El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha (FA).
Aton
Un nuevo caso de amenazas a alcaldes remece a la Región Metropolitana, siendo ahora la víctima el jefe comunal de Peñalolén,
Miguel Concha (FA), por quien piden "$20 millones por su cabeza".
El alcalde Concha denunció haber recibido graves amenazas de muerte a través de redes sociales luego de encabezar la demolición de dos viviendas vinculadas al narcotráfico en distintos sectores de la comuna.
Según reportó, los mensajes han sido enviados desde distintas cuentas de redes sociales durante los últimos días -comenzaron el pasado 12 de marzo- e incluyen advertencias explícitas contra su vida.
"Cinco balazos en la cabeza te vamos a poner, solo cuídate", "no ande en espacio público solo", "te vamos a hacer como en México" y "20 millones por tu cabeza perro maldito" son algunas de las amenazas que ha recibido.
Desde el municipio aseguraron que las intimidaciones se producen días después de que el alcalde liderara la demolición de dos denominadas "narcocasas" ubicadas en el sector de Avenida Departamental y en el barrio de La Faena, inmuebles que durante años fueron utilizados para la venta y consumo de drogas, además de registrar riñas, disparos y reiterados episodios de violencia que afectaban la seguridad de los vecinos.
El jefe comunal sostuvo al respecto que "cuando alguien ofrece dinero por la vida de una autoridad o de cualquier persona, y amenaza con asesinarla, estamos frente a hechos extremadamente graves que deben investigarse con toda la fuerza de la ley. Sabemos que cuando se golpean estos intereses aparecen las amenazas, pero no nos vamos a intimidar".
"Estas amenazas no nos amedrentan, solo refuerzan nuestra convicción de seguir actuando con firmeza. Vamos a identificar e intervenir estas viviendas. Si alguien cree que puede transformar un domicilio en un centro de operaciones del delito, está profundamente equivocado", aseguró el alcalde.
Concha presentó una querella criminal por el delito de amenazas a la autoridad en el ejercicio de su cargo, para que el Ministerio Público indague los mensajes y a quienes resulten responsables.
