Frustrante, por decir lo menos. Todos los invitados a debatir sobre la crisis de los tribunales de la familia concordaron, sin miramientos de ningún tipo, que los problemas actuales no serán resueltos del todo un vez que se despache el proyecto de ley en trámite que pretende destrabar el colapso que se presentó en los Tribunales de Familia.
Parlamentarios y abogados coincidieron en señalar que la problemática de la familia, en cuestión, requiere de una mayor inyección de recursos, pero por sobre todo, de un tiempo de mayor reflexión para determinar qué tipo de legislación se quiere con el propósito de proteger a este denominado núcleo fundamental de la sociedad.
Convocados por
ComunidadMujer a dilucidar si las reformas planteadas en el proyecto de ley que el Gobierno envío al Congreso en agosto, el senador José Antonio Gómez, los diputados Adriana Muñoz y José Antonio Kast y la abogada Carmen Domínguez reconocieron que este esfuerzo debe hacerse, pero no despejará el tema.
Principales problemas
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Durante el debate, ComunidadMujer dio a conocer una encuesta realizada en conjunto con la Fundación Pro Bono destinada a conocer entre abogados y mediadores cuáles son los principales problemas que presentan los Tribunales de Familia.
El sondeo deja en evidencia que muchas de las nuevas figuras establecidas en la ley no dieron el resultado esperado como el hecho de que un 60% de los mediadores cree que la oralidad no ha resultado un aporte a la tramitación de causas, al igual que la inmediación del juez, las partes y los medios de pruebas. En contrapartida, los abogados creen que la oralidad sí ha resultado un aporte (en un 63%) y la inmediación también, en un 71%.
Tanto mediadores como abogados creen que un paso positivo fue la concentración, es decir que diferentes materias relativas a una familia sean vistas en forma conjunta en audiencias sucesivas.
Los mediadores señalaron en casi un 80% que es positivo que algunas causas deban ser derivadas a mediación obligatoria y en un 43% coincidieron en indicar que el problema que ha presentado esta figura es la falta de conocimiento de ella por parte de la ciudadanía, en lo que responsabilizan al Gobierno por su poca difusión.
Los abogados, a su vez, manifestaron en un 32,6% que para mejorar los tribunales todas las causas debieran contar con patrocinante legal y en un 45% afirmaron que el principal problema es la mala gestión, falta de coordinación y organización de los tribunales. Un 41% de los profesionales se manifestó en desacuerdo con el hecho de que la mediación sea obligatoria para tuición, visitas y alimentos.
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Todos confluyeron en afirmar que la justicia de familia en Chile sigue siendo –y al parecer, seguirá siendo- el pariente pobre de la justicia chilena. Y también concordaron que ello no debiera ser así.
Así las cosas, la abogada Carmen Domínguez demandó que las autoridades y legisladores sean claros en no crear falsas expectativas en la ciudadanía respecto de los alcances del proyecto en trámite porque lo más probable es que nuevamente se genere frustración entre la gente.
En el debate surgieron una serie de acuerdos en torno a las materias que la iniciativa legal pretende despejar como la necesidad de establecer que cierto tipo de casos como la tuición, régimen de visitas y pensión de alimentos deberán ir a mediación obligatoria. Y todos concordaron en que es necesario establecer algún tipo de instancia anterior a los tribunales donde se puedan solucionar los problemas que enfrenta una familia antes de que se dé el quiebre.
Sin embargo, hubo algunos matices respecto de otros aspectos que comprende el proyecto. Uno de ellos fue sobre la obligatoriedad, ahora, de contar con asistencia legal o comparencia de un abogado para empezar un proceso en los tribunales. Mientras Domínguez, Kast y Gómez rescataron la importancia que tiene que un abogado sea el primer filtro que establezca si un caso tiene fundamento, la diputada Muñoz expresó su temor de que ello vaya en contra del acceso de los más necesitados a la justicia. Ella reconoció que la comparencia de un abogado puede, a lo mejor, agilizar el trabajo del tribunal, pero puede ser una barrera de entrada para la ciudadanía.
En este punto, Gómez fue enfático en indicar que se debe avanzar hacia una profunda reforma de las Corporaciones de Asistencia Judicial, porque si bien el proyecto le entrega mayores recursos para cumplir su labor, es indispensable que ese servicio se profesionalice y se convierta en una suerte de Defensoría Pública. Dijo que de no darse un paso sustantivo en esta área, la clase media que no puede cancelar un abogado particular quedará desprotegida en su defensa.
Sin embargo, el senador radical fue más allá e indicó que se debe convocar a un equipo técnico multidisciplinario para que vea en su conjunto la legislación en temas de familia porque sino lo único se está haciendo es “parchando” una ley que presentará problemas en un año más.
Por lo mismo, Carmen Domínguez reclamó de los legisladores que abordaran temas que no son asumidos en el proyecto en trámite y que tienen que ver con la competencia de los tribunales de la familia, que a su parecer es muy amplia; con las notificaciones; con la asistencia de los órganos de apoyo como Sename; con las interdicciones o las compensaciones económicas al cónyuge más débil.
Del debate, a todas luces, quedó claro que aunque se apruebe el proyecto en trámite, la justicia de familia requiere de una revisión profunda que no puede estar supedita a la urgencia de los tiempos.
