El miércoles se detuvo a tres de los hijos de Chuñil y a su exyerno, y en la formalización del jueves el caso derivó hacia delitos de parricidio y encubrimiento de homicidio, entre otros ilícitos.
Christian Zúñiga
Significativas repercusiones habrían generado las tempranas afirmaciones del Presidente Gabriel Boric y de la ministra Camila Vallejo en torno al caso de Julia Chuñil, las cuales lograron un efecto de "desconfianza en la ciudadanía" que "repercute en las demandas indígenas", según las organizaciones que integran el Movimiento de Mapuches por la Paz.
Richard Caifal, director del Centro de Política Indígena Rakizuam, señaló a El Mercurio que "los errores del Gobierno en el caso Chuñil causan desconfianza en temas indígenas, porque al emitir declaraciones e inmiscuirse en la investigación ha generado confusión en la opinión pública".
Ese sentimiento surge luego que el Gobierno mantuviera la postura de que, a días de la desaparición de la mujer, ocurrida el 8 de noviembre de 2024, el hecho obedecía a una supuesta condición de líder ambientalista por parte de Chuñil.
En ese sentido, el 2 de octubre de 2025, luego de que la familia de la víctima, de quienes todavía no se sospechaba, expresara que la mujer había sido quemada, el Mandatario abordó el caso en los patios de La Moneda.
"Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad. Julia Chuñil como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Y, por lo tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad", declaró en la instancia.
Sin embargo, ese perfil fue descartado por la fiscalía. Al contrario. En los últimos días, se concretó la detención de los tres hijos de Chuñil: Pablo San Martín, Javier Troncoso y Jeannette Troncoso, además de su exyerno, Belmar Bastias, a quienes el Ministerio Público acusa de los delitos de parricidio y homicidio calificado, además de robo con violencia e intimidación frustrado.
De acuerdo con las palabras de Caifal, "el Poder Ejecutivo debe evitar presentar hipótesis frente a indagatorias, porque se trata de materias que son competencia del Ministerio Público y del Poder Judicial", ya que "la población indígena está muy sensible frente a estos temas y declaraciones como las que en un primer momento hicieron el Presidente Gabriel Boric y una de sus ministras terminan generando movilizaciones, cortes de rutas u otros incidentes", aludiendo que incluso el nombre de Julia Chuñil fue mencionado en lienzos dejados en atentados incendiarios.
Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches, lamenta que exista "un aprovechamiento político, sin pudor ni ética, de muchas situaciones dolorosas ligadas al mundo indígena". Considera que "aquí no hubo la necesaria prudencia en que se esperaran los resultados de la investigación y el pronunciamiento de la justicia".
Respecto de los ataques en que grupos radicalizados reivindicaron el nombre de Julia Chuñil, señaló que "se ha utilizado el dolor ajeno para exacerbar las emociones, apelando a la sensibilidad social y la búsqueda de justicia y dignidad, pero quienes están detrás de esto lo único que han hecho es manipular, sin que, en el fondo, les importara llegar a la verdad sobre el caso".
