El castigo fue doble. Primero fue objeto de violencia intrafamiliar por parte de su marido y luego, fue sancionada por la institución en la que trabajaba, quedando cesante.
Desde entonces, la vida de la ex carabinera Marcela Valdés ha sido prácticamente un infierno y en la actualidad ni las eventuales reparaciones que haga el Estado de Chile van a poder reparar el daño hecho.
En diciembre próximo, los representantes de la ex policía y de la Cancillería, más un funcionario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunirán, por segunda, para ver si logran un acuerdo amistoso que dé por terminado el proceso judicial que lleva dicha instancia internacional.
En 1994, la ex teniente fue objeto de maltratos físicos y psicológicos por parte de su marido, el oficial de Carabineros C.V.C., razón por lo cual ella lo denunció a la justicia e informó a sus superiores. Los tribunales no sólo adoptaron medidas cautelares sobre los dos hijos del matrimonio, sino que establecieron la separación legal de la pareja.
En tanto, la Prefectura de Valdivia inició una investigación interna en la no se pudo acreditar la acusación de infidelidad que el marido hacia contra su esposa. La institución policial resolvió entonces sancionar con 10 días de arresto a la carabinera, 10 días al amigo, también oficial y 4 días al esposo, un capitán.
Desilusionada, Marcela Valdés presentó un recurso de revisión ante la Novena Zona de Carabineros, la cual no sólo ratificó los días de arresto, sino que aumentó la sanción a 15 días de arresto. Entonces ella interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, cuyo único resultado fue que la carabinera recibió 3 días más de arresto por su falta de tino y que en la calificación siguiente quedará en la peor lista, lo que implicó su baja en 1999.
Marcela Valdés recurrió, entonces, al Instituto Nacional de la Mujer, que decidió llevar su caso a la Corte Interamericana de Justicia, en San José, donde el recurso fue presentado por los abogados Juan Pablo Olmedo y Ciro Colombara en octubre de 2000.
La presentación contra el Estado de Chile por discriminación y negación de justicia, fue acogido a trámite y en el 2003 se le declaró admisible. En enero recién pasado, el Estado pidió a la parte querellante someterse al procedimiento de solución amistosa.
El abogado Juan Pablo Olmedo indicó que se allanaron a llegar a un acuerdo amistoso haciendo ver algunos puntos generales sobre los cuales debía darse éste. Entre ellos está que el Gobierno proponga una serie de medidas políticas, no legislativas, para desterrar la práctica discriminatoria de las instituciones estatales, especialmente de las Fuerzas Armadas.
Además, se busca que el estado asuma la promoción de una nueva cultura en tal sentido dentro del aparato estatal. También, la parte querellante pidió reparaciones individuales para Marcela Valdés y su familia, tanto simbólicas como compensaciones económicas por el daño sufrido.
La primera reunión para una solución amistosa se realizó el viernes 20 de octubre en Washington y la siguiente se hará en diciembre.
Olmedo da suma importancia a la creación de una nueva práctica no discriminatoria dentro de las instituciones armadas. Y sobre la acusación de infidelidad que se ha hecho sobre Marcela Valdés, aclara que ella nunca fue probada, pero aún así no es justificación para ser objeto de violencia intrafamiliar.
La ex teniente ha debido enfrentar desde hace 12 años un verdadero calvario porque no sólo se produjo un quiebre familiar, sino que ella no ha podido encontrar trabajo desde entonces.
