Días atrás, algunos dirigentes políticos observaron el nuevo spot del Sernam y centraron su preocupación en la posibilidad de que éste respondiera a una suerte de propaganda oficialista.
Sin embargo, pocos repararon en el fondo del mismo: la diferencia que expresan en Chile los sueldos de hombres y mujeres que ejercen el mismo cargo, con una brecha del 30%.
Y, aunque en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que pretende corregir esta discriminación fue aprobado con apoyos transversales, el tema sería visto en la comisión de Trabajo del Senado recién a partir de junio.
El Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, no cejará en su intento por modificar esta realidad. Inició hace pocos días una campaña por televisión y el spot es directo: un ejecutivo de bigote y corbata aparece junto a la cifra de su sueldo, pero a medida que éste se transforma en mujer sacándose la peluca y demás caracterización, los números retroceden, dando lugar a un sueldo bastante menor.
La ministra Laura Albornoz afirma que con esto el Gobierno quiere reimpulsar el programa de adhesión al Código de Buenas Prácticas Laborales (CBPL) que ya es una realidad en el servicio público y que la CPC apoyó a fines de 2007. De hecho, casi 40 empresas ya firmaron un convenio con el Sernam comprometiéndose a darle cumpliendo, incluidas algunas estatales.
El CBPL que plantea cosas tan básicas como no exigir la foto en el currículo y no discriminar salarialmente a las mujeres, dio paso a la creación del
sitio web Iguala en el cual se exponen las ventajas del programa.
La discriminación salarial, que es a lo que apunta el spot, ha sido certificada por una serie de estudios que indican que en Chile está entre el 30 y 60% en perjuicio de las mujeres.
Los mismos estudios indican que ésta se da con mayor frecuencia en el mundo privado que en el servicio público, donde la situación se agrava porque mujeres con mayores estudios y especialización, es decir, magíster y post grados son castigadas hasta en un 56% en sus remuneraciones, respecto a los hombres en igual condición.
El proyecto de ley, aprobado en su primer trámite, modifica el Código del Trabajo con el propósito de resguardar la igualdad de género en el ámbito de las remuneraciones y para conseguirlo se propone que todo empleador con 50 o más trabajadores deberá mantener un registro escrito donde se consignen los diversos cargos o funciones ejercidos por ellos, detallando sus funciones. Y se establece un procedimiento de reclamo ante un caso de discriminación.
La razón principal de la disparidad de ingresos estaría provocada por el inferior capital humano de la mujer y las trayectorias intermitentes de su carrera profesional. Sin embargo, la disparidad de género en la educación se ha reducido y las escolaridad de las mujeres es mayor a la de los hombres.
Un prejuicio instalado
La ministra del Sernam, Laura Albornoz, señala que la discriminación salarial está asentada en nuestra sociedad y deben hacerse esfuerzos por erradicarla. Precisó que la primera diferenciación entre hombres y mujeres se produce al momento de contratar mujeres; ahí se opta por laborales que son consideradas más femeninas y que en la práctica son una prolongación del trabajo doméstico, como es la educación y los servicios. Y estas ocupaciones tienen asociadas una menor remuneración a que si se tratase de carreras profesionales.
A esto se suman las dificultades de las mujeres para ascender y hacer carrera, en donde, incluso, mujeres más preparadas que los hombres no son llamadas. De hecho, en Chile sólo un 6,7% de los cargos gerenciales son ocupados por mujeres.
La secretaria de Estado reconoció que una de las piedras de tope son los costos asociados a la maternidad, ya que los vacíos que se producen en la trayectoria de la mujer pesan a la hora de ser elegidas. “Hay empresarios que confiesan que tener mujeres en edad fértil es un problema”, dijo.
Pero a su juicio, la razón son más importante
es un errado concepto social que “considera que la mujer trabaja sólo por obtener un segundo ingreso familiar o, peor aún, para comprarse sus cositas o pagar a la nana, lo que constituye un tremendo error”. Explicó que en Chile ya el 33% de los hogares son mantenidos por una mujer, porcentaje que crece en los estratos más bajos y “pensar que el sueldo de la mujer es secundario es una discriminación que tiene que ver con una cuestión de género”.
Laura Albornoz sostuvo que la razón por la cual en el sector privado la discriminación salarial es mayor se debe a que ellos tienen mayores ámbitos de libertad para establecer los criterios, cuestión que en el servicio público está normado por el Estatuto Administrativo donde se regulan grados y estructura de los cargos. “Aún así se da una discriminación porque los hombres ocupan mayoritariamente los grados 1, 2 y 3, mientras que las mujeres los de más abajo”.
La ministra se manifestó esperanzada de que el proyecto en trámite, que surgió de una moción parlamentaria, sea despachado a la brevedad por el Senado. Explicó que si bien, originalmente, se consideraba que el registro público con el perfil de los cargos fueses obligatorio para toda empresa con más de 5 trabajadores, se acordó establecerlo en 50 para no afectar a las PYMES.
Y en cuanto al hecho de que la norma no obliga la publicidad de los sueldos, la personera indicó que finalmente, la información se conoce y la mujer podrá evaluar si establece o no el reclamo. “Este es un primer paso”, señaló.
El proyecto indica que la trabajadora podrá hacer su demanda ante el empleador, quien en un plazo de 30 días debe contestarle. De no quedar satisfecha puede recurrrir a los tribunales de justicia.
Aunque no establece multas, si lo hace con incentivos. Las empresas que cumplan con las buenas prácticas laborales podrán rebajar en un 10% las multas que tengan en la Dirección del Trabajo.
“Esto permite ir transparentando lo que sucede en la empresa y que no se vayan perpetuando decisiones arbitrarias”, acotó.
