Denuncian excesos en Paraguay

Fuentes aseguraron que muchos de los procedimientos dictados por el gobierno del presidente Gónzález Macchi, son atropellos a la libertad de expresión y otras garantías constitucionales.

21 de Mayo de 2000 | 18:42 | Reuters
ASUNCION.- Civiles bajo orden de arresto y familiares de detenidos en conexión con un fallido intento de golpe de estado en Paraguay denunciaron el domingo que el gobierno abusa de un estado de excepción decretado el viernes.

La asonada fue llevada a cabo por seguidores del ex general golpista Lino Oviedo, según las autoridades paraguayas. El estado de excepción se extenderá por 30 días a partir del viernes, con anuencia del congreso.

"Muchos de los procedimientos dictados por el gobierno (en el marco de un estado de excepción decretado por el presidente Luis González Macchi) son atropellos a la libertad de expresión y otras garantías establecidas por la constitución", dijo a Reuters el periodista Hugo Ruiz Olazar.

Sobre Ruiz Olazar, corresponsal de la Agence France Presse, el diario argentino Clarín y analista del diario ABC Color, de Asución, pesa una orden de captura decretada por la presidencia el sábado, por estar presuntamente indiciado como partícipe de un fallido intento de golpe de estado sofocado el viernes.

Unos 80 militares, 22 policías, y al menos 12 civiles --entre ellos cuatro congresistas y dos propietarios de radioemisoras simpatizantes de Oviedo que llamaron a unirse a la sublevación-- fueron detenidos entre el viernes y el sábado.

El jefe de gabinete de la presidencia, Jaime Bestard, aseguró a la cadena televisiva CNN que Ruiz Olazar "tenía contacto directo con oficiales en situación de retiro (durante el levantamiento) y estaba vinculado con la organización del golpe frustrado".

"Existen pruebas en su contra, más alla de que sus opiniones periodísticas demuestren que está contra el gobierno, o, lo que sostiene en forma absurda, que esto fue un autogolpe", insistió.

En la edición de ABC Color del domingo, el periodista insinuó que el intento pudo haber sido una farsa montada por el gobierno para imponer un estado de excepción que le permitiría privatizar fraudulentamente algunas empresas públicas y disolver cualquier manifestación de protesta.

Otros analistas políticos, en cambio, concluyeron que el intento de golpe realmente existió, tomando en cuenta que los cabecillas de la intentona fueron caracterizados seguidores de Oviedo.

El ex general, entre tanto, aseguró a una radioemisora que no tuvo relación alguna con la sublevación.

El Círculo de Periodistas Internacionales en Asunción expresó en una nota dirigida al presidente González "inquietud por la orden de detención decretada... y preocupación ante la posibilidad de que dicha orden pueda perjudicar la labor de los corresponsales".

El Sindicato de Periodistas del Paraguay llamó a una reunión de urgencia para tratar el caso el lunes y tomar una postura al respecto.

"Creo que el error de todo esto está en el procedimiento", dijo Ruiz Olazar. "Si el gobierno rechaza la actuación de los periodistas, hay canales legales y mecanismos constitucionales que le permiten proceder sin necesidad de privación de libertad o incomunicación", agregó.

El periodista aguardaba un eventual arresto en la sede de ABC Color, en el centro de la ciudad.

Familiares de Hermes Saguier, un abogado seguidor de Oviedo, denunciaron que éste está completamente incomunicado desde que fue arrestado el viernes a la madrugada, en el cuartel general de los rebeldes, en las afueras de Asunción.

Según el diario ABC Color, que citó fuentes de la Fiscalía General del Estado, un peritaje sobre el disco duro de una computadora personal de Saguier halló que el pronunciamiento de los militares rebeldes fue redactado en esa máquina el 17 de marzo.

Los sublevados coparon dos cuarteles militares, dos de la policía y dos radioemisoras, atacaron a tiros la sede del congreso y exigieron la renuncia de González Macchi, aunque se rindieron aparentemente ante la evidencia de que estaban en inferioridad de condiciones.

Abogados expertos en asuntos constitucionales aseguraron que las restricciones impuestas por el estado de excepción son aplicables exclusivamente a las investigaciones relacionadas con la sublevación.

Sin embargo, policías antimotines procedieron a desalojar a campesinos sin tierras que reclamaban una parcela a unos 200 kilómetros de la capital, aduciendo que las reuniones públicas están prohibidas durante la situación excepcional.

"Denunciamos y repudiamos el estado de sitio declarado por el gobierno si éste es instrumentado como excusa, no para investigar a los golpistas, sino para reprimir a los movimientos sociales que tienen reclamos innegablemente justos", dijo a Reuters el dirigente sindical Eduardo Ojeda.

Oviedo está condenado a 10 años de prisión por un intento de golpe de estado de 1996, es acusado de urdir un atentado en el que fue asesinado el vicepresidente Luis María Argaña en marzo de 1999 y está prófugo desde diciembre, cuando abandonó su asilo político en Argentina.
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