El Congreso Nacional despachó esta semana -con amplio respaldo- el proyecto de ley que reforma el sistema de fraccionamiento de las cuotas pesqueras en Chile.
Con la legislación se establece una nueva distribución de los recursos del mar entre el sector artesanal e industrial.
Con 38 votos a favor y una abstención, el Senado aprobó ayer el informe de la Comisión Mixta, que había sido visado por la Cámara de Diputados un día antes. De esta manera, el texto quedó listo para su promulgación y entrará en vigencia en las próximas semanas, una vez publicado en el Diario Oficial.
Los cambios que introduce la ley
La ley introduce un modelo diferenciado por especie y por región, con rangos de ajuste anuales definidos por la Subsecretaría de Pesca.
En el caso de la anchoveta y la sardina española en el norte grande, por ejemplo, se establece un fracionamiento base de 55% para la pesca artesanal y 45% para la industria. Esto, con la posibilidad de mover esa proporción dentro de un rango que va del 85% al 55% en favor de los artesanales.
Uno de los puntos que más se discutieron fue el reparto de la merluza común entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. En esto, el proyecto establece que si la cuota total es menor a 35.020 toneladas, se asignará 45% al sector artesanal y 55% al industrial. Sin embargo, si se supera esa cifra, todo el excedente será entregado a los pescadores artesanales, con un tope de 50% para cada sector.
En el caso del jurel, en tanto, la distribución será más favorable para la industria en el norte (85% industrial y 15% artesanal) y más equilibrada en el centro-sur del país (70% y 30%).
La jibia, uno de los recursos más cotizados de los últimos años, tendrá un rango más inclinado al sector artesanal: entre 80% y 90% para ellos, y hasta 20% para la industria.
Otro cambio importante es el mecanismo de financiamiento asociado al uso de las cuotas.
A diferencia del proyecto original del Ejecutivo -que contemplaba licitaciones abiertas por un porcentaje de las cuotas industriales-, el texto aprobado optó por una "patente especial" que deberá pagar el sector industrial por la extracción de jurel ligada a cuotas traspasadas por otros países: 1,3 UTM por tonelada transferida, con un mínimo de 250 UTM por empresa.
Dicho financiamiento fue cuestionado por el senador Juan Antonio Coloma (UDI) y, por ello, señaló que ejercía la reserva de constitucionalidad. Criticó que se trata de un tributo o carga que por sus características especiales debió presentarse primero en la Cámara de Diputados con su respectivo informe de Hacienda.
Con respecto a la fiscalización, la nueva ley refuerza los sistemas de control en desembarques y seguimiento, incorporando certificaciones obligatorias y aumentando la dotación de fiscalizadores.
Lo anterior, tanto para el sector artesanal como para el industrial. También se fortalece la trazabilidad y se incorporan herramientas digitales para monitorear el cumplimiento.
Pese a que el proyecto logró consenso amplísimo, su tramitación no estuvo exenta de polémicas. Uno de los episodios más tensos ocurrió en mayo, cuando parlamentarios denunciaron errores en las cifras presentadas por la Subsecretaría de Pesca sobre el rendimiento de la merluza común, lo que derivó en duras críticas al subsecretario Julio Salas.
Por otro lado, organizaciones del sector artesanal mantuvieron movilizaciones durante semanas -incluyendo bloqueos en caletas y rutas- presionando por una redistribución más radical.
Industria demandará
Desde la industria no han visto con buenos ojos la nueva legislación.
Empresas como Camanchaca, Orizon, Landes y la agrupación gremial Sonapesca han señalado que recurrirán a tribunales, tanto en Chile como en instancias internacionales, por lo que consideran una expropiación indirecta y una afectación a derechos adquiridos.
Ricardo García, gerente general de Camanchaca, señaló ayer que la compañía irá a la justicia en busca de una compensación ante los efectos de la ley. "Conlleve un perjuicio económico enorme", subrayó.
"Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin que haya de por medio una justa compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo", afirmó. "No nos queda otra opción que acudir a la justicia", añadió.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), en tanto, también se mostró contraria tras la aprobación del proyecto.
"Las pesquerías se han recuperado en los últimos 10 años gracias a un esfuerzo de todos los actores, impulsados por una industria que ha estado muy comprometida en cuidar el recurso, en base a una ley anterior que creó las condiciones y un ordenamiento pesquero correcto. Hoy vemos que todo ese esfuerzo se castiga, desconociendo los derechos asignados, mediante un traspaso de 450 mil toneladas anuales a la pesca artesanal, valoradas en U$162", dijo el presidente de la entidad, Felipe Sandoval.
"No nos queda otra opción que acudir a la justicia".
Ricardo García
Sobre el nuevo fraccionamiento, el líder gremial criticó que no haya quedado una norma explícita que entregue certeza jurídica de que la nueva distribución no va a ser cambiada nuevamente antes de 2040.
"Primero nos dijeron que el fraccionamiento duraba hasta 2032, pero lo cambiaron a mitad de camino. Ahora nos fijan nuevas reglas del juego supuestamente hasta 2040, pero el Gobierno no estuvo disponible para dictar un artículo que asegure que no habrá más modificaciones. Esto genera incertidumbre no solo para las empresas, sino para sus trabajadores, tripulantes, proveedores y comunidades enteras que viven de la pesca", señaló.
Y agregó: "Más allá de las legítimas acciones legales que puedan emprender algunas empresas, lo fundamental es avanzar en una visión de largo plazo para el desarrollo sostenible del sector pesquero en su conjunto, y no solo de una parte de él".
Por su parte, Landes, empresa ligada a la familia Fosk y una de las seis más grandes del rubro, inició a inicios de mayo la primera acción judicial por los cambios en la ley.
Representada por abogados de Barros & Errázuriz, solicitó ante el 26 Juzgado Civil de Santiago "decretar la medida prejudicial preparatoria de exhibición de los documentos", apuntando al fisco, al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y al Congreso como "futuros demandados".
