, revelando irregularidades por más de $1,5 billones en distintas reparticiones del Estado.
Al dato se llegó tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, con irregularidades que también ocurrieron en 2023 o años anteriores. Entre las entidades, estuvieron involucradas municipalidades, gobiernos regionales, delegaciones presidenciales, empresas, corporaciones y organismos vinculados al deporte, salud y medioambiente, entre otros.
En ese entonces, el organismo ilustró que la mayoría de las irregularidades correspondía a incumplimientos a normas contables y/o presupuestos, falencias asociadas al cumplimiento de contratos, deficiencias en el proceso de rendición de cuentas, deficiencias asociadas al manejo de fondos, incumplimientos asociados a ingresos, deficiencias en el proceso de adquisiciones, y gastos improcedentes o sin respaldo.
Carabineros
En julio trascendió otro informe de la Contraloría que dio cuenta de graves fallas en Carabineros. La revisión expuso que entre 2023 y 2024, no incautaron 626 autos robados y no detuvieron a 144 prófugos en controles vehiculares, además de no retirar otros vehículos por infracciones, reportando problemas de protocolo, fallas tecnológicas y problemas logísticos.
Esta información llevó a la CGR a instruir sumarios administrativos y remitir antecedentes a la Fiscalía para investigar responsabilidades, incluso posibles delitos de obstrucción a la justicia, según los informes de julio y diciembre de 2025.
"Tía rica"
Otra fiscalización de la Contraloría se dio a conocer en diciembre de este año. Esta vez, a la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), conocida como "Tía Rica".
El zoom de la entidad reveló graves vulnerabilidades en el sistema de control de empeños durante el periodo 2023-2024. En específico, se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales vigentes utilizaron el sistema para empeñar especies por un valor total de $1.507 millones, y que pese a ello, el servicio no presentó denuncias ni entregó antecedentes a las autoridades competentes.
También constató que el organismo recibió especies robadas y que existen personas que recurrieron al servicio hasta 230 veces en un año. Asimismo, se dio con la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad de los usuarios, lo que habría permitido recibir especies robadas y entregar dinero a quienes podrían ser delincuentes.
Por este hecho, El Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director general de la Dicrep, Cristóbal Sepúlveda, el viernes 22 de diciembre, dejando la subrogancia legal a cargo del jefe jurídico del servicio, Juan Andrés Troncoso.
Desorden de dineros en el Estado
Más reciente aún es el informe de la CGR con hallazgos críticos sobre desórdenes en los estados financieros de múltiples entidades públicas.
Esto radicó en revisión exhaustiva de los estados financieros de 73 entidades públicas correspondientes al periodo entre 2020 y 2024, que incluyó 50 instituciones del Gobierno Central y 23 del sector municipal. La cifra asciende US $17 mil millones y equivale a un sexto de todo el presupuesto público de 2026.
La información ha agudizado las críticas sobre la eficiencia de los recursos públicos. Este viernes, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) envió una carta al fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar el inicio de una investigación por "los graves hechos" de desorden financiero del Estado.
Al respecto, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, relevó que "estamos hablando de un informe de la Contraloría, que comprende el período que se inicia el año 2020, antes de que asumiera el nuevo Gobierno".
"Por tanto, aquí, una vez que tengamos a la vista el detalle el informe, hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencias o recomendaciones que la propia Contraloría pueda realizar al respecto", afirmó.
