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Caso Compin: Dictan prisión preventiva para líderes de agrupación acusados de cometer millonario fraude

El dinero defraudado supera los $180 millones.

21 de Enero de 2026 | 15:27 | Por B. Olivares Nieto, Emol
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La audiencia.

Cedida por la Fiscalía.
El Juzgado de Garantía de Copiapó dictó esta jornada la medida cautelar de prisión preventiva en contra de los tres imputados investigados por el millonario fraude que afectó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región de Atacama, delitos en que intervinieron como líderes de la agrupación ilícita dos funcionarios de este servicio.

En la audiencia se dio por acreditado que los imputados Alexis Urtulla Campillay y Alex Arévalo Carvajal, ambos funcionarios de la COMPIN al momento de ocurrir los hechos indagados, además del particular Miguel Véliz Báez, se concertaron para la tramitación de licencias falsas mediante una coordinación que comenzó a operar desde el año 2019 a la fecha de la denuncia por parte de la Seremi de Salud en agosto del año pasado.

Dada su responsabilidad en los hechos, el fiscal Luis Miranda solicitó al tribunal imponer la medida cautelar de prisión preventiva por considerar a los tres imputados un peligro para la seguridad de la sociedad.

"Este miércoles el Tribunal resolvió respecto de los argumentos que expuso la Fiscalía y dio por acreditados los crímenes de lavado de activos, fraude al fisco, fraude informático, obtención fraudulenta de prestaciones estatales y asociación criminal. Con ello, se decretó la prisión preventiva respecto de los tres detenidos más importantes, que son los funcionarios públicos y el captador de las licencias médicas", dijo.

Añadió: "A ellos se les imputó la calidad de líderes de esta organización que agrupaba a más de 15 personas, advirtiendo que muchas de las comunicaciones realizadas para coordinar la obtención de las licencias médicas se realizaban entre ellos".

El juzgado fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación, periodo en que la Fiscalía y la PDI desarrollarán diligencias vinculadas con indagar la adquisición de bienes con el dinero defraudado que supera los $180 millones, además de realizar otros levantamientos de información digital.

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