MONTEVIDEO.- El Senado uruguayo abrirá un juicio político contra el intendente del departamento de Paysandú, Bertil Bentos, por su posible responsabilidad en un caso de explotación sexual infantil en el que se vio implicado su secretario general, Horacio de los Santos, informó hoy la prensa.
La decisión de llevar a Bentos, del Partido Nacional, ante el Senado para dirimir su destitución fue tomada por la Junta Departamental de Paysandú después de que los ediles de la región consideraran que no tomó las medidas necesarias para evitar el caso y por no haber realizado una denuncia policial de los hechos.
La edil Patricia Volpe, del Frente Amplio, dijo a la emisora El Espectador, que la decisión se tomó porque "había una responsabilidad política ya que el jerarca máximo tiene que cumplir con los cometidos que le manda la Ley Orgánica Municipal, es decir la Superintendencia de los bienes públicos".
"Consideramos que fallaron los protocolos de contralor en cuanto al uso de los bienes públicos, lo que de alguna manera creó una vulnerabilidad por donde se coló la red de explotación sexual", agregó.
De los Santos, que dimitió nada más conocerse el caso y que también fue expulsado del Partido Nacional en el que militaba, era el principal colaborador y asistente del intendente hasta ese momento.
El caso saltó la semana pasada cuando Horacio de los Santos fue detenido en un control rutinario de carretera cuando conducía bajo los efectos del alcohol en un auto en el que también había otras personas alcoholizadas, entre ellas una menor.
Investigaciones posteriores encontraron que De los Santos regresaba de una fiesta en un predio propiedad de la intendencia de Paysandú en el que hubo presencia de menores que se dedicaban a la prostitución y que consumieron alcohol y cocaína.
El organizador de la fiesta fue detenido bajo un delito de explotación sexual de menores y facilitación de estupefacientes, mientras que el secretario de la intendencia lo fue por "abuso de funciones", al haber permitido la fiesta en el local departamental y no haber denunciado la situación.
Para que el intendente sea ahora destituido, el Senado deberá votar en su contra con una mayoría de dos tercios, algo que en principio no se alcanzaría.
