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La necesidad de que los jueces asuman otra mirada

18 de Enero de 2006 | 10:41 |
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Las cifras son alentadoras, si es que se puede hablar así de una realidad tan dura como el asesinato de mujeres en manos de sus parejas. En los últimos años, las campañas y la dictación de una ley que penaliza la violencia intrafamiliar, ha hecho que los números decaigan.

Si en el 2003 hubo 83 muertes de mujeres, el 2004, 70 y el año pasado, sumaron 47 femicidios.

La ministra destaca que la labor hecha, finalmente, logró instalar a la violencia intrafamiliar como un tema público, porque antes el delito existía, pero hoy salió de la impunidad de la vida privada. “Hoy esto nos escandaliza y abruma”, señala.

Y agrega que ahora “se conocen los casos, porque se construyó el dato del femicidio, aunque hasta hoy, los homicidios de mujeres no se registran como tales en las estadísticas policiales y judiciales, a lo más se llega a los parricidios”, explica.

Cecilia Pérez se muestra esperanzada porque se logró reformar la ley y desde octubre la violencia intrafamiliar es un delito y no una falta y existen tribunales de la familia que tomarán los casos. “Es súper importante que tengamos una sociedad más activa en esto”, reclama.

-¿Cómo, en qué forma?
“Necesitamos una sociedad más impelida a actuar. El gran porcentaje de las muertes y agresiones se pudieron haber evitado, porque en todos se dan dos elementos: un historial de violencia incluso con denuncias y trámites judiciales, y una comunidad –ya sea la familia, el barrio o el trabajo- que conoce la historia. Siempre, después de ocurrido el hecho dicen nosotros le habíamos advertido que esto iba a terminar mal.
“Hay un caso en que los vecinos vieron que el marido llegó a la casa, la golpeó, asfixió, la introdujo a la casa y por horas ellos no hicieron nada. Esto no puede seguir pasando, porque no hay ninguna capacidad policial o judicial que pueda anticiparse como si lo puede hacer la red de la víctima”.

-¿Estamos frente al huevo o la gallina? ¿Lo que pasa dentro del hogar es reflejo de una sociedad violenta, o ésta es así por lo que pasa en el hogar?
“Creo que se tratan de violencias distintas. Siempre la doméstica es diferente a la pública y tiene un código distinto. No es que una es causa de la otra, necesariamente, aunque lo pueda implicar. De hecho, las víctimas indirectas, que son los niños, siempre tienen un efecto negativo; vivir en un ambiente de violencia doméstica los predispone para relacionarse en forma más violenta, aunque no necesariamente llegar a ser un delincuente común.
“La violencia doméstica tiene un código distinto, es contra la mujer y ella es expresión de desigualdad cultural. Hay una concepción del maltratador, normalmente, el padre o esposo, de que tienen derechos, incluso de propiedad, sobre la mujer y que ellas tienen un espacio acotado de libertades que depende de ellos. Aunque esto suene feminista, esto es así no sólo en Chile; las parejas no han podido procesar los cambios culturales que las mujeres han sufrido y que quieran tener vida fuera de la clase o no ser dependientes.
“Esto no tiene una explicación ni psiquiátrica no psicológica, no se trata de locos o personas con trastornos bipolar”.

-¿Qué gravitante es que el sistema judicial no asuma como tal la realidad del femicidio y que incluso algunos jueces lo vean como un asunto privado?
“Creo que falta un cambio de visión no sólo a nivel judicial, sino también en todos los entes de la sociedad. No es que haya un sector que opine de una forma sobre la violencia intrafamiliar, esto atraviesa a los agentes del Estado como la policía y los jueces, pero también a los profesores, a los funcionarios de la salud y en los miembros de la familia. Hay todavía mucha gente que cree que estos son asuntos que tienen que resolverse en forma privada y que tienen una relevancia distinta por estar comprendido en el ámbito de la familia.
“Uno podría decir tus problemas con tu marido, los arreglas en tu casa o no hay que meterse en los problemas de pareja porque al final salís perdiendo. Siempre habrá una forma para zafar este problema y que generalmente, es que la mujer ceda y dé otra, y otra oportunidad”.

-¡Pero qué difícil es cuando los jueces deben dictar las medidas precautorias!
“Sí, pero insisto, no es un tema sólo de ellos. En el Congreso fue muy difícil legislar para conseguir que esto fuera catalogado de delito. Fue muy complejo convencer a los parlamentarios, especialmente en el Senado.
“Ganamos una pelea que la ley, pero la prueba está en la aplicación de ella”.

-¿Se les puede existir a los agentes del Estado actuar con más realismo?
“Eso es lo que les exigimos a la justicia y sus auxiliares. Dejamos bien poco espacio a la interpretación y le decimos a los jueces que se olviden de lo que había antes, porque hoy la violencia intrafamiliar es delito, sobre todo el maltrato físico y psíquico habitual. También les decimos que nunca podrán definir un acto de violencia intrafamiliar como lesión leve, nunca más. Está prohibido por la ley. Además, siempre van a tener que tomar medidas precautorias, ya no queda a criterio del juez, es obligación. Y cuando llega a la vista de un juez una caso de lesiones, se debe aplicar una pena en un grado mayor al delito común”.

-¿Por qué no se ha podido reformar el Código Penal que considera los celos como una atenuante?
“Creo que es la reforma que queda. Hay penalistas que creen que esto es una especie de válvula social y que temen que sacando esa figura se pueda romper cierto orden social que está basado en un orden de la familia que debía mantenerse a riesgo de las disfuncionalidades que se traducen en violencia. La reforma al Código Civil fue un parto, y creo que lo que viene es trabajar sobre la figura del femicidio, parricidio y las atenuantes”.

La ministra sabe que otra de las luchas que se deberán seguir dando es lograr que las mujeres rompan el círculo del silencio, porque mientras ellas no activen los mecanismos que se han creado, no se podrá detener el delito. Sostuvo que la sociedad debe entender lo que aún le cuesta a una mujer reconocer la violencia que sufre y dar el paso de contarlo.

También reconoce que la condición económica funciona como un factor que castiga a las mujeres violentadas si estás pertenecen a niveles más pudientes. Las cifras dicen que en los sectores más pobres hay 50% de casos de violencia intrafamiliar, en los sectores medios la cifra es de 44% y en los altos de 38%.

“No es que haya menos violencia en los sectores más ricos, pero ahí hay componentes distintivos que tienen que ver con ciertos patrimonios de las mujeres como el prestigio y las condiciones materiales” y que aclara la ministra hacen muy complejo que ella dé el paso por recuperar su libertad.

“Tener un mínimo de autonomía económica y un vínculo social como pertenecer a una organización, la escuela, una Iglesia, son definitivamente, factores protectores de la violencia intrafamiliar ya sea para tener la capacidad de poner límites como para poder salir de ella y recurrir a ayuda”, sentencia.