Su pequeña mesa de reuniones no da abasto. Es tanto lo que viaja por el país para ayudar a las comunidades que están en conflicto ambiental con alguna empresa que, sobre ella, se acumulan pilas y pilas de libros, memorias, cartas, carpetas y papers.
Así es la agitada vida de Sara Larraín, directora del programa Chile Sustentable y una de las voces ecologistas más reconocidas del país.
Por estos días está conmovida con los derrames en la bahía de San Vicente y del río Mataquito, pero su opinión se ha escuchado en los casos Pumalín, Pascua Lama, centrales de Aisén, mina Los Pelambres y otros. Y de ahí sus múltiples cartas al director de “El Mercurio” clarificando posiciones.
-¿Cuál es el balance del estado del medio ambiente en Chile?
“Creo que el medio ambiente en términos de patrimonio natural es riquísimo y maravilloso; es decir, en cuanto a recursos y capital natural somos un país enormemente bien provisto, con bellezas, con cantidad y diversidad. En eso no nos falta.
“Si me preguntas por el estado, sí lo cuidamos, creo que no lo estamos valorando, tampoco lo estamos cuidando. Si se ve la situación de las áreas silvestres protegidas, la situación de los parques nacionales que se suponen son lo top y que todos los chilenos hemos decidido se debe cuidar, no cuentan con recursos, los guarda parques son una especie de voluntarios a los que hay que ponerles el sello de santidad.
“Claramente, hay una falta de cultura y de sensibilidad de la sociedad para tomar el medio ambiente en su real valor. Ahora, creo que eso ha ido cambiando poco a poco y si se ven las generaciones mayores, la intermedia productiva y la joven, se puede ser optimista. Lo que se perdió con la productiva, muy realista y bastante materialista, se está recuperando con una mayor conciencia en los niños que presentan una mayor cultura ambiental”.
-El tema del medio ambiente se hizo consciente con una ley. A partir de ese hecho, ¿hemos avanzado o retrocedido?
“Creo que el país instaló muy tardíamente, de hecho, somos el último país de América Latina en tener una ley marco de medio ambiente; si no hubiese sido por la Cumbre de Medio Ambiente en Brasil no habríamos llegado a tener una institucionalidad particularmente porque el tema medio ambiental no era el de mayor preocupación en los ’90, sino que los derechos humanos, pobreza y reconstitución del sistema político. No era prioridad en la sociedad y el movimiento ambiental era emergente dentro de los últimos años del período militar. El tema aparece por hechos de contaminación como la de Santiago y se suman la agenda internacional.
“Avanzamos en generar una institucionalidad básica y establecer un procedimiento para tener normas ambientales y evaluar los proyectos”.
-¿Insuficiente?
“Absolutamente, nosotros creemos que Chile ha retrasado el mejoramiento de la política ambiental justamente, porque el sector económico empresarial ha sido muy reticente a disciplinarse ambientalmente, porque por muchos años desarrolló sus actividades sin condiciones ambientales. Se han sensibilizado por el lado de la inserción global, donde los países a los que exportan les han pedido estándar, como Alemania y el tipo de embalaje u Holanda y las fumigaciones; esto ha hecho que empiecen a relacionar la actividad económica con las condiciones ambientales, pero ha sido un proceso muy duro y con un enorme rechazo por parte de los empresarios, particularmente el minero y forestal.
“Es insuficiente porque, en una primera etapa, los ’90, se vio una confrontación entre grandes proyectos y comunidades locales donde Ralco y Trillium son un símbolo; pero hoy, lo que se está viendo es una confrontación entre sectores productivos por el uso del medio ambiente y tenemos agarrados de las mechas al sector minero con los grandes agricultores, ellos están peleando por la calidad de las aguas, la contaminación atmosférica, destrucción de glaciares que aseguran los recursos hídricos; a los salmoneros peleando con los del sector turismo o los viticultores con los generadores de energía. Esto hace 8 años no existía, estamos llegando a una situación de saturación ambiental que implica que si una actividad ocupa toda la capacidad ambiental de una cuenca, las otras no se pueden desarrollar. Hay una competencia por servicios ambientales en general, todo implica una situación de tensión y si el Estado no da cuenta de ello van a producirse problemas de ingobernabilidad”.
-¿Está el Estado cumpliendo su rol?
“Creemos que el Estado administra una situación de mucha tensión, de bastante inequidad ambiental entre distintas actividades y le está llegando la hora final; va a tener que cambiar; de hecho, los últimos casos, San Vicente y Mataquito, teniendo como antecedente lo del río Cruces, donde una actividad destruye la actividad de otro sector económico, muestran que al Estado le llegó su tiempo y va a tener que reaccionar”.
-¿No está haciendo su pega? Porque la ley le da herramientas.
“La ley se las da, pero claramente ha existido falta de voluntad política; en general, el Estado, los últimos años, ha tratado de administrar un sistema con el mínimo de requerimientos ambientales. La misma OECD ha señalado -en la evaluación de desempeño de 2005- que a Chile le faltan normativas ambientales en varios sectores, como el forestal y la minería. Hay sectores, que por lo poderoso que son, por su importancia en la economía nacional, simplemente no se les regula y creo que eso está llegando a una fecha límite porque hay mucha destrucción de los territorios que las comunidades ya no están dispuestas a aceptar y porque representa un peligro de ser acusados de competencia desleal afuera”.
-¿Se ha actuado sometiéndose a los intereses económicos?
“Absolutamente, hay una preeminencia de los intereses del sector económico por sobre los intereses ambientales; hay una situación de injusticia ambiental, tenemos una excesiva externalización de costos ambientales por parte de las empresas; no incorporan los costos ambientales dentro de los de producción que los paga toda la sociedad y finalmente, el Estado. Esto está haciendo agua porque hay excesivos niveles de conflictividad, hay escándalos que afectan a las economías locales y a los productores nacionales en el exterior”.
-Se cuenta con un Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. ¿La actuación de la autoridad aquí ha sido más política que técnica?
“Obviamente, hay una serie de normativas que pasan desde la perspectiva de la discrecionalidad política a la arbitrariedad. La actualidad institucionalidad facilita la preeminencia de criterios políticos por sobre los técnicos; el hecho de que en las Coremas sea el intendente el jefe de la institucionalidad ambiental ha significado, como ocurrió en la V región, que si un Seremi vota en contra de su opinión se va para su casa; esa dependencia política ha teñido las decisiones ambientales con una discrecionalidad excesivamente política sacrificando los criterios técnicos, lo que obviamente contradice el espíritu de la ley.
“Hay un problema en la institucionalidad porque la Conama depende de un ministerio político, la Secretaría General de la Presidencia, lo que hace que sea el lugar para privilegiar esas decisiones”.
-Hay debilidad en el rol fiscalizador del Estado. ¿Una Superintendencia salvaría el tema?
“La Conama no tiene rol fiscalizador; ella, a través de los comités operativos de fiscalización, tiene que llamar a los otros servicios y pedirles, por favor, que fiscalicen y ellos no lo están haciendo porque simplemente no funcionan. En esto es donde el Estado se saca peor nota, podemos seguir estableciendo nuevas normativas, pero si ellas no se fiscalizan, da lo mismo si las tenemos o no. Lo que está ocurriendo es que se aprueban los EIA, pero nadie asegura que lo que comprende la resolución se cumpla.
“La Superintendencia, con la actual estructura y actual destinación de recursos a la fiscalización es un saludo a la bandera”.
-¿Hay un doble estándar en el Gobierno? La ministra de Medio Ambiente se hizo presente en el río Mataquito a las 24 hrs. y en la bahía de San Vicente, 15 días después.
“Es conocido que hay una dificultad de parte del Estado en la fiscalización de las empresas que le pertenecen. Ese es un tema que hemos denunciado, por eso nos hicimos parte del recurso en contra del decreto 80, especial sobre rieles, para Codelco-El Teniente. Esto la única explicación que tiene es que Codelco es la chequera del Estado y por lo tanto, a ella se le ponen menos condiciones; además, tiene una institucionalidad tan pesada que, nosotros los ecologistas, la llamamos una monarquía, una cultura con rangos salariales y derechos sindicales totalmente distintos al resto de la población obrera nacional.
“No creo que esto, en todo caso, sea aplicable al caso de San Vicente, ahí la autoridad se ha movido con celeridad con la Corema”.
-Dices que los empresarios han demostrado un enorme rechazo a la regulación ambiental. ¿Haces distinciones?
“Absolutamente, hay buenos y malos empresarios. El gremio, en general, se ha comportado frenando el avance de la agenda ambiental. En esto hay que ser súper honesto; si bien es cierto que hay un sector del empresariado que está abierto al mejoramiento e incluso, ha avanzado más que la normativa existente porque afuera les exigen estándares más altos, cuando se les plantea que homologuemos la norma a las exigencias internacionales, dicen inmediatamente que
no, porque no quieren generar precedentes. En eso hay un doble estándar; hay una serie de empresas que prácticamente tienen dos líneas de producción, una para Europa y otra para lo que se consume a nivel nacional o Latinoamérica. Esa situación no puede continuar.
“Desgraciadamente, hay en el gremio, un sector que quiere avanzar y otro, lo frena. No podemos cortarlos a todos con la misma tijera, pero la vocería gremial retarda el avance de la agenda ambiental y así se lo he señalado a Bruno Phillipi y Alfredo Ovalle. Todos se avergüenzan de lo que ha pasado con Celco, pero la verdad, es que no han sido capaces de ajustar cuenta con ellos dentro de la Corma”.
Sara Larraín en esto es clara: no hay contradicción entre desarrollo económico y respeto del medio ambiente –lo que se entiende por desarrollo sustentable-, si ello comprende incorporar en los costos de producción todas las medidas de abatimiento que aseguren la protección del hábitat.
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