Ilustración de Edith Isabel
“Si quisiéramos ir a tomar muestras, ¿cómo lo financiamos? La muestra tendríamos que haberla tomado la primera semana de mayo. En esa situación, estamos varios con las manos atadas”, decía el miércoles 11 Mónica Vásquez, académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, especialista en microbiología marina y de agua dulce y, dicho en fácil, la única experta en marea roja de la UC. Su cuestionamiento surgía un día después de ser convocada por el gobierno, para formar el comité de científicos que abordaría el fenómeno que se vivía en el sur del país, del que asumió la coordinación general.
Mónica Vásquez estuvo sólo tres días en la zona afectada y no pudo tomar ninguna muestra básicamente porque atendiendo el portocolo, este primer viaje consistía en afinar la ruta de trabajo a seguir y la coordinación con los otros siete integrantes de la mesa.
Y así, a casi tres semanas de toda esta vorágine, e incluso cuando las autoridades han logrado destrabar gran parte de la toma de la isla, todavía no se consigue responder de manera certera una de las preguntas que inicialmente inquietó a los chilotes y a un país entero: ¿qué fue lo que pasó, realmente, en las aguas del sur?
No es primera vez que no hay explicación científica ante una catástrofe en nuestras costas. A principios de mayo del año pasado, la bióloga alemana Vreni Häussermann, directora del Centro Científico de la Fundación San Ignacio de Huinay, avistó en el Golfo de Penas algo que no esperaba: un montón de ballenas muertas. Häussermann sacó fotos y anotó las coordenadas del hallazgo.
No tomó muestras porque, bien sabía, no contaba con los permisos ni derechos para hacerlo y, por lo mismo, avisó a las autoridades competentes. Sernapesca (Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura) finalmente llegó al lugar después de cinco semanas, cuando el nivel de descomposición de los cetáceos ya era muy avanzado. Recién ahí se tomaron las muestras a 30 ejemplares.
Mientras tanto, Häussermann había conseguido el financiamiento para realizar una investigación al respecto. Hizo un sobrevuelo en un helicóptero financiado por National Geographic, y fue ella quien descubrió la magnitud del hallazgo: eran más de 300 las ballenas muertas, el avistamiento más grande registrado en la historia. Si bien logró realizar una toma de muestras a los 337 cadáveres, era demasiado tarde para tener pruebas concluyentes. Lo mismo le pasó a Sernapesca: en junio del año pasado su informe señaló que se encontraron restos de marea roja en los cetáceos, pero nada indica verazmente que ésa haya sido la causa de su muerte.
Después de este incidente, Sernapesca determinó que ante un evento de esta magnitud, se puede realizar un levantamiento de muestras en paralelo a la notificación al organismo.
Dividiendo aguas
Para explicar quiénes son los responsables de la investigación científica del mar en Chile, Claudio Soto, director del Centro de Investigación para la Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello, divide las aguas:
“En esto hay dos líneas; una que está asociada a la industria pesquera, y la otra que es de tipo medioambiental. En este sentido existen dos mundos opuestos, porque por el lado pesquero sí existen mecanismos formales y financiamiento regular por parte del Estado para investigación, pero para el aspecto medioambiental y ecológico no, o al menos yo no lo diviso”, dice. Son las universidades y los fondos privados los que se dedican a eso, pero no hay una mirada de Estado, estratégica, para proteger la biodiversidad marina. No existe un ministerio ni un organismo estatal que se dediquen exclusivamente al tema, en un país que tiene más de seis mil km de costa.
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revista Viernes.
