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14 fiscalizadores cuidan todo el patrimonio nacional

La ministra de Bienes Nacionales, a partir de la experiencia de su padre en Isla de Pascua, reflexiona y asegura que los chilenos han avanzado en la protección de su patrimonio. Se muestra a favor de actualizar la Ley de Medio Ambiente y anuncia cambios en la institucionalidad patrimonial.

22 de Febrero de 2007 | 10:29 |
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No faltaron las bromas. ¿Cuál es el colmo de un ministro de Bienes Nacionales? Tener un padre que rompe monumentos. era el chiste que circulaba por las calles. Y la verdad es que el desafortunado hecho, que dio origen a blogs y cartas al director, no se prestaba para festines, sino más bien para hacer una profunda reflexión.

Para la ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, la retención de su padre en Isla de Pascua luego de ser sorprendido golpeando, con una piedra, un moai fue una noticia que le cayó como un balde de agua fría.

“Sentí que era una cosa muy compleja; era un poco inexplicable lo que había pasado porque mi padre es una persona que considero instruida, un hombre que ha viajado mucho, criterioso. Nunca habría apostado, temido, que algo así pudiera pasar”, dice revisando lo acontecido con más calma.

“Es una cosa que no puede ser y es”, agrega al hacerse cargo del cargo –valga la redundancia- que ella ocupa.

-¿No crees que lo ocurrido con tu padre refleja un actuar común de los chilenos? ¿Tenemos una conducta de poco cuidado del patrimonio?
“Creo que eso es algo que está cambiando bastante; como país, como sociedad hemos progresado bastante. Fui boy scout, siempre he estado en contacto con la naturaleza y recuerdo que, cuando era más pequeña, mi papá nos enseñaba que la basura había que enterrarla o llevársela en una bolsa. Pero ahí mismo, vi mucha inconciencia; me violentaba mucho como el resto de la gente tenía una conducta muy desafectada de la naturaleza; no les importaba botar aguas sucias a un lago o papeles en un parque.
“Pero hoy, como sociedad, hemos avanzando en lo que se llaman los derechos de primera generación, que es el cuidado del medio ambiente y del patrimonio, para que no sólo estas, si no las demás generaciones lo puedan usar”.

-¿No es esto contradictorio con el hecho de que haya personas que puedan atentar con una molotov contra La Moneda, más allá de su móvil ideológico?
“Son cosas distintas y hay que tener en cuenta que el mundo es contradictorio en sí mismo. Ahora, todos los movimientos antisistémicos están contra todo y para ellos La Moneda es un símbolo que hay que destruir, no cuidar para el resto de los chilenos. Eso tiene una fuerte carga ideológica y es muy difícil de canalizar, y son una fracción acotada.
“En cambio, los chilenos medios, que trabajan y dependen de un sueldo, valoran el patrimonio cultural y natural del país. Estamos aprendiendo bastante aceleradamente, es cosa de ver los niños pequeños y su conciencia medio ambiental; ellos no permiten que botes basura al suelo, sienten una afección por las especies en extinción y eso no estaba en las generaciones pasadas”.

-¿A lo mejor, en el pasado, hubo una falencia educativa al respecto?
“Creo que es una cosa global. Antes estos temas no motivan a nadie, en los ‘60 nadie habría protestado por la contaminación en Santiago ni oponerse a que se fumara. Hoy todo lo contrario y eso no es un hecho aislado, es algo masificado y se debe a que como mundo nos hemos dado cuenta del daño que hemos cometido al medio ambiente. Los chilenos no estamos ajeno de eso; por eso hemos tomado conciencia con los pueblos originarios; antes no existían y hoy se hace difusión de ellos y sus costumbres. Cualitativamente se ha avanzado. ¿Falta? Falta, pero prefiero ver la mitad del vaso lleno que vacío”.

-Has señalado que hay un gran déficit en las áreas protegidas de patrimonio cultural y natural, ¿en qué estamos fallando?
“Un 32% del territorio nacional es fiscal y se concentra en ambos extremos del país; dentro de esto hay cerca de un 5% que ni siquiera está catastrado por ser inaccesibles. Es difícil cuidar esos territorios, la cantidad de recursos que implica poder fiscalizar son enorme y recién este año hemos creado la Unidad de Fiscalización, pero tenemos sólo 14 funcionarios para todo el país; te imaginarás lo que es llegar a todos los lugares, pero aún así hemos avanzado”.

Romy Schmidt no puede retrotraerse al hecho de que los orígenes de Bienes Nacionales está en un departamento de Tierras del siglo pasado cuyo objetivo principal era hacer soberanía y establecer colonos en lugares deshabitados. Por lo mismo, algunas políticas de entrega de tierra que no se hicieron cargo de la necesidad de subsistencia de las comunidades posibilitaron que se destruyera parte de nuestro patrimonio como los bosques de Aisén que fueron quemados para permitir la agricultura y ganadería.

“Se cometieron grandes errores, pero eso ha cambiado y hoy se sabe que se trata de un tesoro, territorios únicos en el mundo, valiosos para la biodiversidad”, explica y agrega que para eso se está desarrollando un sistema de autoprotección de lugares de valor patrimonial. Éste consiste en dictar decretos de protección con una guía de manejo si es que se concesionan a inversionistas privados que desarrollan proyectos turísticos.

-¿El déficit está sólo en que se desconoce lo que se tiene y se debe proteger?
“Hay parte de eso, pero también tenemos dificultades para fiscalizar y cuidar adecuadamente y de ahí la alianza con los privados”.

-¿Como ha actuado el Estado en su rol de protector del patrimonio? En el Chungará, por ejemplo, se han dejado abandonadas unas instalaciones que originalmente fueron hechas para sacarle agua al lago.
“Si nos situamos en lo que se hace hoy, el Estado es muy eficiente para la cantidad de recursos que se disponen. No es fácil llegar a amplias extensiones de tierra con dificultades de acceso e impedimentos climáticos; se enfrentan complicaciones no menores y diversas. No te imaginas la montaña de plata que puede significar una buena fiscalización, sin embargo, como Estado hemos sido parte de un aprendizaje y cada vez le dedicamos más recursos al cuidado del patrimonio cultural y de cuidado de medio ambiente que se aplica en forma transversal en ministerios como Obras Públicas”.

-O sea, seguimos siendo un país con prioridades sociales más urgentes.
“Por cierto, tenemos dificultades para tener todos los recursos a la mano para hacer todo lo que debiéramos hacer. Todo el patrimonio se podría cuidar con una mayor inversión, pero hay que ser realista; con lo que tenemos se es eficaz, pero además cada día se le da mayor prioridad.
“Además, cada vez se piden más cuentas públicas, es cosa de ver que pasó con el río Cruces que movilizó a todo la comunidad”.

La ministra insiste en que en Chile se han asumido compromisos en esta área que, incluso países primer mundistas no están dispuestos a enfrentar, ya sea por lo que generan al interior de sus naciones o en otras. “Estamos siendo cautelosos en la explotación, aunque todavía hay costos complejos que dicen relación con el desarrollo y el empleo versus la conservación”, reconoce.

-¿Es decir, sigue operando en Chile más la ley del mercado?
“Creo que hemos avanzado; hay una Ley de Bases del Medio Ambiente que no te permite hacer cualquier cosa, en cualquier lugar y de cualquier forma. Tal vez, después de 10 años de su aplicación, se puede repensar en la necesidad de cambiar los estándares y a esa discusión el Gobierno no se ha cerrado”.

-¿Se debiera hacer lo mismo con las normas que protegen el patrimonio?
“Creo que mi padre fue un símbolo de eso. Él recibió una pena (61 días de presidio remitido y multa de $3 millones) de acuerdo a la nueva Ley de Monumentos que amplió las sanciones; recuerda que hace dos años un turista quemó parte de las Torres del Paine, pagó una multa bajísima ($ 120 mil), se fue del país y se acabó. Hoy no es así”.

-Sí, pero la ley no funciona como incentivo. El privado no apuesta por conservar algo y prefiere echarlo abajo.
“Bueno, hay un mandato de la Presidenta sobre la necesidad de dar con fórmulas que ayuden a cuidar el patrimonio y en eso estamos trabajando los organismos que tenemos a cargo el patrimonio cultural, es decir, Bienes Nacionales, los ministerios de Cultura y Educación, además de otros organismos y el sector privado. Tenemos que sentar las bases sobre el Instituto del Patrimonio; hemos hecho un análisis bastante descarnado y probablemente tengamos una refundación en este tema.
“Es cierto que tenemos una falencia; muchas veces el privado siente como una carga que su propiedad sea declarada monumento, pero se está avanzando y esperemos a ver lo que salga”.

-¿El Estado se ve impelido por las demandas de los ciudadanos que protestan en defensa de su entorno?
“Efectivamente, hoy hay pocas cosas que mueven a la gente –antes era todo más colectivo y ahora somos bastante más personalistas- y de ésas es el medio ambiente y las ciudades. Como Bienes Nacionales enfrentamos las dos cosas y efectivamente se presenta una gran complicación: asegurar la equidad a todos y el desarrollo armónico de las ciudades y su entorno. A mí no me es lo mismo vivir en una calle llena de edificios que en una calle llena de prados y parques, pero la gente tiene que vivir en algún lugar; porque yo vivo ahí no puedo pretender todo verde a mi alrededor y que nadie pueda construir un edificio. Se van ordenando las ciudades en razón de las necesidades y no sólo de los gustos y por eso hay una tensión fuerte.
“Pasa lo mismo en lo medio ambiental...”

-¿Las centrales hidroeléctricas en Aisén?
“Claro, hay que ponderar el desarrollo del país en lo energético –considerando que para seguir creciendo necesitamos más electricidad- con la preservación del medio ambiente. Entonces, ¿qué hacemos? creamos una central nuclear o hacemos centrales, inundando parte del territorio. ¿Qué hacemos por la contaminación? No andamos más en auto, no hay más industrias, volvemos al campo o a las cavernas. O sea, siempre habrá algo que hacer que a alguien que no le va a gustar; el desarrollo tiene costos, pero podemos mitigar al máximo el impacto, cuidando la forma de cómo se hacen las cosas”.


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