Jorge Valladares, el abogado defensor de la exjueza Ángela Vivanco, se refirió a la primera noche en la que su representada pasó detenida en el Anexo Penitenciario de la cárcel de San Joaquín.
"Entiendo que esta persona que iba a llevar sus medicamentos los logró entregar. Está con su salud bastante quebrantada, yo creo que todos saben lo que es tener una enfermedad de base", señaló el abogado a Canal 13 antes del inicio de la segunda jornada de formalización ante los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos.
Valladares adelantó que "esperamos que nos permitan expresar lo que nosotros creemos respecto de los hechos. Todos han sido testigos de lo que se relató ayer por parte de la fiscalía. Las conductas que supuestamente están descritas, los invito a revisar si lo que aporta, si las proposiciones fácticas completan un tipo penal".
Primera jornada de formalización
En la primera audiencia de formalización, el fiscal Marco Muñoz mostró una fotografía en la que se observan pasaportes, fajos de billetes y otros objetos sobre una cama como parte de los antecedentes de la investigación. El abogado argumentó que "de por sí tener dinero arriba de la cama no es constitutivo de delito, saquen ustedes sus conclusiones hacia donde apunta la entrega de esa información. La Fiscalía tiene el derecho de mostrar toda la información que considere útil y razonará conforme a esa evidencia. Lo que si decimos es que no se saquen conclusiones apresuradas a partir de una imagen".
Todos tenemos derecho a expresar nuestros medios de prueba, a hacer nuestras alegaciones y no hacer juicios apresurados", agregó.
"Todo había sido borrado y reseteado, eso no es algo que hace una persona normal cuando quiere hacer más capacidad en la memoria del teléfono".
Ese era uno de los argumentos de la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, cuando justificaba ante el juez Cristián Sánchez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la necesidad de cautela de Ángela Vivanco, otrora ministra de la Corte Suprema que perdió su cargo destituida por sus pares y que ahora es formalizada por cohecho reiterado y lavado de activos.
El argumento se desarrollaba de dicha manera porque el 11 de septiembre Vivanco entregó voluntariamente su celular, un iPhone 15, a Carabineros, el cual fue revisado por los investigadores sin encontrar "ni documentos, ni audios, ni videos de interés. Nada", según alegó Wittwer.
Sin embargo, el 16 de septiembre se le incautaron dos iPhone 13 y 14, los cuales no fueron entregados voluntariamente. "¿Qué pasó?, en el iPhone 15 no se hallaron registros de ninguna clase, pero sí existía constancia de que la aplicación WhatsApp había estado instalada pero posteriormente había sido eliminada. Y en el iPhone 14 (...) había sido reseteado el día 9 de septiembre. Es decir, dos días antes de la entrega voluntaria".
Por otra parte, Ricardo Sáez, su secretario personal mientras fue ministra, "declaró que antes de irse de la Corte Suprema, la imputada le solicitó eliminar todas las conversaciones por WhatsApp". Además, "los correos de su casilla como docente de la Universidad Católica también fueron eliminados", arguyó la fiscal.
Pero no fue el único punto que abordó la fiscalía. A ello sumó la cantidad de delitos reiterados, tres de cohecho y uno de lavado de activos, al que podría sumarse otro delito que no pudo ser imputado debido a que para esta ocasión los investigadores debían ceñirse solo a lo aprobado por la querella de capítulos, la cual fue acogida por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Fue justamente ese proceso el que permitió que cerca de las 23:00 horas del domingo llegara un gran contingente de Carabineros para detener a Ángela Vivanco en su casa en Las Condes, donde fue subida a un vehículo y llevada a un cuartel policial donde pasó la noche. Ello se efectuó tras una orden de detención autorizada por el juez Mario Cayul, el mismo que decretó la prisión preventiva de Manuel Monsalve a fines de 2024.
El caso
Su aprehensión se dio en medio de la trama bielorrusa, una arista penal que indaga soborno, cohecho y lavado de activos luego de que el Consorcio Belaz Movitec (CBM) venciera a Codelco en un largo litigio que implicó la pérdida de $17 millones de dólares para la cuprera estatal.
Según imputa el Ministerio Público, la exjueza habría recibido beneficios económicos el 18 de diciembre de 2023 y el 17 de junio de 2024 como retribuciones por la intervención en favor de Belaz Movitec. Estos pagos, de forma directa o a través de su pareja Gonzalo Migueles, afirman, los recibió de parte de los abogados de CBM, Mario Vargas y Eduardo Lagos.
"Ya desde el año 2022 la imputada y su conviviente, el imputado Víctor Eliminación de información desde su celular, así como el ocultamiento de equipos electrónicos y la gravedad de haber actuado en su rol de jueza, son parte de los argumentos que buscan su prisión preventiva Oteiza, mantenían una conocida y cercana amistad con los abogados imputados Mario Andrés Vargas Cociña y Carlos Eduardo Lagos Herrera, quienes visitaban frecuentemente el domicilio de la pareja Vivanco-Migueles", mencionó la persecutora.
Así, Vivanco habría intervenido a favor de un recurso de apelación que favoreció la restitución de maquinaria y el cese de la retención de pagos a Belaz Movitec por parte de Codelco. La votación favorable de dicho recurso significó que Codelco tuviera que pagar más de $4.400 millones por desmovilización de maquinarias. Posteriormente, Vivanco votó a favor de los intereses de Belaz Movitec en un recurso de queja que ordenó a Codelco pagar reajuste. Así, por ejemplo, "por su voto favorable a los intereses de CBM con infracción de deberes del cargo" en el fallo del 4 de julio de 2023, Lagos y Vargas entregaron a Vivanco una retribución de al menos 15.600 dólares, según la fiscalía.
Tras la audiencia, Wittwer comentó parte del detalle de los pagos. "No hay un monto en específico, nosotros tenemos montos por cada hecho; hay, por ejemplo, uno de $70 millones, otro de $45 millones. Pero no olvidemos que esta es una investigación que está vigente, que está abierta. Una cuestión son los hechos por los cuales hemos formalizado y otra cuestión son hechos nuevos que podamos y que puedan surgir en el transcurso de la investigación". En ese contexto, detalló que la operación podría estar, al menos, en torno a los $115 millones. "No lo he sumado, pero sí creo que es una cifra que se ajusta a los montos", dijo.
También comentó que "no descarto que existan nuevas personas, pero en principio, y lo que importa en este minuto para nosotros como fiscalía, es que hemos formalizado a la persona que, en nuestro concepto, es el vértice, la persona más importante desde el punto de vista de la vulneración a los bienes jurídicos comprometidos en este caso, es la persona respecto de quien resultan más reprochables, además, sus conductas, y eso es lo importante para nosotros el día de hoy".
En contraparte, el abogado defensor de Vivanco, Jorge Valladares, quien asumió recientemente su representación, alegó que la detención sería ilegal, principalmente porque no era "necesaria" y se trataba de una medida desproporcionada y, por tanto, ilegal. Además, intentó apelar a que la exministra tiene una enfermedad base y que es una adulta mayor, lo cual ratificó al final de la audiencia al solicitar al juez que permita el ingreso de una decena de remedios al penal donde permanece detenida. Por otro lado, cuestionó la detención, puesto que Vivanco habría sido "avisada" por publicaciones de prensa que hablaban de una inminente detención y que, a pesar de ello, permaneció en su hogar. Todos los argumentos fueron desestimados por el magistrado.
Luego de la primera jornada de formalización, Valladares sostuvo que "nosotros creemos que no son constitutivos de delito los hechos que se están proponiendo, ya lo podemos decir, porque son por todos conocidos y vemos o vislumbramos que los antecedentes que se han aportado tampoco encadenan de una manera lógica y razonable hacia una convicción".
Además, cuestionó que "en realidad lo único que escuchamos hoy día fueron argumentos 'peligrosistas' (...) argumentos que están revestidos de una suerte de moral social que en realidad tienen que ser corroborados con antecedentes concretos. Hay una cuestión que es la exigencia de una conducta que nosotros no vemos todavía materializada en un hecho concreto y, por el contrario, solamente cuestiones que se deslizan a partir de situaciones puntuales, pero a la hora de conectarlas no vemos que haya una conexión, no hay una vinculación sistémica".
Declaración
El 6 de enero pasado, el abogado Eduardo Lagos entregó su declaración a la Fiscalía Regional de Los Lagos, prometiendo colaborar tanto con esta causa, como con la relativa a nombramientos judiciales que indaga la jurisdicción de Valparaíso.
Y pese a que un día después terminó negándose a firmar su testimonio, acusando malos tratos de investigadores, lo señalado se encuentra incorporado a la carpeta de investigación.
En su relato, desde el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde está junto a su abogado y socio, Mario Vargas, y la pareja de la exsuprema Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, detalló que conocía hace años a Vivanco, pero que en 2021 conoció a su conviviente.
Dijo que fue Vargas quien llevó a Migueles a su oficina en 2023, pero que antes de esa cita, le dijo a él y al otro socio, el exdiputado Gabriel Silber, que "'este guatón', así se refiere a Gonzalo Migueles, puede sacarle el voto a la Ángela (Vivanco), y que incluso nos puede ayudar en la tramitación de la causa en la Suprema, a esta propuesta la reacción y respuesta de Gabriel fue 'encantado', y mi respuesta fue que '¿tú crees que este guatón chanta va a lograr algo así?'".
Luego de eso, detalló que acordaron pagarle a Migueles contra resultados, y si bien tras el primer fallo favorable, dijo que mantenía sus dudas, agregó que "lo pude corroborar consultando con un colega conocido que esto era verdad, que él lo había hecho, y que era una cuestión que era conocida en el medio, esto es la venta de fallos de Vivanco".
En esa línea, recordando cada una de las sentencias favorables, describió al menos cinco pagos directos a Migueles, con destino Vivanco. Así, agregó, por ejemplo, que "Ángela Vivanco nos asesoró directamente para la tramitación del recurso de aclaración, rectificación y enmienda que después ella misma falló", y en otro pasaje, sostiene que dicha reunión se concretó en casa de la exmagistrada, ahora en prisión preventiva.
Respecto de dos pagos, Migueles dijo recordar los montos, pero aseguró que todos fueron a través de Mario Vargas. Sobre esto, menciona que se le entregaron $70 millones en dólares en diciembre de 2023. Esta sería la mayor cifra, seguida por una de $45 millones de junio de 2024.
Sobre esta última entrega, Migueles confirma que fue a través de otro de los imputados, el dueño de la casa de cambio Inversiones Suiza, Harold Pizarro. Sin embargo, revela una negociación clave al respecto.
"Cuando conversamos con Mario acerca de lo que había que pagar a Migueles por este fallo del recurso de queja por las gestiones realizadas con Vivanco para la obtención de un resultado favorable de la sentencia, Mario pidió para Gonzalo Migueles la cifra de $100 millones, pero con Gabriel la rechazamos, y fue entonces que, no recuerdo si fui yo o Gabriel, llamamos a Gonzalo (Migueles), quien fue a la oficina, negociando el monto, señalando Migueles la suma de $50 millones y finalmente la bajamos a $45 millones", señaló.
Y sostuvo que dicha cita tuvo lugar antes de que se viera la causa en la Suprema, "ya que advertían antes de la vista de la causa para que aceptáramos sus condiciones o nos exponíamos a un rechazo".
Su formalización era tan inminente como su estadía en prisión. De hecho, ese fue el paso natural que dio ayer la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, cuando esposada abandonó la sala 103 del edificio C del Centro de Justicia, donde la Fiscalía Regional de Los Lagos, encabezada por la persecutora jefe Carmen Gloria Wittwer y el fiscal Marco Muñoz, leyeron los cargos que le imputan por cerca de tres horas. Eso sí, fue derivada al penal debido a que su detención fue ampliada, puesto que según la programación que pretende el juez Cristián Sánchez, la audiencia debiera terminar recién este viernes cuando decrete alguna medida cautelar, la cual podría ser la más gravosa, como ya solicitó la fiscalía.
La posibilidad de que Vivanco entre en prisión preventiva tiene sustento en el destino que han tenido los otros imputados de la causa, como Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles, su pareja, quienes permanecen privados de libertad, pero en Capitán Yáber, un anexo penitenciario de internos de alta connotación pública ligados mayoritariamente a delitos económicos. Allí, a lo largo de los años, han estado personajes como Carlos Alberto Délano y Carlos Lavín, Manuel Monsalve o Luis Hermosilla.
