Con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, fue aprobada en marzo de 2023.
Rubén García Blanco
Tras la entrega del veredicto que absolvió al exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo -único imputado por las lesiones que dejaron ciego al hoy diputado electo Gustavo Gatica en un hecho perpetrado en el marco del denominado estallido social- uno de los puntos claves a analizar es la ley promulgada en 2023 que modificó el Código Penal para fortalecer la protección del personal policial.
Se trata de la llamada Ley Naín Retamal, y lo clave en este caso es que fue referida ayer por la jueza Cristina Cabello para acreditar la legítima defensa privilegiada concurrida por Crespo en noviembre de 2019.
En las palabras de la magistrada, se extrae: "Habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa —agresión ilegítima actual y potencialmente letal, necesidad racional del medio empleado, y falta de provocación suficiente— este tribunal concluye que la conducta del acusado se encuentra amparada por la causal de justificación contenida en el artículo 10 N° 6 del Código Penal”. Es decir, por la legítima defensa privilegiada, establecida mediante la Ley 21.560.
La alusión a esa norma generó un quiebre en el oficialismo, luego de que personeros del PC y el Frente Amplio le entregaran un alto grado de responsabilidad al Gobierno por haber apoyado dicha ley y apunto directamente a parlamentarios del Partido Socialista y del PPD por haberla respaldado , lo que llevó a la drástica decisión del Partido Socialista (PS) de congelar su participación en la alianza gubernamental.
Por su parte, eñ Presidente Gabriel Boric fue consultado sobre las críticas y sobre esa arista en específico del caso la noche del martes en el programa Tolerancia Cero. Se desligó de la normativa y sostuvo que "la Ley Naín-Retamal no es una iniciativa del Gobierno, es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios".
“Habiéndose acreditado la concurrencia copulativa de los tres requisitos exigidos para la configuración de la legítima defensa (...) Este tribunal concluye que la conducta del acusado se encuentra amparada por la causal de justificación contenida en el artículo 10 N° 6 del Código Penal"
Jueza Cristina Cabello
"El Gobierno lo que hace respecto a esta ley presentada y que estaba tramitándose en el parlamento es intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso, y el Congreso de manera muy mayoritaria toma la decisión de aprobar esta ley y efectivamente nosotros promulgamos esta ley", agregó en su defensa.
Cuando la ley estuvo en medio del debate en marzo de 2023, sin embargo, Carolina Tohá, ministra del Interior en ese entonces, la defendió y sostuvo que "cuando hay uso de la fuerza, se le tiene que dar el trato de víctimas a las policías" y no abordarlos como imputados.
Un elemento a recalcar sobre el tema es que en el documento que subió el Gobierno el lunes a su página web para destacar los más de "1000 avances" que han logrado en su período, el número 307, hasta ayer, hacía alusión textual al nombre de la ley (Naín-Retamal), algo que ya no aparece.
¿Qué dice la ley y cómo se votó?
A raíz de la polémica es lógico profundizar en ciertos aspectos de la ley -la cual fue aprobada en abril de 2023- como qué dice en específico y por quién fue votada.
Esta lleva un nombre que rinde homenaje a dos mártires de Carabineros -el cabo Eugenio Naín y el sargento Carlos Retamal-, y tiene como objetivo principal fortalecer las facultades de las policías en el ejercicio de sus funciones, estableciendo un marco legal de mayor protección.
En sí, lo que hace la ley es reforzar explícitamente la presunción de legítima defensa privilegiada para Carabineros, la PDI, Gendarmería y las policías marítima y aeronáutica cuando hacen uso de sus armas en actos de servicio.
En este caso, su aplicación se dio por el principio de retroactividad penal más favorable, ya que el juicio inició en noviembre de 2024, cuando la Ley Naín-Retamal, vigente desde abril de 2023, ya formaba parte del ordenamiento jurídico. Esto permitió que sus disposiciones beneficiaran al imputado, pese a que los hechos ocurrieron en 2019.
Los cambios que trajo la aprobación del proyecto se aplicaron a la Ley 18.216, que establece penas sustitutivas a las privativas o restrictivas de libertad cuando se registren atentados contra "la integridad física de funcionarios, en razón de su cargo".
Con 106 votos a favor, 24 en contra y 13 abstenciones, la norma fue aprobada en su minuto bajo un proceso legislativo que tuvo un "apoyo muy macizo', de acuerdo con las palabras de Tohá.
En dicha votación que fue ampliamente celebrada por la oposición, parlamentarios del oficialismo, y cercanos a ellos, no dieron su voto, entre ellos: María Acevedo (PC), Boris Barrera (PC), Jorge Brito (RD), Luis Cuello (PC), Lorena Fries (CS), Andrés Giordano (IND-FA), Felix González (Partido Ecologista Verde), Claudia Mix (Comunes), entre otros.
Además, se abstuvieron diputados como Gael Yoemans (CS), Catalina Pérez (RD), Ericka Ñanco (RD), Gonzalo Winter (CS), mientras que Karol Cariola (PC) no votó.
En su minuto, la aprobación del proyecto se aceleró en el Congreso tras el asesinato de la sargento de Carabineros Rita Olivares, y se sumó al despacho de otras iniciativas pro seguridad, como el aumento de pena por secuestro y el porte de armas en “lugares altamente concurridos”.
